Alerta humanitaria y social en España. Sólo así se puede definir el escenario que están alertando las asociaciones feministas. En concreto, las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y de lucha contra la violencia machista denuncian el aumento «visceral» de mujeres asesinadas a lo largo de este año. Casualmente, coincide con la entrada de Vox a las administraciones públicas, ya que, como ha indicado a Europa Press Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, este incremento de los asesinatos es consecuencia de que «se está alentando» al machismo.

En 2019 han sido asesinadas 54 mujeres, siete más que el año pasado. Esta situación, para Pérez del Campo, es consecuencia de la llegada de Vox porque se están incrementando los ataques a los centros de la mujer. Otro aspecto a tener en cuenta es que, por primera vez en 15 años, las instituciones donde Vox ha firmado acuerdos con PP y Ciudadanos no va a haber un comunicado institucional de condena a la violencia machista.

Por otro lado, entre las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer hay mucha preocupación respecto al desarrollo del Pacto de Estado que se logró con el consenso de todos los partidos con representación parlamentaria. Este pacto, evidentemente, no habría salido adelante si Vox hubiese estado en el Congreso de los Diputados.

Además, Vox está cuestionando la propia existencia de la violencia machista y su crecimiento está demostrando que en España aún hay millones de ciudadanos y ciudadanas que no están comprometidas con la lucha contra esta lacra social. Acabar con los asesinatos de las mujeres es un asunto en el que todos y todas deberían estar implicados e implicadas, sobre todo desde los partidos políticos que no deberían vender su dignidad democrática y sus valores de respeto a los derechos humanos por mantener el sillón de mando en ayuntamientos y comunidades autónomas. Estas formaciones que mantienen el poder gracias al apoyo de Vox deberían tener en cuenta que uno de los primeros deberes de un gobernante es la defensa de la seguridad del pueblo. No hacerlo, sobre todo permitiendo el incremento de los asesinatos o incluyendo los caprichos fascistas y machistas de Vox en las leyes aprobadas, es un abandono irresponsable del deber e, incluso, un elemento que acerca al perjurio para aquellos que juraron o prometieron la Constitución, un texto en el que Vox no cree, por cierto.

Estamos viendo cómo el negacionismo de la violencia machista por parte de Vox, que utiliza las tácticas de propaganda en redes sociales implementadas por Steve Bannon, está empezando a calar en una parte de la sociedad. Este discurso no sólo es miserable, sino que está provocando que muchas mujeres víctimas se sientan aún más reticentes a denunciar el maltrato físico o psicológico por miedo a encontrarse con personas en la administración que comulguen con las teorías negacionistas. Si ya existía miedo a la denuncia entre las víctimas a denunciar antes de la llegada de los de Santiago Abascal a las instituciones; si a las víctimas se las revictimizaba en la administración de Justicia al cuestionar las denuncias; si hay juzgados en los que se deniegan más del 90% de las órdenes de protección, ¿qué no pasará ahora con los ultras negacionistas del terrorismo machista?

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