Los registros civiles, y debe acentuarse con orgullo patrio, son un activo del Estado al servicio del ciudadano. Sus empleados son funcionarios del Ministerio de Justicia, sus responsables son magistrados y jueces de paz. Creados en 1870, cuando gobernaba Francisco Serrano Domínguez y reinaba –provisionalmente– Amadeo I de Saboya, son más de 8.000 en toda España: 432 en Juzgados de Primera Instancia y 7.667 en los de Paz.

Aunque muchos españoles conozcan poco la utilidad social de estos órganos públicos vale añadir que allí se inscriben nacimientos, bodas, divorcios y defunciones. Quienes no se casan, o no son padres, no los tendrán que visitar, incluidos los difuntos, que no están para tales empeños. Los certificados que emiten son gratis, repetimos, gratis. Recuérdenlo. Es un oasis en el desierto de tasas, aranceles y tributos que pagamos los mermados españolitos.

Damos más pistas sobre bondades del Registro Civil. Cualquiera que se precie, antes de comprar un auto o una vivienda debe obtener un certificado de titularidad en Tráfico o nota registral de propiedad del inmueble. Este paso evita sorpresas, tiempo, disgustos y mucho dinero ante usurpadores, suplantadores y timadores que negocian con bienes ajenos y cargas ocultas.

El Registro Civil debe visitarlo alguno de quienes viven en pareja, por ejemplo, y pretende casarse con alguien que afirma estar ya divorciado. El Certificado Literal de Matrimonio en sus inscripciones laterales (a la izquierda de la vista) indica si hay separación de bienes y si se ha inscrito el divorcio. Muchos enamorados lloraron lágrimas mil al saber que su amante les engañaba con un divorcio verbal, ficticio, albergado sólo en la mente del mentiroso o mentirosa. Si el matrimonio es vigente y se oculta al que quiere desposarse hablamos de ‘bigamia’, delito en grado de tentativa. Palabras mayores.

Los certificados que emiten son gratis. Recuérdenlo. Es un oasis en el desierto de tasas, aranceles y tributos que pagamos los mermados españolitos

Otro tanto ocurre con hijos ‘no declarados’ por alguien de la pareja en feliz armonía. Y qué decir de los silentes difuntos. Cuántas historias oímos y creemos sobre cómo, dónde y por qué murió alguien que, en el certificado de defunción, no consta dato de ello ni por asomo. Es decir, el Registro Civil documenta muchas dudas y corrobora lo sospechado por obvio.

Pues bien, como reiteraron ad nauseam Machado, Unamuno, Ortega o Marañón filosofando sobre el alma española señalamos su síntesis: lo que funciona hay que destruirlo, añadimos que por fases. Primero: se exagera el supuesto mal para justificar la tropelía ocultando su efectividad y el beneplácito popular que detenta. Segundo: se ‘politiza’ el Registro Civil. Tercero: se articula algún negocio ya identificados sus beneficiarios en contexto de un conflicto creado por políticos de salón y ‘espontáneos’ con espíritu trepa.

Si a ello sumamos la voracidad de nuestros gobernantes por recaudar tributos para financiar el despilfarro que género un déficit inasumible, el Registro Civil es una codiciada presa. Y fácil de ser abatida. Hay incontables pretextos para defender lo indefendible: ‘optimizar recursos’, ‘dinamizar el empleo’ y ‘externalizar servicios’. Leímos eso y más cuando se activó el proceso, ahora plano, de privatizar el Registro Civil.

Según el jurista Eugenio Pradilla Gordillo, experto en Registro Civil por haber dirigido el de Sevilla durante décadas éste órgano “es la esencia del servicio público en la administración de justicia con los derechos constitucionales”. En un trabajo que publicó en un digital de fedatarios y registradores indica que una Ley de 1957 faculta al Poder Judicial la gestión de estos órganos. Los repartió por municipios y partidos judiciales del territorio español.

Normas posteriores, Ley 20/11 y el RDL 8/2014, encomiendan la dirección del Registro Civil en ex Secretarios judiciales (hoy LAJ) y Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Fue la época del ex Fiscal Alberto Ruiz-Gallardón como Ministro de Justicia, hoy imputado por corrupción.

El Registro Civil debe reivindicarse como un activo más de la ‘marca España’ ante el deterioro que sufre la misma

La explosión de la burbuja inmobiliaria tras la crisis de 2009 no hizo rentables ciertos Registros de la Propiedad. Entonces, Ruiz Gallardón, que fuera también alcalde y presidente de Madrid, senador, diputado y concejal, quiso que el español pagara por los certificados del Registro Civil que cobrarían los registradores de la propiedad y mercantiles.

Aquellos planes de un político, ahora en apuros, no prosperaron por la fuerte contestación del eficiente y agraviado funcionariado que atiende al ciudadano en el Registro Civil. Se vieron en la calle al intentarse una privatización descabellada o atendiendo a ciudadanos que pagarían decenas de euros por lo que antes era gratis. Aquellos planes no se consumaron.

En 2018 conviven varias propuestas políticas. PP y Podemos, llamativamente, quieren que el Registro Civil siga bajo la Administración de Justicia. El PSOE, más llamativamente, quiere retomar las propuestas de Ruiz-Gallardón (PP) con su Ley 20/11. Sin embargo, Ciudadanos (Cs) pretende que en el Registro sean los LAJ sus encargados, pero eliminando las funciones registrales de los juzgados de paz. Esta última propuesta, y la del PSOE por la ‘privatización’ que entraña, hará ‘negocio’ del Registro Civil, de un servicio público que paga el contribuyente con sus tributos.

¿Qué sucederá ahora? El panorama actual, acorde a las propuestas de las distintas formaciones políticas, suma a los sindicatos mayoritarios y de funcionarios que apoyan lo preconizado por PP y Podemos. No es menos cierto que la mayoría parlamentaria no la detenta ninguno de esos partidos. Ni el PSOE, que gobierna en solitario y en minoría.

La histórica lentitud y crisis de credibilidad de la Justicia española a cuenta de los bandazos del Tribunal Supremo sobre el tema de quién debe pagar los gastos de la hipoteca, no contribuyen al refrendo ciudadano para que las cosas cambien en el Registro Civil, que –repetimos- funciona muy bien.

De otro lado, quienes frecuentan estas dependencias saben que hay más obstáculos que limitan la plenitud de derechos del ciudadano. La vigente Ley de Protección de Datos 15/99 y el reglamento europeo ya vigente alcanzan al Registro Civil. Crea conflictos sobre menores y difuntos. Con todo su derecho, hay madres que, con argumentos insertos en la norma, restringen la publicidad sobre el nacimiento de sus hijos. Pero de ahí a prohibir la emisión de certificados de nacimiento a quienes no son los padres de los menores es una barbaridad que sólo los ortodoxos acometen.

Debe decirse, para justificar publicidad plena de los certificados de nacimiento, que sobre los menores se cometen muchos fraudes. Sus afectados tienen derecho de información. Nos referimos a las falsedades que se consignan en solicitudes de matrícula para la escolarización obligatoria, divorcios, discapacidades, conflictos de paternidad, etc…

Otro tema que, en su día, lograron los ‘talibanes’ de la Justicia española fue suprimir la causa del fallecimiento en los certificados de defunción. Se justificó que detallar el motivo del óbito ‘invadía la intimidad’ de un ciudadano mudo para siempre. Necesitamos entendederas para constatar la privacidad que tiene un muerto en el féretro u osario. Otra cosa es la dignidad exigible y necesaria para cualquier difunto.

En suma, el Registro Civil debe reivindicarse como un activo más de la ‘marca España’ ante el deterioro que sufre la misma. Debe aplaudirse la tenaz labor de los funcionarios y juzgadores para resolver las preguntas y dudas del ciudadano, darle gratis documentos indubitados donde fuera menester, cazar ‘bodas de conveniencia’ o pillar a los que tramitan expedientes de nacionalidad sin cumplir los requisitos. Lo firma quien lo detecta el pálpito de muchos Registros Civiles.

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