La renovación del Tribunal de Cuentas podría traer consigo una nueva manera de enfocar los asuntos pendientes. Al menos, así se considera por parte de influyentes firmas que ocupan portadas como las de El País, anunciando ya que «La causa por los gastos para promover el procés en el exterior se deshincha en el Tribunal de Cuentas». Lo firma José María Brunet, y al hacerlo asegura que es una opinión compartida entre los expertos bien informados.
Un análisis que se presenta casi como pieza de información, donde nos detalla que «la tramitación de este expediente de responsabilidad contable tendrá varias fases. En primer lugar, la resolución sobre la adiisbilidad o no de los avales del ICF (…que) corresponde a la Sala de Enjuiciamiento, compuesta por tres magistrados, dos de ellos propuestos por el PSOE. Esta sala deberá decidir si confirma o rectifica la decisión de la delegada instructora del caso, Esperanza García, quien rechazó este mecanismo de pago de las finanzas impuestas a los investigados». A continuación se detalla minuciosamente el perfil de quien será la nueva ponente, Rebeca Laliga, así como de los otros componentes de la sala en cuestión: Rosario García Álvarez y Diego Íñiguez. La conclusión es que en esta sala hay mayoría «progresista». O al menos propuestos por los supuestos «progresistas del PSOE«.
Pero ojo, que si no se diera la opción de anular la decisión de la ponente anterior, y por lo tanto se confirmara la postura que rechaza los avales del ICF, hay más: según se dice, se comenta, si a Doña Rebeca le pareciera bien esa postura, quedaría en minoría en la sala, y le sustituiría Doña Rosario. De la mayoría «progresista».
Otra de las cosas que se explican es que la Abogacía del Estado se retira del asunto. Porque va a renunciar a presentar demanda y de paso, al frente de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas también va a llegar «el cambio». La Abogacía que, sin que nadie le preguntara, se posicionó a favor de admitir los avales, dejando «colgada» a la Sala.
Se dice, se comenta pues, que este asunto se ha «pinchado» y se desinfla. De tal manera que «irá perdiendo relevancia en los próximos meses». Las lenguas más afiladas lanzan la manzana de la discordia apuntando al hecho de que el giro de la Abogacía del Estado se habría producido en septiembre al presentar un escrito que facilitaba el hecho de que se devolvieran 2,1 millones de euros a ERC (que fueron depositados como fianza), así como que pudieran levantarse los embargos sobre los bienes de todos los investigados.
Siendo todo esto así, decisión que me parecería muy correcta -entendiendo que esta causa no se debía haber abierto en ningún momento-, dejaría en una notable evidencia la falta absoluta de independencia del Tribunal de Cuentas. Un hecho ya denunciado en reiteradas ocasiones atendiendo a los casos de endogamia (vínculos familiares entre distintos cargos y trabajadores), irregularidades diversas (denuncias sobre supuestas irregularidades de algunos de sus miembros), sombras sobre decisiones que han salvado sistemáticamente de condena a cargos políticos afines (del Partido Popular concretamente)… De cambiar el rumbo como parece que lo hará, no habría la menor duda de que las decisiones que en este organismo se toman no son de índole meramente institucional, sino que podría estar funcionando como un arma política más, cosa que dicho sea de paso, preocupa profundamente en Europa.
Los fondos europeos están condicionados, entre a otras muchas cosas, a la independencia de los órganos que han de impartir justicia y garantizar la transparencia.
