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La reforma laboral queda en manos de los partidos minoritarios

Pedro Sánchez se juega en siete días buena parte de la credibilidad política del Gobierno de coalición

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El Gobierno de coalición se juega buena parte de su credibilidad en la próxima semana clave para la aprobación de la reforma laboral. El 3 de febrero se cumple el plazo para que las Cortes tramiten el proyecto de ley y a esta hora Pedro Sánchez no tiene atados los apoyos necesarios. Bien porque a sus socios progresistas habituales no les seduce ni la letra ni la música del nuevo marco laboral, bien porque algunos partidos no participan de las propuestas izquierdistas por ideología y tradición conservadora (PNV), lo cierto es que Sánchez no lo va a tener fácil a la hora de sacar adelante la ley estrella de esta legislatura. Y ganar o perder este partido no es una cuestión menor.

El presidente llegó a la Moncloa prometiendo una derogación completa de la normativa Rajoy, más tarde rebajó las pretensiones asumiendo que solo era posible una abolición de los aspectos más lesivos para los trabajadores y al final todo va a depender de si acepta las sugerencias de otras formaciones políticas minoritarias que ya han anunciado un no rotundo a la reforma laboral que preparan socialistas y podemitas.

Ahora Sánchez dispone de siete días para evitar un fracaso que sería definitivo de cara a las próximas elecciones. Pocos votantes de izquierdas entenderían que esta legislatura se agotara sin que se tumbara la infame reforma del PP que supuso más precariedad para la clase obrera, desigualdad, contratos tercermundistas, bajos salarios, liquidación de la negociación colectiva y en la práctica el despido libre por las bajas indemnizaciones que se negocian en los servicios de conciliación y juzgados de lo social.

En principio, los partidos que no aceptan el preacuerdo al que han llegado Gobierno, patronal y sindicatos lo hacen por coherencia política al considerar que el Ejecutivo les ha dado gato por liebre, es decir, según ellos la reforma que se prepara se queda corta y no cumple ni la mitad de las expectativas que se habían creado. En ese punto están Esquerra Republicana, EH Bildu, la CUP y BNG, todas ellas formaciones de la izquierda nacionalista. Sin embargo, a todas estas fuerzas políticas no les vale con pulsar el botón de un cómodo “no” en la votación que tendrá lugar en los próximos días, ya que les resultará difícil explicar a sus respectivos electorados que están dispuestos a rechazar una reforma que aunque edulcorada y recortada siempre será mejor que mantener el bodrio laboral reaccionario del PP que tanto daño ha ocasionado a la clase trabajadora y que tantos derechos y conquistas laborales ha arrebatado a los españoles. Si a menudo sus señorías de la izquierda periférica y nacionalista votan con la nariz tapada esta vez también tendrán que hacerlo con una venda en los ojos para no ver el mayúsculo error político que están a punto de cometer. Cada vez queda menos tiempo, y aunque el bloque nacionalista rojo amenaza con tumbar la reforma de Yolanda Díaz, sigue reclamando que el Gobierno se siente a negociar para modificar algunos aspectos del borrador, una postura que se antoja un brindis al sol, ya que como suele decirse coloquialmente todo el pescado está vendido. No pocos analistas políticos entienden que el bloque progresista está jugando de farol y que al final acabará dando el aval a Sánchez, aunque eso está por ver.

De momento, la patronal ya ha amenazado con no aplicar la reforma que se prepara si se toca una sola coma sin su consentimiento. Por su parte, los sindicatos están satisfechos con el diálogo social que se llevó a cabo durante los meses de dura negociación y consideran que se han alcanzado los objetivos previstos (hasta donde se podía llegar), teniendo en cuenta el complejo momento de la economía española, el bloqueo sistemático de las derechas dispuestas a torpedear cualquier avance y la sorprendente disposición al pacto que ha mostrado el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Ayer, Pepe Álvarez –secretario general de UGT–, recordó que para “construir” no hace falta “deconstruir”, invitando a las demás fuerzas a sumarse al proyecto. En esa misma línea está el patrono de patronos, que volvió a insistir en que la reforma es “muy buena para el país”, aunque matizó que “ahora ya está en manos de los partidos”. Esquerra y las demás formaciones que presionan a Moncloa para arrancar unos cuantos derechos más para los trabajadores saben que lo que se está ofreciendo son “lentejas” y, tal como dice el dicho popular, o se cogen o se dejan. No hay mucho más margen para la negociación, sobre todo teniendo en cuenta que los empresarios amenazan con no aplicar lo acordado si se produce algún retoque unilateral de última hora.

Mientras tanto, las derechas se mantienen a la expectativa y se frotan las manos ante lo que puede ser un monumental descalabro de Sánchez. De Ciudadanos, el Gobierno no puede esperar nada. Hoy dicen que apoyan la reforma y mañana la rechazan. Edmundo Bal mueve el partido a un lado y a otro como una veleta y en función de los intereses puntuales de sus socios de Gobierno autonómicos, o sea PP y Vox. En plena campaña electoral en Castilla y León resulta difícil ver que los naranjas vayan a ir más allá de una discreta abstención, y eso con suerte. Por no hablar de que Unidas Podemos no quiere ver ni en pintura un hipotético apoyo del partido de Inés Arrimadas que cuestionaría el espíritu auténticamente de izquierdas del nuevo marco laboral. 

Por su parte, Pablo Casado sigue fiel a su estrategia disruptiva y negacionista. Ayer mismo anunció que no se abstendrá para que pueda salir adelante la reforma Díaz. O sea que votará no, como siempre hace. Casado se ha instalado en la negativa a todo y si mañana Sánchez llevara al Parlamento una ley laboral que derogara el Estatuto de los Trabajadores, devolviendo a la clase obrera a los tiempos del feudalismo caciquil del siglo XIX, también apretaría el botón del “no”.

El reloj sigue corriendo y Pedro Sánchez ya no puede hacer mucho más que apelar a la responsabilidad de las fuerzas políticas y convencerlas de que su reforma es buena y necesaria para el país. “No contemplamos otra opción, que no es solo la del Gobierno, sino también la de sindicatos y empresarios”, asevera. Está claro que esta misión imposible es una tarea para Yolanda Díaz, una Penélope que sigue tejiendo acuerdos en silencio para desencallar las negociaciones y los apoyos necesarios. “Es difícil decirle que no a una reforma que aborda el principal problema del mercado de trabajo, que se llama precariedad”, asegura la ministra de Trabajo. Si consigue sacar adelante este encaje de bolillos, más bien embolado, habrá que hacerle un monumento.

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