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La reorganización de centros de menores tutelados que prevé la Comunidad de Madrid oculta el cierre de «La Casita de los niños»

CCOO acusa al Gobierno de que "este juego de sillas es para cumplir con una demanda de Vox: sacar a los migrantes extranjeros de la Casa de Campo"

Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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El anuncio hecho la pasada semana por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social sobre la reorganización de cuatro residencias infantiles, que afectará a más de 300 trabajadoras y trabajadores, «con el pretexto de mejorar el servicio y adaptarlo a las nuevas necesidades», según sostiene CCOO, escondería dos dramas humanos respecto a los que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no habría calibrado bien las consecuencias.

CCOO considera que esta maniobra responde más a compromisos de orden político que a necesidades de mejorar la calidad del programa de acogimiento residencial y atender mejor las necesidades de las niñas y niños en dificultad social.

Miguel Ángel Martín, ex director de centros de menores y delegado por CCOO, explicaba, durante la concentración de trabajadores frente a la Consejería, que «este juego de sillas es para cumplir con una demanda de Vox. Y esa demanda es sacar a los migrantes extranjeros de la Casa de Campo. Entonces, como son tan negligentes en la gestión, mueven todo esto. Ellos dicen: ¿Dónde tenemos un centro? Pues en la mitad de la nada. El Centro Ocupacional Barajas.

El segundo centro en el punto de mira es «La Casita de los niños», de gestión pública y el único de sus características en Madrid. «Atiende a niños muy prematuros que han nacido con bajo peso, con dificultades, pero que luego se desarrollan bien. También a niños con malformaciones, enfermedades raras, complicadas, que te hacen especializarte, porque muchas veces necesitan varias operaciones en el tiempo», comenta Oscar Olmedo, educador del Centro de Menores la Casa de los Niños.

Él como sus 78 compañeras y compañeros supieron, el pasado día 26 de mayo, que la consejería echará el cierre definitivo después del verano. El personal espera un nuevo destino, que aún no se les ha comunicado por parte de la Comunidad de Madrid. Aunque les mantendrán las condiciones, «al final es un traslado forzoso», dice Olmedo, que no acertado «pretender cerrar un recurso que atiende a niñas y niños de 0 a 6 años con patologías considerables, sin que haya una alternativa de acogimiento familiar asegurada», porque esta situación «afectará negativamente al bienestar de la infancia madrileña».

El centro tiene 40 plazas. La consejería incluso avisó de la aprobación de unas obras de mejora, razón por la que iban a bajar el número de ingresos -actualmente 19-, pero la realidad era otra.

«Lo primero de lo que tenemos que hablar es de maltrato a los niños. Y luego a los trabajadores. Lo que más nos extraña es que la Dirección General de Familia todavía no ha dicho nada. Te pongo un ejemplo muy interesante. La primera vez que al comité de empresa le comunican esto, el secretario de CCOO dice: vamos a ver, a nivel técnico, aquí hay barbaridades. Y el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, José Manuel Miranda dice: yo a nivel técnico no quiero saber nada. Sólo hablo de trabajadores», declara Martín.

«Tampoco llegamos a comprender la decisión de trasladar la R.I. Acacias y el CPA ICE a casi 30 kilómetros del centro de Madrid. Esto es un retroceso que afecta a la calidad de atención, al bienestar de las niñas y los niños y dificulta la integración social de esta población», critica.

«Lo que no tiene ningún sentido es que los niños de nuestras edades, donde mejor y más se aprovechan, es en un entorno natural como en el que estamos nosotros. Si tenemos que pasearles es mucho más fácil en este entorno que en la ciudad. En cambio los niños que tienen que integrarse en el entorno urbano por las edades, para que socialicen, para que estén en sus coles son los que van a sacar de la ciudad, que ahora están integrados en barrios como Hortaleza y Carabanchel», puntualiza Olmedo quien siente preocupación, como el resto de sus compañeras y compañeros, por «la situación de estos niños que atendemos porque no hay recursos así».

Continúa Olmedo exponiendo los argumentos que emplea la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. «Argumentan que, en la red, tienen que quedar dos centros, porque la tendencia de la nueva Ley, que estamos al tanto de ella, y también estamos de acuerdo en que los niños de estas edades donde mejor pueden estar es en acogimiento familiar, en familias. Pero claro, esa es una tendencia y algo que hay que trabajar, pero que no es la realidad actual. Porque, ahora mismo, los niños que tenemos nosotros están en los centros porque no hay familias para acogerlos. Si hablamos de niños con problemas de salud o retraso madurativo, enfermedades raras, pues todavía es mucho más complicado que haya familias para ellos».

A su vez, sostiene Olmedo, «todo esto se contradice cuando hay plazas de estas edades también que se están concertando en lo privado. Y luego cosas tan surrealistas como darnos la noticia del cierre y, ayer justo, nos avisan de que iban a ingresar dos bebés de 5 días porque no tienen otro sitio a dónde llevarlos»

Palabras para las familias con hijos tutelados

Preguntado Miguel Ángel Martín por las críticas recibidas por parte de familias con menores tutelados, por no sentirse apoyadas por el personal de los centros que no denuncia situaciones que se estarían dando en varios de la Comunidad de Madrid, como ha publicado Diario16 en diversas ocasiones, tales como abusos sexuales entre menores, malos tratos por parte de educadoras y personal directivo o el mayor escándalo de la era Ayuso: el Caso Sana, manifiesta que «lo que esas madres piden es que se trabaje con ellas. La prevención está abandonada. Si se trabajara la prevención, muchos niños de madres biológicas no irían a los centros. Hay que trabajar también, una vez que el niño está en el centro, la reincorporación familiar. Y sentarnos a hablar. A lo mejor necesitamos un Defensor de la Familia, quizás un órgano dependiente del Defensor del Pueblo, donde las familias puedan ir, explicar lo que les ha pasado y buscar soluciones».

La transformación del programa de acogimiento residencial, coinciden, «ha de afrontarse desde la planificación, el diálogo y la negociación. Tiene que partir de un estudio exhaustivo de la realidad social que se pretende atender y ha de afrontarse de un modo global, con la participación de todas las instancias y agentes intervinientes en esta realidad social».

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