La llegada de Pilar Jurado a la presidencia de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) el pasado febrero ofreció tibias esperanzas a algunos socios ante la posibilidad de suavizar el golpe de este annus horribilis en el que andan inmersos. El Ministerio de Cultura ha sido inflexible en sus exigencias aunque ha demostrado gran paciencia con eternas prórrogas para que la entidad de derechos de autor se ajustase a las exigencias de la nueva Ley de Propiedad Intelectual.
Y parece ser que, poco a poco, la nave comienza a enderezarse. Esta semana, finalmente, la Junta Directiva de la SGAE ha aprobado un nuevo texto de los Estatutos de la sociedad que, esta vez sí, responde al parecer a todas las exigencias legales derivadas de la citada Ley de Propiedad Intelectual.
Según explica la propia SGAE en un comunicado, dichos Estatutos tendrán que ser aún ratificados por la Asamblea General de la sociedad, cuya celebración está prevista para el próximo 24 de junio.
Una de las principales novedades que contemplan estos estatutos es la creación de un órgano de control y supervisión, bautizado Comisión de Supervisión, que tendrá como fin el control permanente de los órganos de gobierno. Así, las modificaciones introducidas en el nuevo texto, según explican desde la propia sociedad, suponen “una mayor exigencia de transparencia, además de reforzar la supervisión a través de nuevos mecanismos de control”.
Otro de los aspectos abordados por la Junta Directiva esta semana ha sido referente al voto electrónico para las asambleas y los distintos procesos electorales. En este sentido, se ha ratificado el acuerdo tomado el día anterior por el Consejo de Dirección sobre el desarrollo de dicho sistema, respondiendo de este modo al “deseo de ofrecer las máximas posibilidades de participación a los socios”.
La Junta aprovechó la reunión para lanzar un gesto, algo incómodo, sobre su voluntad regeneradora, al acatar la decisión de la Comisión Deontológica, aunque matizó no estar de acuerdo con el dictamen emitido, al considerarlo “un tratamiento injusto con los miembros afectados”.
La polémica del caso ‘rueda’ estuvo presente durante la reunión de Junta Directiva cuando llegó el momento de aprobar los repartos de derechos correspondientes a diciembre de 2018 y junio de 2019. En ese momento se estableció el límite del 20 por ciento a lo recaudado por la música emitida en televisión en la franja nocturna, epicentro del escándalo.
Desde la SGAE han querido subrayar que todas las decisiones adoptadas por la Junta Directiva buscan responder a las distintas exigencias que tanto el Ministerio de Cultura como la Confederación Internacional de Autores y Compositores (CISAC) exigían a la entidad. Para muchos, esta es la mejor prueba del compromiso real.
