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La reforma de los delitos de opinión aviva el incendio entre los socios del Gobierno de coalición

La apuesta de Pablo Iglesias por actuar en clave de elecciones catalanas, olvidando que es el vicepresidente del Gobierno, pasa factura al Ejecutivo de coalición

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análisis

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Los dos socios del Gobierno de coalición siguen a la gresca para imponer sus respectivos manuales ideológicos, ya sea el socialismo light del PSOE o el utopismo inservible de Unidas Podemos que ya fue ensayado en la Segunda República con nefastas consecuencias para el país. No se llevan, no se soportan y lo que es aún peor: no han conseguido articular una forma civilizada de relacionarse políticamente que permita debatir en el terreno de las ideas sin terminar en un duelo a garrotazos, como en el cuadro aquel de Goya.  

La semana está siendo la más negra desde que se puso en marcha el alborotado experimento de coalición. Todo comenzó cuando Josep Borrell, Alto Representante de Política Exterior de la UE, exigió a Putin la liberación del líder opositor Navalny durante su ajetreada visita a Moscú. La propuesta no agradó al homólogo ruso Sergei Lavrov, al que le faltó tiempo para restregarle a Borrell en la cara lo de los presos catalanes, de modo que la ministra González Laya tuvo que salir al ruedo para explicar una obviedad tan sencilla como que aquí ya no manda Franco. El incendio estaba servido, el fantasma de la Guerra Fría volvió a planear por Europa y la relación entre Bruselas y Moscú ha alcanzado una temperatura de alto voltaje. Indudablemente, era el momento de correr un tupido velo, dejarlo correr, atemperar y pasar palabra, pero Pablo Iglesias es un hombre que no sabe quitarse el disfraz de Robin Hood para colgarlo en la percha ni por cinco minutos. El vicepresidente no quiso quedarse callado (para un activista antisistema como él la diplomacia y mantener el perfil institucional que exige el cargo es una pérdida de tiempo) y soltó la bomba de que España vive en una anormalidad política, cuestionando la calidad de su democracia.

El terremoto ha sido de tal proporción que ha sacudido los frágiles cimientos del Gobierno de coalición. Hoy el vicepresidente ha matizado algo sus palabras al referirse a las “anomalías democráticas” del Estado español, aunque ha seguido erre que erre (como buen cabezón que es) al reiterar que “dentro del Gobierno decimos la verdad, aunque moleste a algunos”. Es obvio que Iglesias ha querido contemporizar ante el chaparrón que se le ha venido encima estos días. No es lo mismo decir que España sufre “anomalías democráticas” que sentenciar que la democracia española no es homologable ni presentable, sugiriendo que vivimos en un Estado fallido o totalitario equiparable a Myanmar. Sobre todo porque nuestro país ocupaba el puesto número 16 entre las democracias más avanzadas del mundo antes de que llegara él al poder y ahora ha bajado bruscamente hasta la posición 22. Algo habrán tenido que ver sus políticas (a fin de cuentas es uno de los máximos responsables de los destinos del país), en este descenso a la segunda división del gran torneo de las democracias occidentales.

En todo este tiempo en el Gobierno, Iglesias podría haber aprovechado para solucionar las averías y democratizar el poder judicial, derogar la infame reforma laboral del PP y acabar con las cloacas del Estado, entre otros asuntos, pero no lo ha hecho. Él dice que quiere, pero no le dejan Pedro Sánchez, la Calviño y los siniestros señores de la patronal, y ahí es donde entra el victimismo fácil, que es el último refugio del gobernante incompetente. Si es cierto que no puede acometer las reformas que necesita el país que coja los bártulos y se vaya a Galapagar, a teorizar sobre el legado de Gramsci en la Complutense o a disertar con sus amigos troskos de los botellones de Vallekas. Pero que se deje de jugar a gobernante y a opositor porque no cuela. Ya hemos dicho aquí otras veces que Iglesias ha reinventado la izquierda española, dejando un importante legado, pero también ha instaurado el cargo de “vicepresidente relator” u observador internacional, un puesto que consiste en levantar acta de lo que hacen otros ministros, en lavarse las manos, en estar y no estar, en firmar los decretos de los martes para un minuto después salir a los pasillos a conspirar con la prensa amiga y poner a caldo a sus compañeros sociatas vendidos a las torres ebúrneas del capitalismo caníbal.      

Podemos tiene un grave problema de identidad que está generándole una gran debilidad. El desgaste en términos de imagen que le está provocando la incoherencia y la paradoja de querer ser gobernante y gobernado, verdugo y víctima, ángel y diablo, empieza a ser insostenible para el partido morado. Es evidente que no han salido del adanismo y la adolescencia política. Ahora tienen un duro examen en las catalanas. Podemos necesita que los Comunes salven los muebles para seguir vivo en Madrid. Los guiños de Iglesias a los presos catalanes independentistas se enmarcan claramente en ese contexto de desesperación electoral, eso sí, a costa de erosionar la imagen del Gobierno. En Galicia ya ha gripado el proyecto, quedando reducido a la intrascendencia. Y siguen sin tomar nota.

Obviamente, Pedro Sánchez está harto de la situación, pero tiene que tragar, duerma o no por las noches. “Somos la izquierda que sabe que el cielo está en la tierra”, ha dicho el presidente lanzándole una puya a su socio de gobierno. Los calendarios, contradicciones y prioridades de Iglesias en Cataluña empiezan a ser más importantes y acuciantes que las tareas propias de Estado. Los últimos espectáculos, las puñaladas traperas, la jaula de grillos que se ha desatado a cuenta de la ley de vivienda, la ley trans y ahora la ley de protección de la libertad de expresión (donde han adelantando por la derecha al PSOE para dejarlo en mal lugar) demuestran que Podemos tiene demasiadas urgencias y que gobierna para su parroquia más que para los intereses del país. El ala podemita empieza a legislar a lo loco, como pollo sin cabeza y saltándose los tiempos, los protocolos y los procedimientos administrativos.

Carmen Calvo advierte a Irene Montero que su bodrio de ley trans puede terminar en el Constitucional por falta de garantías jurídicas y hoy mismo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha tenido que enfriar las expectativas sobre la última proposición de ley de la formación morada para derogar los delitos de opinión del Código Penal –injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y contra los sentimientos religiosos– que Podemos filtró sin contar con el informe técnico del Ministerio de Justicia. Era más importante quedar bien con el iluminado Pablo Hasél que dar estabilidad al Ejecutivo. Es evidente que la propuesta de Podemos no es la propuesta del Gobierno, tal como aclara el ministro Campo, agrandando la sensación de camarote de los Hermanos Marx. A unos y a otros habría que pedirles que se coordinaran, que se entendieran y que empezaran a dar una imagen de mínima seriedad, porque esto más que un Gobierno parece el patio de un colegio. Lamentablemente, con Iglesias uno nunca sabe a qué atenerse. 

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