El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez, -que ejerce como concejal de la oposición en el consistorio lagunero por Nueva Canarias-, ha plantado cara a la Ley del Suelo aprobada en este mandato en minoría del presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo (CC). Esta polémica Ley ha entrado en vigor el pasado 1 de septiembre, sin embargo Pérez se adelantó y meses atrás, -explica en declaraciones a Diario 16-, “realizamos una denuncia ante la Unión Europea en función al Derecho Europeo y Protección medioambiental en base al Principio de Cautela, porque esta Ley del Suelo supone una serie de violaciones de derechos fundamentales contra el medioambiente y la Igualdad ante la ley”. Este experto en Derecho, realizará su intervención ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo este próximo 7 de septiembre, al amparo de Bruselas que dio trámite a esta demanda versada en la protección medioambiental contra la vulneración de la Ley del Suelo canaria.

La Ley del Suelo fue aprobada en el Parlamento de Canarias el pasado 21 de junio gracias a los votos de Coalición Canaria (CC), el Partido Popular (PP), y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que sumaron 33 votos favorables de los 60 parlamentarios de la Cámara, contra la oposición política del PSOE, Nueva Canarias y Podemos. https://diario16.com/la-ley-del-suelo-cuestionada-la-izquierda-canaria/

El equipo del Ejecutivo canario de Fernando Clavijo considera esta Ley –elaborada por el Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, Francisco Villar-, “como una herramienta jurídica primordial para el desarrollo del suelo para Archipiélago”. Incluso la Consejería de Política Territorial ha anunciado que “pondrá en funcionamiento oficinas de apoyo a los gabinetes técnicos de los ayuntamientos”, aunque algunos arquitectos y abogados consultados por Diario 16, alegan “la complejidad de esta Ley del Suelo, que dificulta su aplicación en muchos aspectos”, y apuntan a su derogación o modificación en un futuro cercano”.

Esta Ley del Suelo aún no cuenta con el desarrollo reglamentario, que representa “el logro que Clavijo quiere obtener en su mandato”. Para su aprobación contó con el apoyo del PP en la Cámara, pero en la actualidad son malos compañeros políticos de viaje, al no admitir los nacionalistas de CC a los populares en el Ejecutivo regional, y desencadenarse mociones y anuncios de censura por el PP posteriores a la ruptura, para desalojar a CC de los municipios con la ayuda del PSOE, Nueva Canarias, Ciudadanos y Somos Icodenses.

Esta Ley del Suelo aún no cuenta con el desarrollo reglamentario, que representa el logro que el presidente Clavijo quiere obtener en su mandato

“El Principio de Cautela es defendido por la UE y es lo que nosotros también defendemos en esta ponencia en Bruselas, que cuenta con un cúmulo de peticiones que se han admitido a esta sesión, que se celebrará el 7 de septiembre siendo presidenta una diputada sueca”, explica Santiago Pérez (NC), “en la que aportamos documentos presentados por representantes de la Palma, La Gomera, El Hierro, plataformas, con la presencia de Antonio Pérez por Comisiones Obreras. Todos tendremos un turno de intervención en el que me encargaré de la defensa jurídica, aunque seguramente también pueda cerrar el debate porque quiero dejar constancia del argumentario político”.

“Previamente nos reunimos con eurodiputados que nos han recibido muy interesados en nuestra propuesta como Gabriel Mato (PP), y Juan Fernando López Aguilar (PSOE), al admitir el Comité la denuncia a trámite para esta ser expuesta en Comisión Europea”, relata Pérez que ya es un veterano en denuncias en Canarias, siendo una de las más importantes el caso de Las Teresitas. https://diario16.com/miguel-zerolo-los-empresarios-condenados-prision-caso-las-teresitas/

“El presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo (CC), se encontrará en un acto en La Gomera en conmemoración por la despedida a Cristóbal Colón hace 500 años, pero aún no sabemos si acudirá a Europa para explicar la Ley del Suelo, ni si habrá algún representante del Gobierno de Canarias para hacer uso de la palabra en el turno de intervención que Europa le concede al Ejecutivo”, explica Pérez.

La Ley del Suelo fue aprobada en el Parlamento de Canarias con los votos de CC, PP y ASG que sumaron 33 votos favorables de los 60 parlamentarios de la Cámara

Además, este profesor de Derecho en la ULL, recuerda que el Gobierno de Canarias, ha aplazado la Comisión de Sanidad y Medio Ambiente que estaba señalada en el Parlamento para el 6 de septiembre, que coincide con la celebración de esta Comisión en Europa para debatir la Ley del Suelo de Canarias, “para discutir las cuestiones que pueden representar violaciones en materia medioambiental para el Archipiélago”. 

La comparecencia de Santiago Pérez ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas, es el escenario clave para demostrar con argumentos jurídicos que la Ley del Suelo del Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC) supone una flagrante vulneración de normativas de la UE y de España, como sostiene Pérez en su escrito de denuncia al que ha accedido Diario 16, “La Unión Europea es una Comunidad de Derecho basada en el respeto de los derechos humanos, entre los que figuran el derecho a la igualdad ante la Ley (art. 20 CDFUE), el de propiedad privada (Art. 17 CDFUE) y el derecho de los ciudadanos a la protección del medio ambiente y a la mejora de su calidad (arts. 37 CDFUE). La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6.1 TUE)”, pero la Ley del Suelo vulnera estos principios fundamentales según los denunciantes que serán escuchados por la UE.

“El Parlamento de Canarias tramita en la actualidad el Proyecto de Ley Canaria del Suelo (9L/PL-0003), con una finalidad aparentemente liberalizadora y desreguladora –aunque en realidad no liberaliza ni desregula, sino que regula en contra del medio ambiente y de una economía sostenible– que va a producir una flagrante involución del ordenamiento territorial del Archipiélago, un alejamiento de principios y garantías vigentes en la gestión del territorio canario y de sus recursos naturales, así como la vulneración de normas europeas y españolas de carácter básico en las que debe enmarcarse la legislación medioambiental de las Comunidades Autónomas (art. 149.1.23 Constitución Española), y una regresión de derechos de los ciudadanos reconocidos por la UE, la Constitución Española y las tradiciones constitucionales comunes de los Estados europeos, como el derecho a la igualdad ante la Ley   –frente a la arbitrariedad de los poderes públicos–, a la propiedad y al medio ambiente”, describe esta denuncia.

En cuanto al Derecho a la igualdad ante la Ley, el profesor de Derecho Constitucional, Santiago Pérez mantiene en la denuncia ante Europa que “De estos instrumentos singulares, “provisionales” o transitorios de ordenación, destacan singularmente los Proyectos de Interés singular insular o autonómico, no sólo porque están concebidos para omitir totalmente o debilitar las garantías ambientales, sino porque constituyen auténticas decisiones discrecionales de la Administración Pública y, por tanto,   suponen una derogación singular de las normas del planeamiento  (completamente prohibida por las Leyes españolas que regulan el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, como por la generalidad de la legislación de los Estados europeos sobre la materia)   que infringe la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el derecho a la igualdad de los ciudadanos ante la Ley reconocido por la Constitución Española (art.14) y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 20”)”.

Por todo ello, en un documento completo y acreditado en el marco jurídico, Pérez y el equipo que ha elaborado esta ponencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han solicitado que “se restablezcan el orden jurídico de la UE, además de dar una respuesta adecuada a esta petición, que tiene por objeto la defensa de la legislación sobre medio ambiente y de los derechos de los ciudadanos de la UE”.

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