En los últimos cincuenta años, el colectivo LGTB ha ganado muchas batallas en una sociedad occidental fuertemente influenciada por los cánones y reglas impuestas por la tradición cristiana. Desde los disturbios de Stonewall de Nueva York en 1969, homosexuales y bisexuales han conseguido que sus reivindicaciones formen parte de la opinión pública y que la agenda política haya recogido sus exigencias gradualmente.
En España, los derechos LGTB siempre han estado en un segundo plano y, pese a vivir en una democracia relativamente joven, el final de la dictadura y el inicio de la transición no supuso ningún cambio para el colectivo. Mientras que los presos políticos salieron de la cárcel tras la Ley de Amnistía de 1977, homosexuales, transexuales y transgénero seguían encarcelados. Personas de diversa condición, sindicatos y organizaciones en favor de la diversidad sexual salieron a las calles de Barcelona ese mismo año para pedir el fin de la represión. A esta manifestación le sucedieron otras que obligaron al Gobierno de Adolfo Suárez a eliminar la homosexualidad de la franquista Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación social. La despenalización era solo el inicio de una gran batalla política y social en un país todavía muy conservador.
Durante los años ochenta, los activistas homosexuales de todo el mundo tuvieron que hacer frente a la lacra del sida y al intento de distintos sectores de la sociedad de vincular la enfermedad con algo que sólo afectaba a hombres que tenían relaciones con otros hombres y a drogadictos. En cuanto se mostró claramente que, lógicamente, las enfermedades no entendían de condiciones sexuales, el colectivo LGTB comenzó a ser más visible y siguió su lucha imparable contra la estigmatización.
En 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad, suponiendo un gran hito para gays y lesbianas. Muchas instituciones médicas de distintos países siguieron sus pasos y despatologizaron la homosexualidad. Esta decisión de la OMS fue una pieza clave para que los derechos de las minorías sexuales también sean un aspecto a tratar en la sociedad y el ámbito político. Aunque pueda resultar estúpido que una institución médica tan reconocida tardara tanto tiempo en reconocer que la atracción por personas del mismo sexo no era una enfermedad, el hecho ha resultado trascendental y, de no haberse producido, probablemente hubiera tardado más tiempo en que algunos países como el nuestro hubieran legalizado el matrimonio igualitario o la adopción realizada por familias homoparentales.
Aunque el avance de la visibilización del colectivo LGTB resulte imparable, la transexualidad sigue resultando un tema tabú en las civilizaciones occidentales. En los países donde es posible el cambio de sexo, la solicitud de la adaptación de los documentos al sexo real de la persona afectada suele suponer que acepte un informe psicológico que la diagnostique como enferma mental. Una mujer u hombre con un cuerpo totalmente distinto a lo que realmente se siente por dentro debe pasar por un camino muy difícil, muchas veces teniendo a parte de su entorno social o incluso familiar en contra, hasta conseguir que su “Yo” interior sea reflejado en su “Yo” exterior. Resulta insultante que para finalizar su proceso, aunque se sienta mejor que nunca, deba aceptar que esté enferma.
28 años después, la OMS se ha vuelto a caer de la cama y se ha dado cuenta que la transexualidad no es una enfermedad, sacándola de su listado desde el pasado 19 de junio. Este gesto puede suponer la normalización de las vidas de muchas personas trans en el mundo y permitir que en países como España no tengan que aceptar que están enfermas cuando realmente no lo están. Los transexuales se siguen enfrentando a grandes retos en el ámbito escolar, laboral o social, pero aquellos que les ponen barreras para ejercer su derecho a realizarse en sus vidas ya están desprovistos de cualquier argumento para seguir haciéndolo, salvo que este sea la intolerancia.
