La mascarilla para salir a la calle, o incluso para estar en casa. Meses sin comprar ropa, y aún menos, viajar. Visitas “telemáticas” con tu médico de cabecera. Reuniones, actos y conferencias a través de una pantalla. Movimientos limitados y libertades restringidas.

En estos días ha hecho un año del principio oficial de la pandemia del COVID-19. Durante este año hemos tenido que transformar toda nuestra cotidianidad para adaptarnos a una situación inédita, complicada y muy, muy dura.  La rutina de gran parte de la sociedad ha dado un giro de 180º, y no hemos tenido más remedio que aceptar todas las limitaciones y restricciones que nos han implantado.

En estos días de turbulencias políticas, muchos felicitan a la ciudadanía por su esfuerzo durante todo este período. Y yo me reitero. Como sociedad, en gran parte, hemos dado un ejemplo de compromiso y solidaridad. Pero el esfuerzo que hemos realizado a pie de calle, no ha sucedido en los más altos poderes.

Muchos hemos sufrido pérdidas de familiares y personas queridas, y en la mayoría de casos no hemos podido ni tan solo despedirnos. Debemos recordar, y honrar como es debido, a las 72.424 que se han ido. El mínimo que merecemos es que se repare el daño causado, pero el tiempo se está agotando.

29.419 personas mayores fallecidas en residencias y geriátricos. Con estas cifras, ¿las mociones de censura deben ser el foco mediático? Para mí, claramente, no. Ya deberíamos estar viendo los resultados de las auditorías realizadas en todas las residencias, para detectar que es lo que ha fallado. Es sencillo, pero requiere esfuerzo. Reparar el daño, hacer justicia, es una cuestión de derechos humanos.

Desde la Plataforma afectadoscoronavirus.org también llevamos meses reivindicando la importancia de la salud mental para todas las personas. Para quienes han perdido alguien importante, para quienes han tenido que bajar la persiana de su negocio o para los que han echado de su casa durante el confinamiento.

La solidaridad mostrada por la sociedad debe empezar a establecerse en las altes clases. Afectados son todas las personas, y aún no conocemos el gran impacto que esto tendrá. Menos discursos populistas, y más acciones para el pueblo.

El sector cultural, el de la restauración, turismo, deporte, y un largo etcétera, necesitan ayuda. Las medidas de paliación políticas son totalmente insuficientes. Las negligencias tampoco dejan de sucederse aquí, como en la vacunación.

Ayudar y defender es la misión que tenemos y lo haremos con cada cada persona a la que no se haga justicia. De hecho, ya lo estamos llevando a cabo porque si esperamos demasiado, el daño será irreparable.

Esto debería corresponder a otros organismos, a las administraciones públicas y a los fondos de inversión millonarios, propietarios de las residencias, que parecen desparecidos.

Y recordad, que nadie os robe vuestra sonrisa.

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1 Comentario

  1. Nací el mismo año que la Constitución. Eso quiere decir dos cosas: que tengo más años que un árbol, y que empiezo a tener problemas de salud.

    Esto último no debería ser un problema, puesto que su artículo 43 dice que vela porque reciba una atención médica adecuada y vigila mi salud.

    Por desgracia esto no es así. Soy un paciente con defensas bajas y bronquitis crónica al que hace unos meses la Comunidad de Madrid le negó que le atendiese un especialista, a pesar de indicarles que me encontraba peor, dando como resultado que estuviera durante meses con una bacteria potencialmente mortal en las vías respiratorias.

    Después de este error monumental, creía que ya no volvería a tener problemas con ellos, pero no fue así. En noviembre de 2.020 me empezó a crecer un bulto en la pierna, por lo que fui a mi médico de familia.

    Tras observarlo, decidió que debía verlo un dermatólogo, para lo cual me dio un volante. La cita llegó para el 23 de abril, cuatro meses después de que me dieran el volante y cinco desde que éste me empezó a crecer.

    Como estoy sin una valoración de un especialista, pudiendo ser algo grave o no (puesto que quien lo tiene que ver no lo ha visto), puse una reclamación de nuevo en la Comunidad de Madrid, que se negó hasta por tres veces a darme un número de registro y la contestación por escrito.

    Tuve que poner una segunda reclamación en febrero para que me contestaran, y casi mejor que no lo hicieran, desde Atención al Paciente (los mismos que con la Pseudomona me dijeron que no me podían atender porque tenían mucha gente) para decirme que no me podían adelantar la cita porque el médico la había puesto con prioridad normal.

    Para rematar la jugada se les olvidó eliminar de la plantilla que deben tener para decir a la gente “te jodes, esto es lo que hay” una especialidad de Traumatología y fecha de noviembre de este año. Compadezco a la persona que tiene cita en esa fecha y estará con dolores sin que vayan a hacerle caso.

    Por desgracia somos muchos los que estamos en esta situación. Desde el gabinete del Consejero de Sanidad de Madrid, hablando con ellos por teléfono, me llegaron a decir que si me adelantan la cita a mí con cuatro meses al que tiene cuatro meses y medio también deben adelantársela. ¡Evidentemente!

    Según la asociación el Defensor del Paciente, cuando para una cita ordinaria se excede de un mes para ver al facultativo, se está poniendo en riesgo la vida del paciente y el pronóstico de su enfermedad (¿Qué pasa entonces con una cita en cuatro o cinco meses?).

    Existen otros mecanismos para elevar tu queja. Acudí a otro de ellos, el Defensor del Pueblo, quien la ha admitido a trámite y le ha solicitado información el 5 de marzo a la Comunidad de Madrid. El problema con esta opción es que las administraciones tienen hasta tres meses para contestar a la solicitud de información del defensor.

    Es decir, que las mismas lo harán cuando nos haya visto un médico y, o nos han curado, o nos han dicho que tenemos cáncer. Esto no es para nada lógico…

    De momento ya llevo tres meses esperando, y me queda otro, sin saber qué tengo realmente, porque quien tiene que decir algo no me ha visto ni valorado.

    En esta situación estamos miles de españoles, que ponemos reclamaciones que van a la papelera del funcionario de turno y que no tenemos un cauce para cuando se produce un abuso administrativo.

    ¿Para cuando una figura del defensor del paciente con poder ejecutivo?

    La consecuencia de esto es que la gente muere. Esperar meses a que te atiendan nos cuesta vidas, nuestras propias vidas, la única “justicia que tendrás” es si tienes un daño irreparable o te matan, en cuyo caso conseguirás tú o quien te sobreviva dinero.

    Pero el dinero no sustituye a la vida, y la vida no la están protegiendo.

    Nací con la Constitución Española, pero ésta no me está defendiendo. La Constitución Española hoy en día es papel mojado, un cúmulo de buenas intenciones que no se cumplen.

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