Jurídicamente, el rey es uno no-poder. No tiene voluntad propia, más allá de la gestión de su casa y su patrimonio. Políticamente, su única función es dejarse hacer. Esto es el que dice la Constitución, según las palabras del profesor Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional.
Sociológicamente, sin embargo, el rey es la conexión con los poderes fácticos que controlaban el país a finales del franquismo. Al rey se le mete en la Constitución como garantía de continuidad para tranquilizar a los poderes económicos tanto de la Iglesia como del Ejército. En el proceso constituyente, estos poderes lucharon para otorgarle facultades de mediación que le permitieran tener un control sobre el Gobierno y el Parlamento. Afortunadamente, se impuso la razón y en el texto final de la Constitución aparece desproveído de cualquier facultad de decisión. Sin embargo, el simbolismo como representante de la constitución del país no la pierde.
¿Tenemos ya un sistema político suficiente fuerte como porque las normas jurídicas se impongan por encima de los poderes fácticos? Las acciones del monarca son un buen termómetro de esto. En octubre de 2017 el rey Felipe tuvo la intervención más desafortunada de su reinado. Presionado por estos poderes fácticos impuso su voluntad a la del Gobierno de Rajoy y forzó un discurso belicoso en el cual se presentaba solo como el monarca de quienes no votan al independentismo.
No se sabe si este día decidió que ya se había quitado la careta o, después de aquello, las presiones de «los suyos» han ido en aumento, el que es bien cierto es que desde entonces los actos del rey parecen guiados por una voluntad irredenta de acabar con la monarquía.
Constitucionalmente, el rey no tiene más voluntad que la del gobierno democráticamente elegido en cada momento. Es el gobierno, quien encarna la voluntad popular, el que tiene la facultad de dirigir políticamente a la sociedad. Solo el gobierno salido de las urnas ha de valorar la oportunidad o no de la presencia del rey en un acto. Para garantizarlo, la Constitución establece en su artículo 56 la nulidad de cualquier acto del rey que no cuente con la ratificación gubernamental. Según esto, en su actuación particular no debería de disfrutar de inmunidad.
Felipe VI parece que no está contento con este sometimiento a los poderes democráticos electos. Maniobra sin complejos en apoyo de las tesis más conservadoras minando deliberadamente la autoridad del Gobierno. Este, con Pedro Sánchez al frente, no hace más que enaltecer la actual monarquía, comparada con la de su padre, dando así su plácet al monarca actual. Él sabrá los motivos para manifestar esta opinión.
La pésima gestión de los escándalos de corrupción del rey honorario, ahora huido en el golfo Pérsico, se ha combinado con las continuas descargas al Gobierno progresista de una Casa Real que se siente cómoda en manos de la ultraderecha. Con ocasión del homenaje a las víctimas de la covid, no tuvo objeciones a atacar en el Gobierno por su homenaje civil y apostar con por la ceremonia organizada por el sector más radical de la Iglesia.
Sin embargo, algunas actuaciones del monarca hacen pensar, La imagen de Felipe VI sentado y sin aplaudir en la extensa tribuna de invitados, mientras el resto se levantaban, en señal de respeto, cuando llegó la espada de Simón Bolívar, que llevaban cuatro soldados con uniforme de gala, en el acto de toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ejemplifica más bien que cabe otra explicación como está de desfasada la monarquía española. Solo desde una visión retrógrada de aquella España imperial y colonialista.
Ya hace 212 años que Colombia dejó de ser una colonia y Simón Bolívar, luchó por la independencia de Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y también Colombia combatiendo los reyes españoles absolutistas. Tiempo más que suficiente porque Felipe VI haya aprendido a saber estar a la altura del país que representaba, más próximo a una monarquía republicana como, cada que puede, aparece sonriente y fotografiado con la llanura mayor de los diputados de Vox, como, por ejemplo, ha pasado en Palma de Mallorca.
En una actuación inédita en cualquier monarquía parlamentaria, el propio monarca ha atizado a la judicatura y la derecha política contra el Gobierno. Reivindica que su papel está en Cataluña, apoyando a un poder judicial cada vez menos imparcial en su lucha contra el independentismo. Así, nuevamente, quiere imponer su posición política conservadora sobre las decisiones del Gobierno progresista.
Es absurdo pensar que nadie haya advertido al monarca de los peligros para su institución que comporta este desafío. Al confrontar al Gobierno, Felipe VI no solo se echa en manos de la España más reaccionaria, sino que rompe brutalmente con el papel constitucional del rey. Si lo hace es porque está convencido que se ha roto la baraja. La única explicación lógica es que actúa pensando ya en una ruptura constitucional en la cual la izquierda plantee la solución republicana.
Parece creer que le conviene más recabar nuevamente los apoyos del Ejército, la Iglesia, los jueces y la derecha para imponer de nuevo la corona en un escenario de conflicto. Se equivoca, la monarquía parlamentaria es un sistema democráticamente aceptable, pero solo si quién la ejerce se somete a los poderes democráticamente elegidos. Con su soberbia, sus inclinaciones derechistas y sus ataques al Gobierno, Felipe VI está dando más motivos que nadie para acabar con la monarquía.
