Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider España, organizaciones que conforman la Alianza Residuo Cero, han valorado positivamente que la versión final aprobada en Consejo de Ministros del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases haya priorizado la salud de las personas y la protección del entorno por encima de las presiones del lobby del plástico, respetando así lo acordado en la Ley de Residuos que fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril.
“Celebramos que tanto desde el Ministerio como desde los socios de Gobierno hayan dado este paso definitivo hacia la transparencia y que además se haya hecho desde el articulado de la ley y no desde un anexo. Con este Real Decreto, por primera vez, los productores de botellas de plástico están obligados anualmente a decir cuántas botellas ponen en el mercado”, ha declarado Julio Barea, responsable de residuos de Greenpeace.
En concreto, el Real Decreto de envases es el reglamento que deberá asegurar la medición de los objetivos de recogida separada de botellas de plástico de menos de tres litros, establecidos para reducir la grave contaminación por plásticos en el entorno terrestre y en el mar.
La Ley de Residuos determinó que, si para 2023 no se recuperaba a través del contenedor amarillo el 70 % de las botellas de plástico de bebidas puestas en el mercado, podríamos volver a ‘devolver el casco’ a través de un Sistema de Depósito para latas, botellas y briks. Para cumplir con esta hoja de ruta, era fundamental que el propio gestor de la recogida separada de residuos de envases, no se encargara de contabilizar las botellas recuperadas separadamente. Finalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han atendido esta petición de la sociedad civil.
Las organizaciones ensalzan también que se haya confirmado la prohibición de usar Ftalatos y Bisfenol A en los envases alimentarios. Esta prohibición estaba ya contemplada en la Ley de Residuos y es básica para proteger la salud de las personas, especialmente de las embarazadas, al tratarse de sustancias conocidas por ser disruptores hormonales y tener gran impacto en determinados cánceres.
“El Gobierno debe extremar su vigilancia para asegurar el cumplimiento de esta prohibición y respetar lo acordado en la Ley de Residuos y desde la sociedad civil estamos vigilantes para que así sea”, ha añadido Barea.
