Marchena
Juicio del Procés

Las primeras sesiones del juicio contra los políticos catalanes encarcelados se han iniciado y la sombra de la posible parcialidad flota sobre la sala del Supremo. En primer lugar, por el perfil ideológico de su presidente Manuel Marchena y su cercanía con el Partido Popular o con FAES, la Fundación de José María Aznar. Hay que recordar que en el año 2.014 trece magistrados del Supremo dirigieron a Marchena para pedirle que impidiera las injerencias del Gobierno de Mariano Rajoy en la Sala 2ª.

En segundo término, tal y como ha informado el juez Fernando Presencia en Diario16, existe una relación entre el magistrado con una editorial en la que se publican libros jurídicos que, según Presencia, podría implicar la expulsión de Marchena de la carrera judicial por un presunto incumplimiento del artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En tercer lugar, existe una relación de amistad personal entre el administrador único de la editorial, el abogado Nicolás González-Cuéllar y Manuel Marchena, además de la que pudieran tener en referencia a la empresa de aquél. Este punto es muy importante de cara al juicio del Procés que acaba de iniciarse ya que González-Cuellar fue el abogado que demandó a Gonzalo Boye, abogado del President de la Generalitat Carles Puigdemont, y a la jueza belga que instruyó la causa contra el juez Llarena por presunta falta de imparcialidad. Esto, según fuentes jurídicas consultadas por Diario16, es una contaminación no sólo de Marchena sino de toda la Sala del Supremo que tiene que juzgar a los políticos presos catalanes.

La Justicia española no puede sufrir otro varapalo al ponerse en duda su imparcialidad. El día del inicio del juicio del Procés los abogados defensores calificaron el proceso como una «causa general» y las dudas sobre la objetividad de quienes tienen la obligación de impartir justicia más allá de su ideología es algo que no puede permitirse un país en el que su tercer poder está en entredicho, no sólo para las instituciones internacionales, sino para el propio pueblo español.

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