El pacto suscrito entre PSOE y Unidas Podemos tiene por objetivo la regeneración democrática y la transparencia, superando los años oscuros de la corrupción política, financiera y judicial. En su documento de alianza, ambos partidos pretenden impulsar un Plan Nacional contra la Corrupción, que estudiará una reforma del Código Penal. También incluye la ampliación de las plantillas y unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en este tipo de delitos económicos, así como una ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del Denunciante, que prevé atenuantes en función del delito y las circunstancias de la denuncia. Precisamente una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia española es el calvario personal y profesional que a menudo tienen que soportar las personas que deciden dar un paso al frente y poner al descubierto las actividades de las mafias y redes tejidas por los poderes corruptos. El pacto pretende acabar con esa situación que en los últimos años ha costado a España sonrojantes tirones de orejas de la Unión Europea.
“Promoveremos acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Primaremos en la búsqueda de dichos acuerdos los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional”, asegura el texto.
El texto pretende avanzar en la regulación de los lobbies “para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas”, así como “regular de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos” y endurecer las sanciones por su incumplimiento. Quedan en el aire las medidas que se adoptarán contra aquellos políticos que se benefician de las puertas giratorias.
La reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y su correspondiente Reglamento sobre la base de la experiencia acumulada será otra de las metas a alcanzar en la próxima Legislatura, sin olvidar la impunidad en la que se mueven algunos cargos públicos. “Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público”, establece el acuerdo.
Además, se iniciarán acciones para “reforzar la lucha contra los cárteles de la contratación pública, para desincentivar los fraudes y compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia”. Las redes que viven de los negocios municipales y chanchullos urbanísticos lo tendrán más difícil con el Gobierno de coalición.
La integración de los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa en el sector público fundacional y empresarial –organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales– es otro de los objetivos.
Justicia eficaz
Desde hace años, la Administración de Justicia adolece de serias deficiencias que ponen en peligro la estabilidad de nuestra democracia. El poder judicial, fundamental para el buen funcionamiento del Estado, ha quedado obsoleto, carente de medios e inversión, totalmente politizado y con un cuerpo de funcionarios desmoralizado, en precario y mal retribuido. Un caldo de cultivo perfecto para encubrir la corrupción y a los corruptos. Con el fin de subsanar los problemas de nuestros juzgados y tribunales, el Gobierno de coalición pretende promover un Pacto de Estado para la Modernización de la Administración de Justicia, que persiga una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes judiciales. “Modernizaremos el sistema de acceso a la carrera judicial. Para ello, nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes”, reza el documento.
Finalmente, el nuevo Ejecutivo pretende sustituir “el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción”. Este artículo fue introducido por el gabinete Rajoy/Catalá en una polémica reforma llevada a cabo por el PP en medio del aluvión de escándalos que perseguían al partido en el Gobierno (Gürtel, Púnica, Lezo, Bárcenas…) y consistía en limitar los plazos de instrucción en casos de corrupción, favoreciendo a los corruptos. En ese orden de cosas, también se reformará la ley para incluir la Justicia Universal en nuestro ordenamiento jurídico. El PP rechazó la persecución de los delitos de lesa humanidad fuera de las fronteras españolas, lo que favoreció la impunidad de los crímenes cometidos por dictaduras.
