España es ese país que ha tardado cuarenta años en regular por ley el espinoso y trascendental asunto de la vivienda. Tras cuatro décadas de democracia, ni PSOE ni PP se habían atrevido a ponerle el cascabel al gato: los socialistas por miedo a pasarse de rosca con el intervencionismo estatal y a ser tachados de bolcheviques, los populares sencillamente porque creen en el mercado libre sin control y nunca les ha interesado frenar los abusos en un territorio como el inmobiliario que se rige por las leyes del Far West y que es su coto privado perfecto para la comisión, la mordida y la corrupción a calzón quitado, o sea el franquismo económico o “capitalismo de amiguetes” que sigue practicando nuestra derecha patria.
Sorprende esa desidia del bipartidismo a la hora de regular un derecho fundamental que ocupa un lugar preeminente en la Constitución Española, entre otras cosas porque no lo puede dejar más claro el artículo 47 de nuestra Carta Magna, que establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Eso es precisamente lo que ha hecho este Gobierno: promover las condiciones necesarias.
Nada de lo que ordenaba nuestra ley de leyes se ha cumplido, y eso que desde 1978 ya ha habido tiempo más que suficiente para corregir los desmanes del mercado inmobiliario, uno de los grandes cánceres de nuestra maltrecha democracia. Alrededor del problema de la vivienda pulula lo peor del sistema, las injusticias y abusos de todo tipo, los crueles desahucios, los precios desorbitados del alquiler, la utopía que para los jóvenes de este país supone comprar una casa, la especulación de los fondos buitre, el mercado negro del suelo y en general las corruptelas y pelotazos urbanísticos que en municipios y comunidades autónomas se mueven al socaire de este convulso sector. O sea, un auténtico drama nacional que hemos permitido y tolerado durante demasiado tiempo.
El actual Gobierno ha entrado, por fin, a regular el sindiós del mercado de la vivienda. Tras meses de negociación sin resultado, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han sellado un pacto histórico que refuerza la coalición de izquierdas y pone en marcha unas cuantas medidas sin duda intervencionistas y en la mejor tradición de la socialdemocracia, aunque está por ver que en la práctica el plan surta los efectos deseados.
La ley gira en torno a tres grandes ejes: control del precio del alquiler en viviendas de grandes propietarios, sobre todo fondos de inversión y entidades financieras que controlan mucho ladrillo en “zonas tensionadas” (ese acuerdo crucial ha servido para desbloquear las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos); impuesto a las viviendas vacías mediante un recargo del IBI del 150 por ciento; y una reserva del 30 por ciento de todas las obras que se construyan a partir de ahora para vivienda de protección oficial. También conviene recordar el “cheque o bono” de 250 euros para jóvenes que desean emanciparse, un paquete de 200 millones de euros anuales que beneficiará a entre 40.000 y 50.000 personas.
En principio la melodía suena bien, pero es preciso ir a la letra pequeña para analizar si la ley tendrá un impacto efectivo en la sociedad española o quedará en papel mojado (una vez más). Y lamentablemente, hay motivos para sospechar que el poder financiero y las derechas terminarán torpedeando la norma más temprano que tarde. En cuanto al primer objetivo, el Gobierno deja en manos de las comunidades autónomas la definición de zona de “mercado tensionado” a la hora de controlar el precio del alquiler a los grandes tenedores (los que posean más de diez propiedades), una espita demasiado ancha que los gobiernos regionales del PP aprovecharán sin duda para incumplir la ley. Isabel Díaz Ayuso ya le ha dicho a Sánchez que se vaya olvidando del tema porque Madrid es tierra de libertad y allí no se toca nada que suponga reducir los privilegios del gran capital. De modo que ya tenemos a la insumisa Ayuso encampanada de nuevo con el apoyo de Garamendi, que habla de ataque a la propiedad privada.
En cuanto al recargo del IBI para viviendas vacías, el problema es el mismo, solo que en este caso los insumisos serán los ayuntamientos gobernados por el partido de Pablo Casado a cargo de las competencias. Y por lo que se refiere a la cuota de reserva del 30 por ciento para vivienda de protección oficial, es de prever que las grandes promotoras también se la salten si tenemos en cuenta que la ley en este artículo no es de obligado cumplimiento, sino tan solo una recomendación. Todo ello por no hablar de que cuesta trabajo creer que una promoción de lujo reserve no ya un 30 por ciento, sino una sola vivienda, a protección social. No vemos a Ayuso repartiendo chalés con piscina a los proletarios de Vallecas.
Pese a todo, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya se ha apresurado a lanzar las campanas al vuelo en Twitter y habla de “hito histórico”. Sin embargo, convendría ser más prudente, ya que la ley, que va en la línea de lo que han hecho otros países europeos con resultados más bien discretos, podría no resolver el problema. El PP ya ha anunciado recurso de inconstitucionalidad porque a su juicio la ley erosiona derechos (los de los ricos, claro), alimenta la inflación y provoca un efecto desincentivador de la economía. En cualquier caso, bienvenida sea una norma que al menos trata de intervenir un sector que se había convertido en una cueva de piratas para el abuso y la injusticia. Era importante dar el primer paso y se ha dado.
1/ Fra-Casado, sin conocer la Ley ya dice que dirá asus jueces que la tiren abajo.
2/ Esperemos que los que viven alquilados tomen nota del tema de aquí a las elecciones de 2023.
3/ En Berlín hace pocos días hicieron un referéndum sobre el tema. ¡Que envidia de país!