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La ruina de España

Francisco Javier López Martín
Francisco Javier López Martín
Licenciado en Geografía e Historia. Maestro en la enseñanza pública. Ha sido Secretario General de CCOO de Madrid entre 2000 y 2013 y Secretario de Formación de la Confederación de CCOO. Como escritor ha ganado más de 15 premios literarios y ha publicado el libro El Madrid del Primero de Mayo, el poemario La Tierra de los Nadie y recientemente Cuentos en la Tierra de los Nadie. Articulista habitual en diversos medios de comunicación.
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análisis

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Hicieron todo lo posible hasta el mismo día de la investidura para torcer la voluntad popular y promover un Tamayazo de nuevo tipo. Como no pudo ser anuncian una oposición dura, inasequible al desaliento. Nada va a ser fácil. Acaba de conformarse el nuevo gobierno y ya comienzan los agoreros a pronosticar grandes nubarrones y males que se avecinan.

Ahora es la CEOE la que anuncia un desequilibrio de 12.000 millones de euros adicionales en el déficit económico español. La verdad es que me parecen hasta prudentes si tomo en cuenta que los economistas, articulistas y tertulianos a sueldo de la derecha no bajan de los 50.000 millones de euros la estimación del incremento del gasto público derivado del cumplimiento de los acuerdos de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

Tras padecer una crisis brutal prolongada en el tiempo, que ha servido de disculpa para todo tipo de recortes en derechos sociales. Después de años en los que ha crecido el número de personas en situación de pobreza hasta alcanzar más de 12 millones en riesgo de pobreza o exclusión

Al final de una década durante la que el número de millonarios ha pasado de 172.000 a casi 980.000. Después de la que ha caído sobre nosotros, incrementar el gasto público en 12.000 millones para comenzar a taponar la brecha de los desequilibrios y desigualdades de todo tipo, me parece más bien poco.

La propia CEOE estimaba las necesidades de inversión en infraestructuras en España en 114.000 millones de euros, entre otras cosas para salvar los beneficios de los concesionarios de autopistas de peaje. Al tiempo que planteaban a Sánchez un gobierno sin Podemos y, si fuera necesario, unas nuevas elecciones, sabiendo que su resultado sería aún más desastroso que las segundas, al menos para la mayoría social hoy representada en el gobierno.

Puedo estar de acuerdo en que hay que invertir en mejorar y crear nuevas infraestructuras, pero no sólo de transportes. También infraestructuras públicas para atender mejor a las personas mayores en situación de dependencia, contar con una sanidad pública de alta calidad, o una educación que forme a las personas desde la escuela infantil hasta la universidad y a lo largo de toda la vida.

Todos los analistas en cuestión, sean más o menos pesimistas en sus profecías desastrosas, ponen el acento en que Europa nos va a castigar y que no hay lugar de donde sacar el dinero necesario para un mayor gasto. Lo dicen una y otra vez y puede que hasta lleguemos a creerlo.

Sin embargo ese dinero está ahí. Sólo hay que tener la voluntad cierta de encontrarlo. Abundan los estudios, promovidos por instituciones no sólo de izquierdas, que utilizan datos oficiales y que coinciden en señalar que la economía sumergida se sitúa en torno al 20 por ciento en nuestro país. La recaudación dejada de ingresar en la Hacienda Pública equivaldría a unos 70.000 millones.

Esos mismos estudios, o tal vez otros parecidos, sitúan 144.000 millones de euros españoles en paraísos fiscales. Entre fraudes en declaraciones del IRPF, IVA, e impuesto de Sociedades, parece que podríamos añadir otros 40.000 millones. Llevamos sumados más de 250.000 millones de euros. Ni se me ocurre pensar que va a aflorar todo ese dinero, pero 12.000 millones son algo menos del 5 por ciento de la cantidad referida.

En fin, pongamos las cosas en su sitio. Este gobierno de izquierdas, lejos de traer la ruina para España, puede ser una oportunidad para poner un poco de orden en los desequilibrios, las desigualdades, las injusticias, el asfixiante olor a corrupción y poner coto y remedio a los incumplimientos sistemáticos de los derechos constitucionales nacidos en el 78, que deberían representar un contrato social ineludible para los poderes económicos y políticos.

Ante los problemas la solución no es el miedo, sacar pecho, gritar más fuerte, desacreditar a propios y ajenos, echar tierra encima, dejar que las cosas se solucionen por sí mismas, o se terminen pudriendo. Sólo tomar conciencia de las lacras y vicios adquiridos, denunciar la pasividad del dejar hacer, el dejar pasar. Sentarse a hablar de ello, buscar soluciones, negociar, establecer puntos de encuentro, firmar acuerdos, reconstruir la cultura de diálogo, nos puede sacar del atolladero en el que España anda metida.

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