La Sanidad privada, la misma que ni estaba ni se la esperaba en la lucha contra el coronavirus, exige ahora ayudas al Gobierno para paliar la crisis.
Así, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados, viene solicitando desde hace tres meses al Gobierno español ayudas y compensaciones para paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia de salud pública, y el consiguiente impacto al sector como actividad esencial sin medidas de reorganización laboral.
El sector se muestra enormemente preocupado ante el riesgo, ya anunciado hace semanas, de quiebra asistencial y financiera y denuncia el abandono del Gobierno actual a un sector que da trabajo a 266.000 personas y representa el 3,4% del PIB. Este riesgo se ha agudizado durante el recién finalizado estado de alarma y se manifiesta hoy en la suspensión de pagos, concursos y cierres de cientos de centros sanitarios, incapaces de asumir gastos corrientes, fundamentalmente pequeñas clínicas. La estimación de la patronal es que cerca de 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados a cerrar.
