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Tal y como informamos en Diario16, el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería está investigando la presunta malversación de fondos públicos por el pago de más de un millón de euros a medios de comunicación que, presuntamente, fueron abonados en épocas electorales y sin contrato.

La Fiscalía ya había solicitado la declaración como imputados del ex presidente de la Diputación almeriense Juan Carlos Usero (PSOE), el ex vicepresidente Luis Pérez Montoya, quien ya fue condenado a varios años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos, pena que está recurrida en la actualidad ante el Tribunal Supremo. También pidió la imputación de Juan Carlos Fernández Aguilar Crespo, gerente de la empresa editora de La Voz de Almería. El pago se realizó, según las investigaciones, a través de créditos extrajudiciales en la época en que la Diputación ya era del Partido Popular y con informes contrarios del interventor por la ausencia, precisamente, de contratos.

Diario16 ha tenido acceso a un oficio de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entregado al juez en el que afirma que «no se ha podido realizar realmente una comprobación de la prestación de servicios por carecer, tanto las empresas como la Diputación, de los documentos acreditativos de los servicios prestados. No obstante, aun considerando válidos los soportes documentales aportados por las mercantiles, tendríamos al menos 273 facturas de un total de 419 facturas, de las cuales no consta ningún tipo de soporte».

Por tanto, más del 50% de los encargos y servicios facturados a la Diputación no disponen de ningún tipo de contrato ni de orden de trabajo.

Por otro lado, la UDEF indica la contradicción existente entre un escrito firmado por Luis Pérez Montoya en el que afirmaba que no existía encargo alguno para justificar el pago de 48 facturas por valor de 572.549,80 euros con el posterior pago que se realizó de las mismas en virtud de un reconocimiento extrajudicial de crédito. El pago de esas facturas está certificado por la Intervención General de la Diputación de Almería. El organismo provincial aprobó dicho abono en una sesión ordinaria celebrada el 2 de marzo de 2012.

Por otro lado, el oficio de la UDEF indica que en la documentación aportada por la Diputación en julio de 2019 se aportó una «una relación contable de facturas a las cuales se hace referencia en este escrito, páginas 8 a 10, en las que se ha detectado dos nuevas facturas que resultan abonadas a esta mercantil en virtud de reconocimiento de crédito pero no se ha detectado en las anteriores comunicaciones». Además, la UDEF incluye un listado de facturas cuyos conceptos de emisión «resultan incomprensibles en muchos de los casos para poder distinguir el servicio prestado»:

Extracto de facturas que aparecen en el informe de la UDEF remitido al Juzgado de Instrucción 2 de Almería

Esas facturas «de concepto incomprensible» fueron pagadas por la Diputación, hecho que queda corroborado «importes en virtud del expediente REC del año 2012, tanto por lo manifestado por la Diputación Provincial de Almería como la propia mercantil a través de sus datos contables y tributarios», afirma la UDEF en su informe.

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