Hace treinta años, el gran presidente Felipe González, ironías aparte, inició la privatización de empresas públicas en los grandes sectores estratégicos: telecomunicaciones, banca, transporte y energía. Cuando José María Aznar llegó al poder, retomó con entusiasmo la tarea y continuó vendiendo las participaciones del Estado en esas compañías. Esta labor prosiguió con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Este último, en el caso de Aena. A lo que deberíamos sumar las cajas de ahorro y la próxima liquidación de Bankia. Pero, sigamos. En aquel afán de vender lo público, dos monopolios estatales pasaron a convertirse en monopolios privados: Enagás y Red Eléctrica de España. Cómo todas y todos saben, no existe nada menos liberal que un monopolio. Cierto es, que ambos presidentes recalaron en los sillones bien remunerados de ellos. Pero, eso, es legal y democrático. Las consecuencias están a la vista. Los monopolios nos gobiernan.
De aquellos polvos estos lodos. La orden ministerial publicada este miércoles 27, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fija los llamados peajes del recibo del gas. En ellos incluye una nueva partida para el pago por el cierre del almacén subterráneo de gas natural Castor. En su artículo 5, reconoce el cargo de 80.664.725 euros en el recibo del gas por la indemnización. Todo, pese a que menos de una semana antes el Tribunal Constitucional anuló parte del Decreto Ley de 2014 que otorgaba una substanciosa indemnización para Castor que es gestionado por la sociedad Escal UGS, en la que ACS tiene una participación del 66%. Florentino es un buen amigo según las informaciones que trascienden. Adicionalmente, la orden ministerial incluye otros 15.718.229 euros por los costes de mantenimiento de la instalación, a pesar de que el gobierno determinó que no se reabrirá. Estos costes, que recaen sobre la empresa pública Enagas, están recogidos en el artículo 3 del decreto, que no está afectado por la sentencia del TC. Recordemos que los costes en cuestión los pagaremos tod@s los ciudadanos. Según el Grupo Promotor del Juicio Popular al Proyecto Castor, en un comunicado, sostienen que “de nuevo, casi 100 millones de euros” vayan destinados al pago “de un proyecto-estafa que nunca ha entrado en funcionamiento y que ocasionó más de mil sismos en la zona”. Refieren también que, como ya ocurrió en 2016 y en 2017, la aprobación de los peajes se haga y se publique “detrás el sigilo y la inactividad de las fechas navideñas”. Parece que lo dispuesto por el alto tribunal sólo se aplica para casos de interés especial del gobierno de España y sus socios parlamentarios.
En la cuestión del armamento, deberíamos recordarle a la militancia del PSOE en especial que, en setiembre último, el Congreso ha rechazado operaciones de venta de armas a países donde haya «represión interna e indicios racionales» de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, tal como tienen por costumbre, el PP, el PSOE y Ciudadanos han bloqueado un veto específico a Arabia Saudí e Irak. Dicha votación tuvo lugar durante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, en ocasión del debate de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios al informe sobre la exportación de material de defensa y tecnología de doble uso del año 2016. En tal contexto, y poniendo de manifiesto su habitual sensibilidad, el Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto aumentar el gasto militar destinado a la OTAN en más de un 80% para 2024. Por ello, España invertirá unos 18.000 millones de euros en los próximos siete años. Esto consta en la carta que ha enviado el Ejecutivo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dada a conocer por diversos medios. Según esta gente, el sistema de pensiones no es sostenible. La inversión en armamentos sí.
Dado lo anterior, los lectores deben conocer que un total de 40.647 personas dependientes murieron en 2016 sin haber recibido la prestación reconocida. Para 2017 podrían ser 34.000. Esto, según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Estos datos los ha aportado el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, en un acto en el Congreso en el que ha hecho un balance del pacto por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que hace un año firmaron todos los grupos parlamentarios, salvo PP y PNV. Este directivo ha lamentado la “insumisión del Gobierno con la Ley de la Dependencia. Según me informan los dependientes del entorno de los miembros del Gobierno no sufren ese abandono.
Creo que las prioridades de esta gente no pasan por las necesidades de los ciudadanos que les votan y les suministran los recursos de sus impuestos. Pese a estos sacrificios, prosigue el abandono a los vulnerables, niños y ancianos. Con una presión fiscal que produce pobreza energética. Con las privatizaciones sanitarias. La precarización laboral y salarial que soporta una mayoría de españoles. Se firman documentos solemnes rodeados de personajes que sólo se representan a ellos mismos o a sectores de interés. Todo ello tiene consecuencias cada vez más graves.
Una mujer de 64 años, de nombre Aurelia, porque las víctimas tienen nombre, fue trasladada en ambulancia al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda desde la residencia de Mayores Francisco Ortiz de Quesada. La directora de la residencia ha informado que la mujer llegó a las dos y cuarto “acompañada por una auxiliar de la residencia” hasta que quedó “bajo la tutela del hospital”. El hospital, a su vez, registró la llegada de Aurelia, pero esta permaneció sola en una camilla sin estar en condiciones de responder a la llamada por megafonía de los servicios sanitarios. Así, el nombre de Aurelia fue borrado de la lista de personas en espera al no contestar a los requerimientos: “Hay pacientes que se marchan”, dictamina el director del centro hospitalario, Antonio Resola. La mujer permaneció más de doce horas en aquella sala sin que nadie reparara en su presencia. Ya de madrugada, tras un segundo cambio de turno, que se produjo a las 22.00 horas, alguien se percató de la mujer. Aurelia, que así se llamaba, ya había fallecido. Indignamente.
Pese a todas las víctimas que ocasionan los recortes, hablan del bien de España. ¿Me pregunto de qué España hablan? ¿Tú lo sabes?
