Mercé Pera, portavoz socialista de pensiones

El Gobierno ha llevado al Pleno del Congreso de los Diputados su real decreto ley de convalidación del poder adquisitivo de las pensiones para 2020. La mayoría de los grupos parlamentarios ha votado a favor −salvo Vox, la CUP y el BNG, que se han abstenido− y la medida, un compromiso adquirido por Pedro Sánchez en su programa electoral, ha salido adelante. El real decreto permitirá una subida o revalorización del 0,9 por ciento de las pensiones para más de 11 millones de personas (con un coste anual de 1.406 millones de euros a las arcas del Estado). Sin duda, es un primer pequeño paso, pero un paso necesario, en el camino que debe llevar a garantizar el futuro de las pensiones a largo plazo.

Durante los años de duros recortes, el Gobierno de Mariano Rajoy se permitió jugar con las vidas de millones de jubilados, a los que llegó a enviar una infame carta con membrete oficial para comunicarles que sus pensiones subían unos raquíticos 0,25 céntimos de euro. Aquella bochornosa limosna (un descarado intento de comprar el voto de la tercera edad en vísperas de elecciones) tuvo la pertinente contestación en las calles cuando millones de personas se manifestaron en todas las ciudades de España para reclamar, no una ayuda a la beneficencia (que era la concepción que Rajoy tenía de las pensiones públicas), sino un derecho legítimamente reconocido en la Constitución del 78. Aún están frescas las imágenes de aquellas masivas protestas cívicas y de aquellos mares de paraguas silenciosa y estoicamente concentrados, una vez a la semana sin falta, ante los organismos oficiales de ciudades como Madrid, Bilbao, Barcelona o Valencia.

El nuevo Gobierno, consciente de que las sucesivas etapas conservadoras habían dejado una deuda pendiente con nuestros mayores, ha decidido paliar, si no corregir totalmente, semejante injusticia. Es cierto que la subida es todavía insuficiente y que por tanto no resolverá los problemas económicos de los jubilados ante la carestía de la vida. Pero es un buen comienzo. En primer lugar, el real decreto de convalidación sirve al menos para frenar la maquiavélica dinámica de recortes en la que había entrado el sistema público de pensiones en España. Los jubilados son personas con sus derechos adquiridos, de modo que un Gobierno no puede (no debe por una elemental cuestión moral o ética) jugar con sus pensiones −esas que se han ganado a pulso tras toda la vida trabajando−, o utilizarlas como moneda de cambio o mercadeo para cuadrar las cuentas del Estado y los duros ajustes presupuestarios según el manual neoliberal.

En segundo término, la subida del 0,9 por ciento servirá para que nuestros mayores al menos no sigan perdiendo poder adquisitivo, tal como establecía el borrador del Pacto de Toledo del que pronto se cumplirán 25 años. En 1995 la situación económica tampoco era sencilla y a pesar de todo hubo consenso, algo que hoy día parece ciencia ficción, dividido como está el país en dos frentes enemigos irreconciliables. En aquel gran Pacto de Toledo alcanzado entre las diferentes fuerzas políticas y agentes sociales se adoptaron las reformas necesarias para garantizar el sistema público hoy en peligro. Entre las recomendaciones estaba el punto número 11, que garantizaba el “mantenimiento del poder adquisitivo mediante la revalorización según el índice de precios al consumo”. Esa recomendación fue obviada por los gobiernos del PP, que la redujo a papel mojado.

En tercer lugar, cabe recordar que entre los beneficiados por la subida están los colectivos más vulnerables, a los que no les vendrá nada mal una actualización según el IPC. Todos ellos, como parte de los 11 millones de pensionistas que se verán favorecidos por la medida, ya notarán la subida este mismo mes. Incluso cobrarán los atrasos pendientes del mes de enero. Es más, si la inflación anual se dispara y es superior al 0,9 por ciento previsto se compensará con una paga adicional, sea cual sea el IPC de ese año, para que el poder adquisitivo esté asegurado. Sin duda, un importante avance en el crecimiento inclusivo, es decir, en el reparto de la riqueza que prevé todo Estado de Bienestar.

Y por último, la revalorización de las pensiones contribuye a incentivar el consumo, aumentando la productividad y el empleo, según un modelo económico progresista que aspira a la igualdad y la equidad.

Es evidente que estamos hablando de un parche que no resolverá definitivamente el grave problema que tiene España con el sostenimiento del sistema público de pensiones en las próximas décadas. La revalorización del IPC tendrá que acompañarse necesariamente con políticas estructurales, laborales y económicas, verdaderamente progresistas. Y ahí tendrá que abordarse por obligación la mejora en la estabilidad de los contratos, la lucha contra la precariedad laboral, la fijación de unos sueldos más elevados que mejoren las bases de cotización y la supresión de los topes legales para que quienes más ganan, más contribuyan al sostenimiento de las pensiones.

En cualquier caso, urge “reconstruir el sistema público de pensiones, algo fundamental para reconstruir el contrato social”, tal como ha dicho Íñigo Errejón durante su intervención desde la tribuna de oradores. La mayoría de las formaciones minoritarias han entendido el mensaje, como ERC, cuyo portavoz lanzaba una pregunta que está en el meollo de la cuestión: “¿Cómo vamos a estar en contra de esta revalorización que beneficia a 11 millones de personas? Vamos a votar a favor”. Una posición responsable que demuestra la madurez de una formación política frente a la utopía juvenil de la CUP, que se ha abstenido porque cree que la subida, aunque positiva, “no es suficiente”. Este grupo político considera que el sistema es “injusto” porque los altos cargos del Estado cobran pensiones mucho más jugosas que un trabajador corriente (hasta 42.000 euros al año). Y tienen su parte de razón. Pero la pierden desde el mismo instante en que bajo ese argumento maximalista no apoyan una buena medida que mejora la vida de millones de personas. Una demagogia utópica, la de la extrema izquierda, que es tan peligrosa como la que pone en juego la extrema derecha. El diputado de Vox González Coello de Portugal, que ha anunciado la abstención de su grupo ante el decreto ley, ha cuestionado la viabilidad del sistema público de pensiones y ha lanzado uno de los habituales bulos propagados por la formación de Santiago Abascal, como que es imposible subir las pensiones sin aumentar la deuda nacional y el déficit público y sin aumentar las cifras de paro. Radicalmente falso. Es posible y en muchos países europeos se ha conseguido. Pero esa es la lógica de un partido que defiende los intereses y privilegios de las clases poderosas y pudientes, esas que sueñan con que algún día no haya prestaciones estatales, solo planes privados de pensiones que no podrán costearse millones de familias con escasos recursos. Al PP tampoco le ha gustado el decreto, lo cual es lógico, ya que durante los años de Rajoy los pensionistas sufrieron el récord de pérdida de poder adquisitivo. Eso sí, ha tendido la mano al PSOE y Unidas Podemos para renovar el Pacto de Toledo y garantizar la sostenibilidad del sistema. Lo cual es de agradecer.

La conclusión que nos queda es que, tal como ha transcurrido el Pleno, ha quedado claro que las pensiones públicas van a ser un duro campo de batalla entre izquierdas y derechas en los próximos años. Las izquierdas tratando de defenderlas como un derecho irrenunciable de los trabajadores y una conquista del Estado de Bienestar. Las derechas intentando liquidar el sistema público para avanzar en la privatización. Del modelo que termine imponiéndose dependerá que España sea un país más cohesionado y justo o más desigual, precario y empobrecido.

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