En el mes de marzo, el Banco Central Europeo BCE sacaba su poderosa manguera para regar con 750.000 millones de euros las maltrechas economías europeas, muy castigadas por la crisis del coronavirus. El objetivo: comprar bonos, tanto públicos como corporativos y de entidades financieras hasta final de año para sacar a los mercados del colapso en que se han metido. El pasado 6 de mayo, el Tribunal Constitucional de Alemania encontraba “problemas legales” en ese programa de ayudas comunitario y daba al BCE un plazo de tres meses para justificar su actuación. Dos días después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea descartaba someterse a la sentencia del alto tribunal alemán y advertía que “es el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al derecho de la Unión”, recordando que intromisiones de órganos judiciales nacionales pueden “comprometer la unidad del ordenamiento jurídico de la UE y perjudicar la seguridad jurídica”. El choque de trenes estaba servido y lo que está en juego es, ni más ni menos, que el futuro inmediato de la UE.

Si hasta hoy el proyecto europeo había funcionado, si el tratado había permitido alcanzar el período de mayor paz y prosperidad en el viejo continente en toda su historia, había sido gracias a que el espacio normativo y judicial había sido asumido como propio por todos los miembros del club. Al sumarse al proyecto de construcción de un espacio territorial y legislativo común, los estados miembros habían aceptado las reglas del juego, sometiendo sus ordenamientos jurídicos y tribunales de justicia al mandato superior europeo. Durante años las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido acatadas por todos los países y ese sometimiento a las normas, directivas y magistrados de Bruselas era precisamente lo que daba sentido a todo, la piedra angular sobre la que se edificaba esa gran superestructura llamada UE. Con la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania de anteponer las jurisdicciones y leyes nacionales propias a las comunitarias se rompe la baraja de forma irremediable.

La noticia sobre la histórica sentencia del máximo órgano alemán es de una trascendencia fundamental y aunque ha tenido cierta repercusión en los medios de comunicación no se le ha dado la importancia y dimensión que le corresponde. Estamos hablando de un auténtico golpe de Estado a la organización judicial de la Unión Europea, algo así como si un juzgado de instrucción de un pequeño pueblo de Madrid se rebelara contra el Tribunal Supremo y decidiera no acatar las normas generales de obligado cumplimiento, aplicando las suyas propias. 

Ha sido de tal envergadura lo que ha ocurrido en las últimas semanas que el pasado domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se vio obligada a confirmar que está estudiando la posibilidad de abrir un expediente a Alemania en repuesta a la sentencia emitida esta semana por su Tribunal Constitucional, que cuestionó seriamente el programa de compras de deuda pública del Banco Central Europeo (BCE). Un proceso sancionador contra el motor económico y político de la Unión Europea –inevitable si la justicia germana insiste en sus retrógradas posiciones− seguiría ahondando en la brecha que la pandemia ha abierto entre los países del norte y los países del sur del viejo continente. Las fuertes discrepancias surgidas en las últimas semanas entre Alemania, Holanda, Finlandia y Austria (reticentes a facilitar dinero a fondo perdido a los estados más afectados por la crisis) frente al bloque mediterráneo formado por Francia, España, Italia, Portugal y Grecia (partidarios de mancomunar la deuda solidariamente y a partes iguales), han causado una fractura que para muchos expertos es ya insalvable.

El virus no solo se está llevando por delante vidas humanas y economías florecientes. El propio proyecto de Unión Europea está seriamente amenazado y no parece que haya ningún líder con capacidad de liderazgo suficiente para reconducir la situación. La propia cancillera Angela Merkel –nada sospechosa de ser una euroescéptica ultra− se está viendo desbordada por los acontecimientos. 

La sentencia del Constitucional alemán considera que el Banco Central Europeo se excedió en sus atribuciones y que dicho programa de ayudas tenía un alcance “desproporcionado”. Ese dictamen ha sido interpretado por las autoridades europeas como un ataque al ordenamiento jurídico de la UE, dado que solo el Tribunal de Justicia Europeo está capacitado para decidir sobre los actos del BCE. Así las cosas, y en respuesta a una pregunta del eurodiputado verde Sven Giegold, Von der Leyen ha reiterado la prevalencia absoluta del derecho europeo en esta cuestión, reiterando la gravedad del caso y planteando la posibilidad de expedientar (o abrir un “procedimiento de infracción”) a Alemania. “Comparto su punto de vista de que el reciente dictamen del Tribunal Constitucional de Alemania plantea preguntas que alcanzan el propio núcleo de la soberanía europea, no solo importantes para la política monetaria sino para el Estado de Derecho”, ha respondido Von der Leyen.

“Quiero garantizarle una cosa: la política monetaria de la Unión Europea es una competencia exclusiva. El derecho europeo tiene prevalencia sobre el derecho nacional, y por supuesto que los dictámenes del Tribunal de Justicia de la UE son vinculantes en todos los tribunales nacionales. Me tomo este asunto muy en serio”, ha añadido. Por ello, “la Comisión está ahora en el proceso de análisis detallado de las más de 100 páginas de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán. Sobre la base de esos hallazgos, consideraremos los siguientes pasos, incluyendo procedimientos de infracción”, ha remachado Von der Leyen. “La Unión Europea”, ha concluido en su respuesta, “es una comunidad de leyes y valores que preservaremos y defenderemos en todo momento, desde cualquier dirección. Eso es lo que nos mantiene unidos”. Pero este golpe no ha sido solo una discusión sobre puntos de vista diferentes, ni una cumbre fracasada y aplazada con nueva fecha. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional alemán es cargarse todo el ordenamiento jurídico europeo. De un plumazo y de arriba abajo.

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