El Caso Banco Popular no es sólo una cuestión de recuperar el dinero que a los accionistas les fue arrebatado de manera injusta por parte de la JUR y del FROB para entregar un banco solvente y viable al Santander por un euro. El Caso Banco Popular se ha convertido, en realidad, en una lucha contra los poderes que controlan el mundo desde la oscuridad.
Sin embargo, se van consiguiendo pequeñas victorias contra esos poderosos que abren cierta puerta a la esperanza de que, al final, la justicia será justa y no una herramienta más de esas clases que dominan el mundo desde la injusticia y la corrupción.
Una de estas últimas pequeñas victorias la ha logrado el expresidente Ángel Ron al vencer a la aseguradora internacional Chubb European Group en los tribunales respecto al cobro del seguro de blindaje de responsabilidad que el Popular tenía contratado para los altos directivos y los consejeros.
Ron ya ganó en primera instancia a la aseguradora norteamericana en primera instancia y el pasado 18 de abril, la Audiencia Provincial de Madrid, determinó que Chubb debía pagar 750.000 euros en concepto de gastos de defensa del expresidente del Popular.
Según la demanda de Ron, la aseguradora estadounidense le había denegado sin motivo la cobertura de esos gastos, mientras que a Emilio Saracho sí que los había cubierto con 800.000 euros.
Por tanto, si Ángel Ron ha conseguido derrotar en los tribunales a una multinacional que tiene entre sus clientes a las principales entidades financieras del mundo, ¿por qué la Justicia no va a ser justa a la hora de anular la resolución?
Hay que tener en cuenta una cosa. Los que están en la vanguardia de la lucha de los afectados del Popular son personas y empresas que tienen capacidad para mantener el pulso legal contra las clases dominantes, lo que, a priori, no podrían hacer las 305.000 familias de trabajadores, autónomos, jubilados y pequeños empresarios que lo perdieron todo por culpa de la resolución. Los grandes fondos, los grandes accionistas, tienen la misma capacidad para manejar los hilos de la Justicia porque en el Caso Popular se está demostrando que no se trata de la calidad de los abogados o los bufetes, sino de las influencias en los tribunales que esos grandes despachos tienen.
