Cada 10 minutos un hombre asesina a una mujer que es o fue pareja, en algún lugar del planeta. En 2016, hasta este día conmemorativo de la NO Violencia contra la Mujer, en España han sido asesinadas 92 mujeres, más del doble de las que reconoce el Ministerio del Interior, según los cálculos que permite la Ley de Violencia de Género. Esa que divide a las víctimas en mujeres y en género. Las que son de género, esposas y parejas fijas, entran en las cuentas oficiales, las otras no. Las otras son solo mujeres. Es decir, la amante esporádica, la madre, la hermana, la hija, las cuñadas, la suegra, la vecina, la compañera de trabajo, la desconocida, la prostituta. O sea, todas las demás.
Hace un par de años un tío asesinó a su sobrina de 13 años porque no atendía sus requerimientos sexuales, hace un día dos hijos han asesinado a su madre. Estos casos, con cientos más, de niños y niñas víctimas de la violencia machista, no son dignos de entrar en el cálculo de nuestro gobierno.
Esta perversa distinción, que permite, en beneficio de las estadísticas oficiales, que las dos terceras partes de las víctimas de asesinatos machistas no sean consideradas como tales, en contraposición con las Leyes de Violencia contra la Mujer de todos los restantes países civilizados, tiene las perversas consecuencias de que por un lado España no se reconoce como uno de los países con más víctimas, teniendo en cuenta su situación geográfica y su población, y que según las disposiciones del Ministerio del Interior, de Justicia, de Asuntos Sociales, de la policía nacional, de las autonómicas y de la Guardia Civil, no sea necesario destinar más efectivos, humanos y económicos a la prevención, la persecución y la punición de los delitos.
A este criterio legal, que como toda ley, dispone lo que hay que hacer para impedir y castigar el delito, se une el criterio policial y judicial. No he podido averiguar qué se les enseña a los policías y a los jueces cuando ingresan en su cuerpo, pero por las conductas que siguen es fácil adivinarlo. La ideología patriarcal domina las Escuelas de estos sectores de la Administración y de la Guardia Civil.
El 15 de agosto pasado una mujer se presentó a las 12 de la noche en el Cuartel de la Guardia Civil de Pollensa, (Mallorca), para denunciar que su marido la maltrataba y que la había amenazado de muerte. Los agentes le dijeron que se volviera a su casa y que al día siguiente presentara una demanda civil de divorcio, y a las 6 de la mañana el marido la asesinaba. Una mujer presenta una denuncia por maltrato contra su pareja en la policía, y los “papeles” están dando vueltas por la comisaría y el Registro judicial hasta que 10 días más tarde llegan a la mesa del juzgado adecuado. Uno después de que fuera asesinada. El 28% de las víctimas, muertas, habían presentado denuncia, algunas tenían incluso orden de alejamiento y de protección. Pero nadie es responsable de haber permitido estas atrocidades. Nunca se les piden responsabilidades a los funcionarios implicados.
Porque en nuestro sistema judicial nadie es responsable de las negligencias, corrupciones, dejaciones y machismos que cometen. Ni la policía ni la Guardia Civil ni los juzgados. Tampoco existen protocolos de detección del maltrato a la mujer ni a los niños en los hospitales y consultas médicas. De tal modo nos enteramos del suicidio de alumnas que han sido perseguidas por sus compañeros de clase, del asesinato de mujeres que sufrían maltrato durante varios años y de los abusos sexuales a menores, cuando los delitos más graves ya se han cometido. Pero todas las víctimas pasaron antes por el calvario de consultar al médico de cabecera, al psicólogo, al psiquiatra. Y todos estos profesionales se limitaron a recetarles tranquilizantes.
En la responsabilidad de los feminicidios, de los maltratos machistas, de los niños violados y abusados, de las menores humilladas en las redes sociales, están todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el sistema judicial, el sistema sanitario, la asistencia social. Todo ese entramado, que pagamos con nuestros impuestos, tan deficiente, tan mal pagado y maltratado a su vez, que asume como normal la victimización de los más débiles, que debería ser el garante de la protección de mujeres y niños, y que tantas veces se convierte en su verdugo.
Para garantizar que se tiene interés en proteger a las mujeres es imprescindible modificar la vigente Ley de Orgánica de Medidas Integrales de Violencia de Género, aprobada el 28 de diciembre de 2004, que cuenta en sus 12 años de existencia con el triste record de acumular 1.400 asesinadas desde que entró en vigor. Y que no sirve para evitar que 2.500.000 de mujeres sean maltratadas físicamente cada año, que numerosos niños y adolescentes sufran acoso y abusos sexuales y que un número que oscila de 10.000 a 15.000 mujeres, niñas y adolescentes, sean violadas.
Si realmente queremos ser consideradas ciudadanas de un país civilizado, es imprescindible que las fuerzas políticas tomen en serio las modificaciones de la ley que desde el Frente Feminista planteamos. Modificaciones que entregaremos en el Parlamento el próximo 13 de diciembre para que las ilustres señorías tengan a bien adoptarlas. Sobre todo teniendo en cuenta que las asociaciones de mujeres y el Partido Feminista son las que conocemos profundamente la realidad de las situaciones que se producen cada día, en una tragedia multitudinaria, que hasta ahora no ha parecido emocionar precisamente a nuestros políticos.
