Desde la crisis de 2008 pero, principalmente, desde el año 2012 los medios de comunicación, sobre todo los escritos, están pasando por un estado de deflación crónica por varias razones pero, principalmente, por la dependencia casi exclusiva de los contratos de publicidad para mantener las nóminas de los periodistas y los gastos generales de las compañías editoras.
La crisis del COVID-19 también está afectando al sector mediático en todos sus sectores porque los contratos publicitarios se han cancelado en un importante porcentaje por parte de los anunciantes. Esto está provocando que en grupos como Joly, Vocento o Prensa Ibérica, por citar algunos, se hayan presentado diferentes expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Esto ha llevado a las diferentes asociaciones de editores, medios audiovisuales o agencias de publicidad a solicitar al Gobierno diferentes baterías de ayudas. Según ha publicado Invertia, Moncloa ya estaría estudiando las solicitudes de los distintos sectores mediáticos. Las principales reclamaciones fueron la desgravación del 30% de la inversión publicitaria, tal y como ha hecho el gobierno italiano, además de la creación de un plan de publicidad institucional.
Sin embargo, será muy importante que esas ayudas se destinen con un método igualitario, es decir, que cada medio reciba del Gobierno lo que le corresponda y que no se creen oligopolios entre los grandes grupos mediáticos y las agencias de publicidad que, finalmente, se repartirán todo el pastel dejando a los medios libres e independientes fuera y abocados su desaparición. Esta estrategia no es más que la transposición de las políticas neoliberales de favorecer pocos grandes grupos que controlen todos los ingresos publicitarios, lo mismo que pretenden hacer con la banca para evitar que se creen bancos públicos orientados al pueblo.
Estas ayudas tienen que servir para sufragar la supervivencia de los medios de comunicación, para que los periodistas, que son los que consiguen sacar contenidos para publicar y entregarlos a la ciudadanía, cobren sus nóminas y no sean despedidos. Para lo que no pueden servir las ayudas con dinero público es para mantener ciertos «despilfarros» que luego se cargan en las cuentas de explotación.
El dinero de la ciudadanía tiene una razón de ser en este sentido: mantener el flujo de información, cada cual con su línea editorial, para que todas y todos los ciudadanos puedan estar informados de lo que está ocurriendo y de lo que desde ciertos poderes no quieren que se conozca.
