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Fernando Ayala
Doctor en Historia y miembro de la CEP del PSOE de la provincia de Cáceres. Responsable del Área de Memoria Democrática de la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura.
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Tristes, infelices, con bajo estado de ánimo, lacerados… así nos encontramos las personas de bien cuando escuchamos declaraciones de la derecha defendiendo la presunta culpabilidad de un régimen democrático, como fue la Segunda República, en el inicio del desgraciado conflicto entre españoles que fue la guerra civil.

Señalando el comienzo del episodio bélico no fue un golpe de Estado. Justificando la iniciativa. Revisando la Historia. Y lo peor de todo, el silencio cómplice de los dirigentes del PP que no tuvieron el sentido común, ni siquiera, de matizar tan lamentables declaraciones en un espacio público y ante los medios de comunicación. Lo cual representa un altavoz y un aldabonazo que corrobora o afirma el despropósito.

Por todo ello cobra mayor significado el hecho de que se haya aprobado el Proyecto de una nueva Ley de Memoria Democrática. Un texto que amplía, pone al día y supera algunas limitaciones de la actual Ley en vigor. Del mismo modo supone una coordinación con las cada vez más numerosas normas autonómicas aprobadas por los Parlamentos regionales en los últimos años.

Porque, como se cita en su argumentario, el olvido no es una opción en Democracia. Porque tenemos que poner en su justo término el catálogo y la consideración de las víctimas de la represión y de la Dictadura franquista.

Porque, de nuevo, es importante rescatar de la deliberada amnesia el papel que tuvieron las mujeres en todo este desgraciado proceso que supuso el poder sacar adelante multitud de familias señaladas por el oprobioso régimen durante más de 40 años.

Y además porque todo esto no podemos dejarlo en manos del generoso voluntarismo o del extraordinario papel que han venido desempeñando Asociaciones Memorialistas y ONGs. Tiene que ser una política de Estado. Las Administraciones públicas deben hacerse responsables y ejecutoras para que ni un solo español siga yaciendo en una cuneta o en el fondo de una mina.

Y para los historiadores resulta fundamental que se proteja el acerbo documental y el depósito archivístico. Un elevado número de expedientes que paulatinamente tienen que ser de acceso generalizado para cualquier investigador o incluso para cualquier persona que tenga necesidad o interés en consultarlo.

Finalmente no quería obviar que detrás de todo estamos hablando de Derechos Humanos. Estamos hablando de la imperiosa actitud de consolidar las garantías de no repetición. Estamos hablando, en definitiva, de no permitir que sigan en los espacios públicos una simbología que exalta las Dictaduras y que, como mínimo, precisa de una adecuada resignificación.

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