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Las aulas andaluzas sufrirán el calor con el veto de PSOE y C’s al proyecto de climatización aprobado por el Parlamento

El Gobierno de Susana Díaz mantiene la política de “parcheo” mientras las ampas anuncian movilizaciones antes de fin de curso

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La primavera en Andalucía es un verano adelantado. Lo saben todos los expertos, también los políticos. Mientras la Consejería de Educación pone en marcha su maquinaria anunciando que continúa con su plan de actuaciones puntuales en un ínfimo porcentaje de colegios públicos de los 6.000 centros escolares existentes en toda la comunidad autónoma, apenas el 3% del total, el proyecto de ley de bioclimatización, aprobado en febrero por la mayoría del Parlamento de Andalucía con el único voto en contra del PSOE, sigue en punto muerto pese a ser la opción elegida por la mayoría de la Cámara autonómica.

Ciudadanos, el partido que da su apoyo al PSOE de Susana Díaz en el ejecutivo regional, también se sumó al proyecto de ley junto a Podemos, Partido Popular e Izquierda Unida, pero posteriormente decidió frenarlo en la Mesa de la Cámara al no tramitarlo por la vía de urgencia. Una decisión que, a efectos prácticos, significa que el proyecto de bioclimatización sostenible aprobado por el Parlamento andaluz se quedará probablemente sin llevarse a efecto durante la presente legislatura en caso de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, decida finalmente adelantar las elecciones autonómicas al próximo otoño.

En cambio, Ciudadanos sí valoró más urgente que la Cámara tramitara otro proyecto, el de la Formación Profesional de Andalucía, presentado por la consejera de Educación, Sonia Gaya, que lo ha defendido, en contra del referido a la climatización de colegios públicos, asegurando que “tiene como objetivos incrementar la empleabilidad de la población andaluza y elevar la cualificación profesional de los trabajadores, así como adecuar la oferta formativa a las necesidades reales del mercado laboral y a las expectativas del alumnado”.

La Consejería de Educación continúa este 2018 con su programa de actuaciones puntuales en el 3% de los colegios

Las asociaciones de madres y padres (ampa) agrupadas en el movimiento Escuelas de Calor, artífices de que sus propuestas de bioclimatización sostenible llegaran a la Cámara andaluza y de que posteriormente Podemos tomara la iniciativa política el pasado verano, han anunciado nuevas movilizaciones y concentraciones de padres y alumnos en los próximos meses finales del curso escolar a las puertas de los centros.

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Las ampas consideran que las aulas de la inmensa mayoría de los colegios andaluces volverán a registrar elevadas temperaturas sin que se haya solucionado este problema estructural un año después de que la propia Susana Díaz lo reconociera en sede parlamentaria, una vez que muchos colegios sufrieran los rigores del calor en sus aulas con temperaturas muy por encima de los 27 grados establecidos legalmente.

El proyecto avalado por la mayoría del Parlamento andaluz difiere notablemente del que ejecuta la Consejería de Educación con actuaciones puntuales en escasos colegios públicos, “parcheos” según las madres y padres de Escuelas de Calor, que aseguran que volverán a manifestarse en caso de que se siga frenando la voluntad popular en la Cámara autonómica.

En una entrevista reciente en Diario16 al redactor del proyecto de ley de bioclimatización, Mario Ortega, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada, recuerda que “toda la política de climatización que se ha hecho puede decirse que es de parcheo, ni mala ni buena, en un intento de ir tapando las situaciones más críticas con instalaciones tradicionales, por llamar así a las que usan combustibles fósiles o energía eléctrica mayoritariamente procedente de combustibles fósiles”. Según Ortega, la futura ley de climatización de colegios “rompe con eso, evalúa, planifica y aborda el problema con soluciones tecnológicamente desarrolladas y fiables que no suponen un lastre económico para el sistema educativo ni un lastre medioambiental para las generaciones futuras”.

El plan de inversiones que el proyecto de ley prevé anualmente es de 66 millones de euros, mientras que para 2018 el Gobierno de Susana Díaz sólo ha contemplado diez, lo que extendería las actuaciones “urgentes” en los centros escolares durante más de tres décadas para atender las necesidades de los 6.000 colegios existentes en Andalucía.

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