Foto: CGPJ

Pablo Casado quiere vender la moto de que su reforma del Poder Judicial terminará con la politización de la Justicia, un argumento más fantasioso que un cuento de hadas con unicornios de color rosa. Si vamos a la letra pequeña de su propuesta, enseguida caeremos en la cuenta de que, lejos de resolver el gran cáncer de la democracia española, no deja de ser un intento más por controlar los resortes de la cúpula judicial.

El líder popular compareció por la mañana para anunciar a bombo y platillo que su modelo de Consejo General del Poder Judicial copia el que estaba vigente antes de 1980, es decir, el que fue derogado por el Gobierno de Felipe González y que excluía al Parlamento en el proceso de elección de los 12 vocales del cupo de jueces y magistrados. De modo que la feliz idea de Casado supone un retorno a los años casi tardofranquistas, a la noche de los tiempos, al Jurásico de la Transición. Casado trata de convencer a la opinión pública de que dejando la designación de los altos cargos en manos de los propios jueces y magistrados se habrá acabado con el problema de la politización, obviando que eso sería tanto como desvestir a un santo para vestir a otro, ya que son precisamente las asociaciones de jueces y magistrados las que controlan la cúpula de la judicatura. Con la reforma del PP es cierto que ya no serían Pedro Sánchez y Casado quienes tendrían la llave de los nombramientos, el problema es que esa llave se la cederían bajo manga a unos señores vestidos con toga negra y con apariencia de imparciales que seguirían teniendo el carné del partido en el bolsillo.

Así las cosas, poco o nada habríamos avanzado en el intento de avanzar hacia una Justicia limpia y auténticamente independiente. Cabe recordar que en España funcionan nada más y nada menos que siete asociaciones de ámbito judicial −la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales−, cada una con su propia tendencia ideológica y sus estrechos contactos con los diferentes partidos políticos. No hace falta saber mucho sobre el complejo mundillo de las togas para entender que dejando el Poder Judicial en manos de estas organizaciones, como pretende el PP, la contaminación política estaría de nuevo servida, con lo cual poco o nada habríamos mejorado. Y lo que es todavía peor, con el ‘modelo Casado’ no solo no se evitaría la temida politización de los jueces y magistrados sino que el gremio caería de nuevo en el corporativismo endémico, agudizándose el problema de las rencillas intestinas.

Sin embargo, pese a lo endeble de sus ideas, Casado es capaz de vender cualquier crecepelos y producto milagro para nuestra maltrecha democracia. Su aparente deseo de cumplir “el compromiso constitucional” para que “los jueces elijan a los jueces” no deja de ser una argucia más, una trampa, y también un brindis al sol, ya que a nadie se le escapa que su intención última es seguir controlando, de otra manera, el apetecible juguete de la Administración de Justicia. Estaría loco el líder del partido recientemente condenado por el Tribunal Supremo en el caso Gürtel si por ponerse exquisitamente demócrata y más papista que el papa decidiera renunciar a tener la sartén por el mango. Son muchos los cargos populares con causas pendientes en este momento y todos ellos esperan que Casado les arregle lo suyo, es decir, que el juez o fiscal de turno “se lo afine”.

En cualquier caso, la reforma de Casado va en la línea de lo que ya recogía el apartado de Justicia del programa electoral del PP de 2011 −que Mariano Rajoy no llegó a aplicar finalmente−, y se parece como dos gotas de agua a la reforma planteada por Vox hace solo unos días. Entre los puntos principales del proyecto casadista están el ya citado intento de despolitización de la Fiscalía General del Estado; que juristas que hayan ocupado cargos políticos no puedan ser vocales del CGPJ; y que los informes del órgano de los jueces se realicen para cualquier iniciativa que afecte al funcionamiento de la Justicia. Además, plantea la ampliación del sistema de mayorías reforzadas de tres quintos a todas las decisiones del CGPJ y que las asambleas legislativas autonómicas no puedan designar vocales de los Tribunales Superiores de Justicia. Según Casado, con esta proposición de ley el PP busca volver al sistema de elección para “proteger la separación de poderes”, es decir, el modelo que promovieron los antiguos padres de la Transición, aquellos viejos constituyentes que él tanto invoca ahora pese a que la derecha de entonces −la Alianza Popular antecedente del PP que dirigía Manuel Fraga−, se resquebrajó de manera bochornosa a la hora de votar la Carta Magna (ocho diputados votaron a favor, cinco en contra y tres se abstuvieron).

Pero hay algo más. Que sea precisamente un partido en la oposición el que trate de imponer el modelo de Poder Judicial en España no deja de tener su sorna. Sin duda, Casado debe creer que todavía es el líder de aquel partido aznarista y todopoderoso que ganaba elecciones sin bajarse del autobús, cuando la cruda realidad es que cosechó un mal resultado el 10N con solo 89 diputados. Ningún Gobierno puede ceder ante ese delirio, no solo porque no tiene sentido que el partido en minoría decida sobre algo tan trascendental como es el órgano gubernativo del Poder Judicial sino porque cambiar el sistema de nombramientos ahora sería tanto como modificar las reglas del juego en mitad del partido únicamente porque al PP le favorece, visto que ha perdido poder de influencia. Génova 13 no puede aspirar a tanto por dos motivos: porque no cuenta con los escaños suficientes y porque tampoco dispone de los apoyos de las demás fuerzas parlamentarias para sacar adelante su reforma.

Todo lo cual nos lleva al punto de partida: la reforma de Casado no deja de ser una maniobra más para presionar a Sánchez en el vano intento de que expulse a Unidas Podemos del Consejo de Ministros. Sus tres puntos inamovibles para negociar la renovación –que Sánchez aparte del gabinete a la formación morada; que el presidente retire la reforma exprés para renovar el CGPJ; y avanzar en unas “líneas de despolitización, incluso dentro del marco legal actual”− son sencillamente inasumibles. De modo que, contrariamente a lo que pueda parecer, Casado continúa instalado en el bloqueo, nada ha cambiado, y se sigue moviendo por pura propaganda (el líder del PP está permanentemente en campaña electoral). A él le basta con esa cantinela machacona de que “el imputado Iglesias quiere pactar con independentistas y herederos de ETA”. Que como frase no está mal, pero como programa político para un país queda algo pobre.

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