La sentencia del tribunal europeo sobre la inmunidad de Junqueras aleja la investidura de Sánchez

El varapalo de la Justicia europea a la española a cuenta de la inmunidad de Oriol Junqueras es histórico y tendrá consecuencias no solo jurídicas sino políticas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Luxemburgo, aunque no entra en las condenas por sedición para los encausados por el procés, concluye que el líder de ERC gozaba de inmunidad desde el mismo momento en que consiguió su escaño de europarlamentario, de manera que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo presidida por Manuel Marchena tendría que haber solicitado un suplicatorio al Parlamento de Bruselas. Se vulneró por tanto un derecho fundamental y el juicio del procés pudo haber quedado viciado de nulidad.

La chapuza de aquella Fiscalía teledirigida por Mariano Rajoy y Rafael Catalá, que quisieron judicializar un problema político, ha quedado en evidencia. El juicio al procés fue un exceso innecesario, una rabieta patriotera con ánimo de revancha, y ahora España tendrá que pagar con un nuevo descrédito a sus instituciones por aquella deriva nacionalista de un Gobierno, el del PP, que se puso la venda en los ojos para no ver la realidad y que decidió arrastrar al país a una vía, la judicial y policial, que no tenía ningún sentido. Pero todo este embrollo puede complicarse todavía más cuando Carles Puigdemont se aproveche de la sentencia del tribunal europeo y retorne a Cataluña con todos sus derechos intactos para presentarse de nuevo a las elecciones autonómicas. Ya está preparando las maletas para mudarse de Waterloo a Perpiñán y en breve podría entrar en España con la inmunidad bajo el brazo y la euroorden de su detención dictada por la Justicia española reducida a papel mojado.

Desde ese punto de vista, el retorno de Puigdemont perjudica a Oriol Junqueras, que aunque consigue una gran victoria moral en Europa verá cómo su rival político consigue lo mismo que él sin pisar la cárcel y retorna a casa como un héroe de la resistencia civil separatista. El golpe de suerte de Puigdemont no es una buena noticia para Esquerra Republicana, inmersa como está en un duro proceso de negociación con Pedro Sánchez para la formación de Gobierno en España. Precisamente esa es otra de las incógnitas que surgen tras la histórica sentencia del Tribunal Europeo que sienta jurisprudencia sobre los derechos de los electores y sus representados. La resolución aleja la posibilidad de una investidura de Sánchez antes de final de año y la complica sobremanera también de cara al mes de enero. Se abre por tanto un nuevo escenario político, todavía más enmarañado si cabe tras la inhabilitación de Quim Torra por desobediencia al no retirar los lazos amarillos, otra polémica sentencia que se acaba de conocer hoy mismo.

Todo este panorama diabólico va a provocar que los equipos negociadores y dirigentes de ERC como Gabriel Rufián tengan las manos más atadas que nunca. A partir de este instante los republicanos catalanes no van a poder negociar con tanta libertad con Madrid sin ser tachados de traidores o botiflers. Las asociaciones cívicas soberanistas ya han convocado masivas manifestaciones para esta tarde con el fin de exigir la puesta en libertad de Junqueras y los demás políticos encarcelados. Las calles de Cataluña volverán a arder como ya ocurriera hace unas semanas y ERC no querrá quedar como el secreto negociador con el Estado español mientras miles de catalanes se la juegan enfrentándose a los antidisturbios. Es por ello que la sentencia de Europa complica al extremo la investidura de Pedro Sánchez y la sombra de unas terceras elecciones vuelve a planear sobre el país.

Pero por encima de las consecuencias del fallo del Tribunal de Justicia de la UE, surge una gran pregunta: ¿quién es el responsable de este fiasco judicial, quién ha cometido el que puede ser el mayor error de la Justicia española en toda la historia de la democracia? José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y experto en cuestiones de Derecho Internacional, ha dejado caer esta mañana que alguien debería responder de este inmenso dislate.

A juicio del jurista, no tenía ningún sentido que el Supremo activara, una vez iniciado el juicio del procés, el trámite oficial para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre “los privilegios y las inmunidades” de la UE y “su incidencia” en la concesión del permiso solicitado por Junqueras para asistir a la Junta Electoral Central (JEC) y cumplimentar los trámites para adquirir la condición de eurodiputado. Esta era una cuestión prejudicial esencial que tenía que haberse dirimido con anterioridad a todo y no se hizo. Resulta evidente que el Supremo debió haber esperado a que el tribunal europeo se pronunciara sobre un asunto trascendental para el que no había doctrina ni jurisprudencia.

Además, el experto ha insistido, una vez más, en que el juicio al procés no era un asunto de simple delincuencia común sino una causa excepcionalísima extremadamente sensible y delicada por sus connotaciones políticas, por lo que se debería haber respetado al máximo y con total escrupulosidad cada uno de los derechos de los representantes políticos del pueblo que se sentaban en el banquillo de los acusados. Y es más, Martín Pallín añade que Europa nunca ha entendido que la presidenta de un Parlamento democrático pueda ser condenada a 20 años de cárcel por tomar unas decisiones y unas resoluciones políticas en ejercicio de su cargo, por mucho que no gusten al Estado central. Y ahí es donde está la clave de este laberíntico asunto en el que algunos políticos (que ya no están) nos metieron con absoluta ligereza, inconsciencia e irresponsabilidad.

Llegados a este punto, el desastre y el ridículo internacional de la Justicia española está servido. Lo mejor que podría hacer el Gobierno es poner a Junqueras y a los demás en libertad condicional por Navidad y retomar el diálogo en la medida de lo posible. Pedro Sánchez no va mal encaminado en su negociación con ERC pero lo va a tener mucho más complicado a partir de ahora, por no decir casi imposible. Porque la sentencia del tribunal europeo es una bomba que puede ponerlo todo patas arriba.