España es un país donde la corrupción es sistémica. Se mire donde se mire, allí hay elementos corruptos. Ha sido tan grande la impronta de la corrupción que lo que ahora se llaman «cloacas del Estado» son quienes realmente gobiernan el país desde hace mucho tiempo. Políticos, banqueros, jueces, policías y empresarios, es decir, quien realmente tiene poder real, son los que conforman este poder oculto que rige en destino de toda la ciudadanía.
No obstante, aunque ya es un tema tan conocido que no haría falta explicar qué son las cloacas del Estado, si resulta necesario informar de quiénes presuntamente podrían formar parte de ellas.
La amistad Villarejo-Garzón
Por encima de todos, es notoria la presencia de constante de dos nombres. Por un lado, estaría el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón Real, quien fue condenado por prevaricación, perdió su condición de magistrado y se convirtió en un hombre con antecedentes penales.
Por otro, el excomisario José Manuel Villarejo Pérez, que no tiene visos de ser condenado porque dispone de información de muchos personajes que forman parte de lo que algunos consideran las élites del Estado, pero que no son más una parte más de esas cloacas.
Del área judicial y policial parten los principales tentáculos de las cloacas, puesto que son, precisamente, los policías y los jueces los encargados, en un Estado de Derecho, de perseguir, juzgar, condenar y encarcelar a los delincuentes. No obstante, las cloacas del Estado son las encargadas de proteger y dejar en libertad a quienes cometen verdaderos crímenes, tal y como ha ocurrido y sigue ocurriendo actualmente con todo tipo de delincuentes, desde asesinos o narcotraficantes a banqueros.
Desde hace años, tanto Garzón como Villarejo han aparecido presuntamente vinculados con fraudes judiciales, extradiciones frustradas, fugas sospechosas, amenazas, extorsiones y todo tipo de maniobras con el supuesto reparto de comisiones recíprocas. Evidentemente, no todas estas presuntas vinculaciones se refieren a ambos.
Las cloacas lo salpican todo
De las grabaciones y agendas de Villarejo salpican constantes revelaciones comprometedoras con implicaciones de espionaje, amenazas o extorsiones. Para importantes personalidades de este país, las revelaciones del excomisario han provocado salpicaduras difíciles de limpiar.
Tal es el caso de la ex vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega Sanz, el exministro Miguel Sebastián Gascón, el empresario Javier López Madrid, el naviero Ángel Pérez-Maura Botín, la fiscal Dolores Delgado García, el abogado Manuel Medina González, el banquero Francisco González Rodríguez, los presidentes de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán; de Repsol, Antonio Brufau Niubó; de CaixaBank, Isidro Fainé Casas.
Las salpicaduras de las cloacas del Estado han afectado a diferentes empresas del IBEX 35 (BBVA, Iberdrola, Repsol o Caixabank), pero, hasta ahora, no han trascendido las relaciones de las cloacas del comisario Villarejo con el Banco Santander o la familia Botín. ¿Por qué el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional no ha abierto todavía una pieza separada del “Caso Tándem” dedicada al Santander?
Banco Santander, se libra… de momento
Tal y como hemos publicado en Diario16, existen una serie de facturas emitidas por la empresa de Villarejo, Grupo Inmobiliario Cenyt SL, al Banco Santander por supuestos cursos sobre «El rol del gestor de planes», «Gestor por influencia» y «Negociación, comunicación efectiva». Como se puede comprobar, se trataron temáticas «curiosas» para unos cursos de una empresa que supuestamente presta servicios inmobiliarios.
La presunta relación de los Botín con Villarejo y las cloacas del Estado va más allá de esos supuestos cursillos, ya que, según han confirmado fuentes consultadas por Diario16, Villarejo fue invitado a las cacerías organizadas por Guillermo Morenés, marido de Ana Patricia Botín, en la finca El Castaño, una propiedad de Emilio Botín, en la localidad manchega de Luciana.
En esa finca una avioneta cargada con 270 kilos de droga se estrelló en abril de 2008. La finca de los Botín tiene dos pistas de aterrizaje una de 900 metros de largo por 20 de ancho y otra de 1.500 metros de largo y 40 de ancho.
Botín, Morenés, Monzón y López Madrid
El matrimonio formado por Ana Patricia Botín y Guillermo Morenés mantiene una buena relación con Javier Monzón, expresidente de Indra, y con Javier López Madrid, con los que comparten navidades en la estación invernal de Gstaad. Su amistad se demuestra con el hecho de que, cuando Monzón fue despedido de Indra por diferentes escándalos, López Madrid le nombró consejero de Ferroglobe (empresa de su suegro Juan Miguel Villar Mir) y Ana Patricia Botín le designó presidente de Prisa y Openbank.
A Monzón y López Madrid se les relaciona con escándalos como el Caso Púnica vinculado con las finanzas del PP. López Madrid además fue condenado por las tarjetas black de Bankia, y está involucrado en escándalos de OHL en México por presuntos sobornos a políticos para la obtención de concesiones, el Caso Lezo de corrupción política en España y las amenazas y agresión a la doctora Elisa Pinto que habría encargado al excomisario Villarejo.
La investigación mexicana
La fiscalía mexicana investiga los escándalos del Grupo OHL México en los que estaría presuntamente implicado López Madrid, y con los que se relaciona a Emilio Lozoya Austin, exconsejero de OHL y exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que habría conseguido contratos de la petrolera para OHL. Los escándalos por sobornos a políticos para la concesión de obra pública se extienden a una empresa de López Madrid, Infoglobal.
La presunta trama de sobornos en México se extiende al Banco Santander que, tal y como hemos publicado en Diario16, habría depositado en el país azteca 18 millones de euros a López Madrid procedentes de cuentas vinculadas a Lozoya.
Consecuencia de los escándalos de OHL en México se produjo la dimisión de su presidente José Andrés Oteyza Fernández ante las grabaciones que descubrieron una trama de corrupción y sobornos a políticos y jueces en México en la que se relacionaba al director de PEMEX, Lozoya, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa.
Lozoya fue detenido en España ingresando en prisión. La representación legal del exdirectivo de Pemex en España corresponde al despacho de Baltasar Garzón, que también ha asesorado a Hugo Armando «el Pollo» Carvajal, el general exjefe de la inteligencia militar chavista en Venezuela, reclamado por los Estados Unidos como líder del cártel narcotraficante «de los Soles» dirigido por los militares venezolanos y vinculado con el grupo narcoterrorista colombiano de las FARC. Carvajal se fugó de España en, noviembre de 2019, tras conocer, por un chivatazo, que la Audiencia Nacional había acordado su inmediata extradición a los Estados Unidos.
Extradiciones frenadas a familiares de los Botín
Si hablamos de extradiciones tendríamos que referirnos a la del primo de Ana Patricia Botín y sobrino nieto de Emilio Botín, el presidente de la Naviera Pérez & Cía, Ángel Pérez-Maura García Botín, que relaciona una vez más a los Botín con Villarejo y Garzón.
Pérez-Maura fue reclamado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dentro de la investigación del «Caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ)», por el presunto soborno al presidente, Otto Pérez Molina, y a la vicepresidenta, Roxana Baldetti, para la adjudicación de la construcción y gestión de un puerto y terminal de contenedores en Quetzal. Parte del total de 30 millones de dólares del soborno fueron enviados desde España a los políticos guatemaltecos.
Guatemala solicitó la extradición de Pérez-Maura, quien contactó con Villarejo, en 2016, para que le librase de ella. Villarejo afirmó haber contratado a su amigo Garzón para que moviese sus influencias en la Fiscalía y la Audiencia Nacional como tribunal encargado de enjuiciar las extradiciones.
La amistad entre Villarejo, Garzón y Dolores Delgado García, actual Fiscal General del Estado y ex Ministra de Justicia y fiscal en la Audiencia Nacional desde 1993, es sobradamente conocida. La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción acusaría al primo de Ana Patricia Botín de haber entregado a Villarejo 1,2 millones de euros para que Garzón mediase para frenar la investigación en Guatemala y conseguir que la Audiencia Nacional denegase la extradición.
Sin embargo, en un auto de la Audiencia Nacional se indica lo siguiente: «Tal y como consta en las actuaciones, y ha quedado acreditado conforme al momento procesal en el que nos encontramos, los avances en la investigación demuestran la existencia no solo de los contratos firmados en fecha 29 de abril de 2016, y corroborados a través de las grabaciones realizadas por el propio Sr. Villarejo, sino también los pagos que se fueron realizando a los distintos investigados hasta noviembre de 2017 quienes no dudaron, tal y como señala el Ministerio Fiscal, en justificar algunos de esos cobros en supuestas contrataciones como la del Sr. Garzón o gestiones con terceras personas vinculadas con la Administración de Justicia, justificaciones éstas carentes de toda verosimilitud y sin soporte probatorio alguno, como ya se ha puesto de relieve por la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 8 de mayo de 2019, y reconocieron además los propios investigados en sus declaraciones posteriores a la detención».
Han trascendido investigaciones judiciales sobre contactos de Villarejo con la entonces fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, y de ésta con el comisionado del organismo guatemalteco CICIG, Iván Velásquez.
Según publicó El Confidencial, la fiscal habría intervenido en la vista que dio lugar al rechazo de la extradición del exembajador de Guatemala, Julio Ligorría, cliente del despacho de Baltasar Garzón, que también estaba reclamado por Guatemala por blanqueo de capitales y financiación irregular del presidente guatemalteco, extradición que sería denegada tras la intervención de Dolores Delgado en la vista judicial en la que sustituyó a la fiscal encargada, Rosana Lledó. El exdiplomático también habría intervenido también para lograr que Pérez-Maura no fuera extraditado.
Villarejo, por otra parte, trataría de hacer valer entre sus contactos de la Audiencia Nacional la supuesta condición del primo de Ana Patricia Botín de «colaborador de la Policía a nivel internacional y contra el tráfico de drogas». Pero este es otro tema a desarrollar próximamente.
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