La gravedad de la crisis estructural, institucional y política que padece España, tiene su pulpa nutricia, y de la que se alimentan todos los demás epifenómenos críticos, en una depresión totalizadora de poder, no por su carencia y por tanto la proliferación de vacíos de autoridad, sino por su exceso y concentración. Esta densidad de poder en círculos minoritarios conduce a que no exista posibilidad de equilibrios ni control, lo cual conlleva que dicho poder esté cada vez menos compadecido con la democracia. El franquismo respiraba en el crepúsculo de las ideologías que Gonzalo Fernández de la Mora convirtió en ideología autoritaria y del apoliticismo de derechas como tan inteligentemente lo definió Perich, cuyas excrecencias seminales supo el caudillaje dictatorial transmitir en lo que se denominó la Transición.
Para las élites económicas y financieras el poder es su dominium rerum. Los hombres son distintos, sus ideas, pero el poder siempre es el mismo y tiende insensiblemente a concentrarse, no a difundirse. La dictadura no compartió el poder, lo transformó en el contexto de un sistema que supusiera un abanico ideológico que no chocase con sus intereses económicos y sociológicos. Lo que en la época canovista se llamó “partidos dinásticos” ahora eran “partidos de Estado” –concepto aberrante desde una perspectiva conceptual democrática- cuya condición adquirían admitiendo que los problemas no se relacionarían con debates básicos de filosofía e ideología, sino con medios y arbitrios.
Convivir para la izquierda con este noli me tangere cuando no hay fenómenos políticos sino la interpretación política de los fenómenos, le ha supuesto perder cualidad y por consecuencia la idea de sociedad que propugna. La sociedad se ha quedado sin instrumentos ideológicos de autodefensa ante la hecatombe y trapacería que la derecha impone a las mayorías sociales al dictado de las élites de siempre. El poder fáctico, por consiguiente, el único realmente ejerciente en el país, y ajeno al escrutinio democrático de la ciudadanía, es de índole privada que ha construido la vertebración del Estado para que sus intereses sean considerados universales, dejando en un perverso barbecho los de las mayorías sociales y, para ello, la ficción de una soberanía popular amortizada.
Es por ello, que la vida pública se caracteriza por una oligarquización de la política, o su sucedáneo fantasmagórico, que diría Ortega, donde las organizaciones políticas de izquierda, dinásticas o de Estado, han desistido del cambio político y la transformación social, anatematizados por el sistema, a cambio de representar un matiz en la uniformidad que el régimen político exige, asumiendo que el acceso al usufructo suntuario del poder ya no viene de la voluntad popular sino de la aquiescencia de las élites por cuanto el poder de la ciudadanía está neutralizado por la falta de auténticas alternativas a la hora de acudir a las urnas. Esto supone una crisis profunda de representación cuyas consecuencias, como es el malestar cívico, la protesta, la libertad de expresión o la disidencia han sido contrarrestadas con la criminalización de sus manifestaciones, es decir, convirtiendo en delincuente al opositor político.
Todo ello, nos debería enseñar que la democracia, al menos en el actual régimen político español, es algo que hay que construir permanentemente, incluso, o sobre todo, contra los que dicen hablar en nuestro nombre.
