La solicitud de amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era falsa porque lo que se buscaba no era tanto que cesara ninguna inquietud o perturbación en la independencia del instructor, sino que se consiguiera que el Ministerio de Justicia asumiera, aunque fuera ilegalmente, los costes de la defensa de Pablo Llarena en Bélgica, que hasta la fecha lleva alcanzada la friolera de los 540.000 €.
Por esa razón, y aunque era obligatorio, no se dio ningún traslado de la solicitud de amparo para hacer alegaciones ni a Carles Puigdemont ni a ninguno de los demás “denunciados” por Pablo Llarena, a pesar de que el artículo 322 del Reglamento de la Carrera Judicial lo dice bien claro: “admitida a trámite la solicitud de amparo, la Comisión Permanente conferirá traslado a la persona, entidad o asociación de quien deriven los actos que motivaron la petición de amparo, para que efectúen cuantas alegaciones estimen convenientes”.
Pero es que tampoco se les notificó a ninguno de los “denunciados” la resolución de amparo que finalmente se acordó para que no pudieran recurrirla. Si Carles Puigdemont hubiera recurrido el amparo acordado por la Permanente y hubiera conseguido su nulidad, Pablo Llarena no habría podido hacer frente a los costes de su defensa en Luxemburgo.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, sabía que el amparo que otorgó el CGPJ a favor de Pablo Llarena era nulo, y por esa razón se negó públicamente a defender al magistrado en la demanda civil que los “denunciados” presentaron contra él en Bélgica, por unas declaraciones realizadas en 2018.
Ha sido la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo quien ha acordado finalmente la inadmisión a trámite y el archivo de la querella que presentó VOX contra la ministra de justicia por los presuntos delitos de prevaricación y denegación de auxilio, considerando que Dolores Delgado no cometió ninguno de esos delitos al negarse a defender públicamente al magistrado Pablo Llarena.
Este auto del Supremo, por un lado, da la razón a la ministra de justicia cuando se enfrentó al presidente del CGPJ no reconociendo validez institucional al amparo que había otorgado a favor de Pablo Llarena. Por otro lado y aunque esa no fuera su intención, es el propio Tribunal Supremo el que, con su negativa a considerar que Dolores Delgado cometiera delito alguno, está poniendo en evidencia al propio Pablo Llarena y al CGPJ.
