Foto Agustín Millán

Las movilizaciones convocadas por los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT UNIÓN PROFESIONAL y UGT, han congregado esta mañana a cientos de personas en los diferentes centros de salud para denunciar, una vez más, “el abandono y desprecio a los profesionales” por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Hace unos días, los sindicatos convocantes publicaron un comunicado en el que advertían que “habían transcurrido tres meses desde el manifiesto conjunto firmado y presentado por todas las organizaciones sindicales sin que, a día de hoy, los representantes de la Consejería de Sanidad hayan puesto en marcha ninguna medida”.

Estas concentraciones se dan un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, anunciara en el debate de la región la inversión de 80 millones de euros en la mejora de las condiciones de la atención primaria a tres años, la transformación del antiguo Puerta de Hierro en un nuevo hospital de recuperación funcional, la tramitación de la ley de Farmacia y la promesa de 1.500 rastreadores a mediados de octubre. Unas afirmaciones que se han recibido con total desconfianza en los sindicatos, bien porque algunas no se pueden cumplir y otras porque se tratan de antiguas promesas no ejecutadas.

El portavoz del sindicato de enfermería (SATSE), Jesús García Ramos, ha explicado a Diario16 que el maltrato a la sanidad madrileña viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y que el COVID-19 “ha puesto sobre la mesa esta situación de devaluación y abandono”. “No tenemos dotación de plantilla suficiente y los centros de salud y servicios de urgencias están cerrados, lo que obliga al usuario a ir directamente a un hospital, saturando de esta manera las urgencias de los hospitales, que precisamente no están en buenas condiciones”, ha lamentado el enfermero, que también ha querido destacar el aumento de los pacientes en UCI y la falta de enfermeras con experiencias en esta unidad.

Respecto a la atención primaria, ha denunciado que no se estén atendiendo a los pacientes crónicos, debido a que muchos centros se encuentran cerrados y al desbordamiento de trabajo de las “pocas enfermeras” en activo: “Están haciendo de rastreadoras, realizando seguimientos de pacientes covid, atendiendo llamadas telefónicas, haciendo pruebas PCR y visitando a los pacientes crónicos más vulnerables, para que no tengan que visitar los centros de salud”. García Ramos ha alertado de “la cantidad de enfermedades distintas al covid que no se están atendiendo y que van a perjudicar la salud de la población”. En este sentido, le ha preguntado a Díaz Ayuso si sabe “a quién van a vacunar, por ejemplo, en la campaña de la gripe, si no tenemos prescripción enfermera ni suficientes trabajadoras para hacerlo”. A su juicio, los 80 millones prometidos “son un canto al sol” porque “lo que necesita la atención primaria son medidas económicas inmediatas, refuerzo de plantillas, mejora de los centros de salud y que se abran los servicios de urgencia de atención primaria”.

Por su parte, CCOO ha denunciado en un comunicado que las camas estructurales UCI que había antes del COVID en el SERMAS “ya están ocupadas al 85%”. La nota también indicaba que varios hospitales del Servicio Madrileño de Salud “ya no disponen de personal suficiente ni encuentran personal de Enfermería (DUE y TCAE) para reforzar sus plantillas”.

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo, ha calificado el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid de “profundamente neoliberal” y ha incidido en que “no se ajusta para nada a las necesidades que tienen los madrileños”. La secretaria de Políticas Sociales y Sector Público de UGT Madrid, Eva López Simón, ha explicado que hay medidas que no se pueden cumplir, entre ellas la modificación de la retribución de los profesionales sanitarios, que son empleados públicos de la administración autonómicas: “Esto no va a dedo”, ha apostillado.

Los cinco sindicatos exponían en el comunicado conjunto que la Mesa Sectorial, “como único ámbito de negociación legalmente establecido en el SERMAS, no ha avanzado en ninguno de los temas que quedaron en suspenso por causa de la epidemia”. Asimismo, declaraban que la Consejería de Sanidad “ofreció buenas palabras, pero ningún gesto real que llevara a cabo la reactivación y el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados entre ambas partes”. 

Entre las medidas exigidas destacan: la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales, la estabilización del empleo aprobando la OPE 2020, la convocatoria del concurso de traslados en todas las categorías profesionales, el cumplimiento del acuerdo y la reconversión de los 10.100 contratos COVID, así como el desarrollo de la carrera profesional y reconocimiento a todo el personal no fijo. Otras medidas reparan en el nombramiento de personal interino pendiente, así como la reconversión del personal eventual en interino y un Plan de Choque para la Atención Primaria, entre otras.

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