La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha acordado libertad con medidas cautelares para el exdirector general de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, y para el ex secretario de Interior César Puig.
La juez rechaza la fianza de 100.000 euros que solicita solicitaba el Ministerio Público y les impone únicamente la retirada del pasaporte y acudir cada 15 días al Juzgado por un delito de sedición por la inactividad de los Mossos el 1 de octubre.
Fiscalía ha considerado que Soler es un mando de Mossos y responsable político y considera que es pública su inclinación al referéndum. Según fuentes fiscales, Soler incluso así se lo habría comunicado al mayor de los Mossos, Josep Luís Trapero, incitándole tácitamente al menos a no impedir el 1-O.
Para Fiscalía es dato relevante el hecho de que Soler fuera requerido por el Tribunal Constitucional sobre la suspensión del decreto del desarrollo del referéndum y en vez de impedir la celebración del referéndum habría hecho lo contrario.
Para el fiscal existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva dada la existencia de nuevos fugados, en referencia a Anna Gabriel, y la persistencia de su partido a investir a un preso de la causa con lo que se busca perpetuar el “procès”.
Por otra parte, César Puig ha defendido, durante algo más de una hora, que él no estaba al frente de la dirección de los operativos policiales previstos para la jornada del referéndum ilegal y que su cargo estaba vinculado a cuestiones presupuestarias técnicas.
La juez les ha citado a petición de la Fiscalía, que pidió hace unas semanas ampliar la investigación por la inactividad de los Mossos el 1-0 a estos dos exaltos cargos.
El fiscal cree que la inacción de los Mossos “siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquim Forn, Pere Soler Campins, director de los Mossos, y en la medida correspondiente César Puig”, contando con el apoyo de Trapero.
