Ni siquiera el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ese artificio legal instaurado por el Gobierno de Mariano Rajoy para limitar el plazo de investigación de los casos de corrupción, va a poder evitar que el expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se siente ante el juez y explique los pormenores del presunto agujero económico en la construcción de la desaladora de Escombreras (Cartagena). La Fiscalía Superior de Murcia ha pedido que se abran diligencias para investigar la responsabilidad del ex presidente regional en este turbio asunto.
Según Europa Press, que cita una información del diario La Verdad, el Ministerio Público ve en el expresidente el responsable último del proyecto de esa planta desaladora, que iba a costar 600 millones de euros a la Comunidad Autónoma. Además, se investigará la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación y falsedad documental, entre otros.
Según el rotativo murciano, la Fiscalía considera que el hecho de que se haya puesto fin al denominado ‘caso La Sal’ o ‘Desaladora’ no impide que se puedan seguir nuevas diligencias a quienes todavía no habían sido objeto de una investigación formal en esa causa, entre ellos Valcárcel como máximo responsable del Ejecutivo autonómico que tomó las decisiones en ese proyecto. Todo ello apunta a la posibilidad de que se pueda abrir una pieza separada contra el expresidente del PP dentro de la causa principal.
Las fuentes citadas por Europa Press aseguran que los jueces discrepan sobre qué órgano judicial debe atribuirse ahora la competencia en este asunto, ya que fueron tres los juzgados que rechazaron asumir el sumario. En este proceso figuran como investigados políticos que fueron altos cargos directivos del Gobierno regional.
Los abogados de Valcárcel confiaban en que la aplicación del artículo 324 de la LECRIM pudiera servir para que su defendido esquivara a la Justicia en este caso. No ha sido así. Diario16 informó en su día sobre la “triquiñuela legal” que hasta ahora había impedido que Valcárcel, hoy en el Parlamento Europeo, pasara por el juzgado para declarar. La trampa no era otra que la reforma Catalá, que estableció que las diligencias de instrucción ordinarias “se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. Y añade que, no obstante, “antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes”, podrá declarar la ‘instrucción compleja’ y prorrogar el plazo de la investigación en determinados casos. Como no se solicitó esa ampliación para proseguir con las pesquisas, Valcárcel quedó exonerado.
Ahora la denuncia de Diario16 parece que ha tenido su repercusión en la Fiscalía de Murcia. El cierre de la causa sin pedir explicaciones al expresidente regional hubiera supuesto un nuevo escándalo monumental en la Justicia, ya que el proceso quedaría archivado gracias a un beneficio para los imputados que en su día introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy. Qué menos que quien ostentó la máxima responsabilidad en aquellos años aclare una adjudicación rodeada de sospechas.
El asunto en cuestión es el proyecto de la desaladora de Escombreras (Cartagena), una adjudicación en la que tomó parte ACS, la constructora del presidente del Real Madrid Florentino Pérez. Según las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha, existen indicios de una supuesta malversación multimillonaria de fondos públicos por la que se ha investigado a 11 personas. A este asunto se le llamó caso La Sal y pudo haber dejado un agujero económico en una obra proyectada por 600 millones de euros.
La Justicia murciana llevaba instruyendo la causa desde el año 2016 y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y varias de las acusaciones particulares pretendían actuar contra el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel una vez que perdiera su aforamiento como diputado del Parlamento Europeo. Sin embargo, Valcárcel quedó libre de cualquier investigación judicial al haberse superado el plazo legal de seis meses establecido para la instrucción penal tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Rajoy. Ahora la Fiscalía considera que hay elementos suficientes para abrir una pieza separada en este asunto y pedir explicaciones al ex líder del PP murciano.
