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Las “arcas de Noé” del Gobierno abren un serio debate entre salud, seguridad y derechos fundamentales

Juristas y expertos recuerdan que los hoteles, pabellones y polideportivos que se habiliten para pacientes asintomáticos deben respetar escrupulosamente la Constitución

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El siguiente paso del Gobierno en medio de esta crisis de proporciones cósmicas será construir “arcas de Noé”, unas instalaciones sanitarias provisionales que en China resultaron decisivas para ganarle la partida al coronavirus. En esos centros improvisados se podría aislar a los casos leves, asintomáticos y convalecientes de la enfermedad que una vez curados deben guardar una cuarentena de al menos quince días más, por seguridad, antes de regresar a casa. Si algo han aprendido los científicos es que con el covid-19 no hay que tener prisa: una alta médica a destiempo o demasiado prematura puede suponer cientos de nuevos contagios.

Ahora bien, las “arcas de Noé” plantean serios debates jurídicos: ¿se trata de una medida forzosa o voluntaria para el enfermo? ¿Qué alcance temporal y de restricción de derechos tendrá? ¿Cómo se adopta la decisión, por orden gubernamental directa, por decreto o mediante ley orgánica tramitada y aprobada en el Parlamento nacional? Sin duda, el plan cuenta con el apoyo de los científicos y expertos epidemiólogos, ya que sería una herramienta eficaz de primer orden en la lucha contra la pandemia. Sin embargo, lo primero que conviene tener en cuenta es que España no es China. Nuestro país está acostumbrado a garantizar una serie de derechos y libertades fundamentales para sus ciudadanos mientras que el régimen de Pekín, aunque ha avanzado hacia el aperturismo y el liberalismo económico, en lo político sigue siendo un sistema comunista, dictatorial, totalitario. Durante la pasada crisis de coronavirus en Wuhan, principal foco de la enfermedad en el gigante asiático, fueron habituales las imágenes de policías sacando de sus casas, por la fuerza, a vecinos que supuestamente estaban infectados y que se resistían a ser recluidos en centros especiales. Tales escenas serían impensables en España. Cualquier gobernante vería peligrar su cargo si la Guardia Civil recibe la orden de meter en furgones a presuntos contagiados para su traslado a las “arcas de Noé”.   

Pedro Sánchez ya ha pedido a los presidentes autonómicos una lista de infraestructuras, tanto públicas como privadas, capaces de albergar a miles de enfermos leves que hayan dado positivo en el test y que no requieran hospitalización. El Gobierno ha pensado en hoteles, centros de convenciones, albergues y polideportivos para acondicionar las “arcas de Noé”. Los edificios se deberían dotar no solo de camas y personal médico especializado, sino de otras áreas como gimnasio, cocina o comedor para hacer la estancia lo más agradable posible, tal como se hizo en China con las arcas que allí se montaron. Además, para identificar a los portadores del coronavirus, el Gobierno de España va a repartir esta misma semana un millón de test rápidos que serán aplicados de forma inminente entre la población. Una actuación médica masiva que no se puede implementar en la población sin una normativa específica que le dé cobertura. “Mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”, asegura la Constitución en su artículo 30. De modo que el debate jurídico es de la máxima enjundia y está servido.

En el propio Gobierno hay dos corrientes de pensamiento ante este gran dilema en el que puede residir la clave de la victoria en la lucha contra el coronavirus. Por un lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha descartado que el aislamiento en las “arcas de Noé” pueda hacerse efectivo de forma obligatoria para todos los casos sospechosos: “Supongo que una voluntariedad manifiesta, si fuese precisa, sería algo factible. Si no, se estudiarían todas las opciones legales, porque el principio fundamental es mantener la salud pública. Con exquisito respeto de los derechos fundamentales”.

Por contra, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, considera que los ingresos hospitalarios siempre tendrían carácter voluntario, de modo que quedaría a elección del paciente para evitar contagiar a sus familiares. Algunos expertos juristas ya se han pronunciado al respecto: “La propuesta equivale a un encarcelamiento”, asegura el catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Flores. Y hay quien incluso cuestiona el encaje constitucional de la medida, ya que nuestra Carta Magna impide que nadie pueda ser obligado a ingresar contra su voluntad en un centro médico sin la preceptiva autorización judicial. Por tanto, recluir forzosamente a alguien sin las debidas garantías legales es tanto como un secuestro y se podría acusar al Gobierno de tratar de imponer un estado de excepción con tics autoritarios. Ese riesgo no quiere correrlo Sánchez, que en los últimos días ha visto cómo el Gobierno ha acusado el desgaste de tener que adoptar medidas restrictivas impopulares. De ahí que su objetivo a corto plazo sea lograr el mayor consenso posible con las demás fuerzas políticas.

No obstante, ¿sería eficaz una medida que queda a la discreción de los particulares? ¿No sería injusto que unos pacientes regresen a sus hogares mientras otros quedan aislados al menos dos semanas más? Nos encontramos sin duda ante un inmenso debate sobre los derechos fundamentales y la salvaguarda de la salud pública como bien general. Parece oportuno que en una situación de auténtica emergencia nacional como es esta los ciudadanos se adapten a nuevas normas en beneficio de todos. Estamos en medio de una guerra y todos debemos ser conscientes de ello. Pero las medidas restrictivas deben ser moduladas con sumo cuidado, con las más exquisitas garantías, siempre respetando al máximo los derechos y durante el tiempo imprescindible que dure la crisis.

La sociedad española es consciente de la magnitud del problema al que nos enfrentamos y desde el primer momento ha asumido el confinamiento con una solidaridad, una responsabilidad y un civismo ejemplar, salvo excepciones. Si el Gobierno le pide al pueblo un nuevo sacrificio para derrotar al virus los españoles responderán sin necesidad de medidas coercitivas u obligatorias. Pero en cualquier caso el plan B de Marlaska debe estar preparado para ponerse en marcha cuando la situación lo requiera. Ante grandes males grandes remedios. Y lo primero es la salud y la seguridad de todos. Aunque ello suponga un recorte de nuestros derechos que siempre debe tener carácter temporal.

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