España es el país del mundo con más profesionales sanitarios contagiados por coronavirus. De todos los casos contabilizados, el 20 por ciento es personal hospitalario, una cifra que contrasta con la registrada en Italia (un 10 por ciento), Estados Unidos (un 3 por ciento) y China (el 3,8). La pandemia se ha cebado con 35.295 trabajadores del sector (37 de ellos han perdido la vida) mientras la cifra sigue creciendo.
El Sindicato de Enfermería Satse considera que “es absolutamente intolerable esta situación” que atribuye a la falta de equipos de protección mientras advierte de que “llegará el momento de pedir las oportunas responsabilidades”. También la Organización Médica Colegial (OMC) concluye que nuestras cifras terroríficas son el resultado de la ausencia de “las imprescindibles medidas de seguridad que deberían haber preservado la salud de los profesionales”.
La falta de mascarillas en buen estado, de test de diagnóstico preventivo y de trajes de protección ha resultado letal para el personal laboral de los hospitales y centros de salud. Ahora bien, más allá de los errores de gestión cometidos por el Gobierno central y las comunidades autónomas (que no lo olvidemos, tienen transferidas las competencias sanitarias); más allá de la dificultad de encontrar material en un mercado embrutecido y deshumanizado donde se ha terminado imponiendo la ley del más fuerte y del dólar, conviene preguntarse cómo hemos podido llegar a esta caótica situación. Y ahí el análisis debe ser mucho más profundo y nos lleva inevitablemente a la gestión de los gobiernos anteriores, que nos habían hecho creer que nuestra Seguridad Social era la mejor del mundo cuando en realidad no era así. Los brutales recortes tras la crisis de 2008, las privatizaciones generalizadas en aquellas comunidades gobernadas por la derecha como Madrid, Valencia y Murcia, en definitiva la falta de inversión en recursos humanos y materiales, han terminado por dejarnos indefensos, sin escudo, cuando ha llegado una plaga que los países asiáticos gestionan con mayor eficacia que los occidentales. Ni siquiera contábamos con un mínimo estocaje de mascarillas y trajes especiales para hacer frente a una pandemia de estas dimensiones y no solo eso, sino que nadie se preocupó de elaborar un plan de emergencia nacional que coordinara administraciones públicas, racionalizara recursos y contara con la nacionalización de empresas capaces de producir en pocos días una cantidad suficiente de material sanitario para abastecernos cuando llegara la tan temida crisis epidémica.
Todo ha fallado, pero sin duda lo más letal para la sociedad española (mucho más que el virus) ha sido esa perniciosa ideología ultraliberal que creía que bastaba con dejar que los mercados se regulasen por sí solos, sin ningún tipo de intervención pública estatal. Una corriente política que además entiende que si los ciudadanos pagan menos impuestos la economía irá mejor y la riqueza fluirá como el maná de tierra prometida. Esa es la peor y más corrosiva de las mentiras que nos han llevado a esta dramática situación. Un país es tanto más rico y avanzado cuanta mayor renta se distribuye entre sus ciudadanos y la regla matemática de que a más impuestos mejores servicios públicos, mejores hospitales y mejores escuelas es irrefutable. Un Estado es más fuerte en la medida en que sus ciudadanos contribuyen equitativa y solidariamente, a través de un sistema tributario justo, en la medida de sus posibilidades.
Lamentablemente, esa ideología contagiosa que trata de convencernos de que pagar impuestos es lo mismo que ser estafado por el Gobierno se ha acabado imponiendo en los últimos años. Y no parece que las derechas vayan a aprender la severa lección que nos deja esta pandemia. Ayer mismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una ferviente defensora de la idea de que los españoles deben pagar menos tributos, proponía “liberar suelo” como solución para salir de la dramática recesión a la que nos enfrentamos. Según la polémica lideresa popular, “parte de la recuperación vendrá por la construcción”, un mensaje que apunta maneras de cuál es el proyecto de Pablo Casado para España si llega a gobernar algún día.
Por propia experiencia sabemos a lo que nos condujo la ley de liberalización de suelo de José María Aznar: a una burbuja inmobiliaria gigantesca que terminó reventándonos en la cara y a una explosión de corrupción urbanística como nunca antes habíamos visto en nuestro país. Pues una vez que superemos la pandemia de coronavirus, las derechas españolas pretenden volver a las mismas recetas económicas fracasadas de siempre: el retorno al mito de que pagando menos impuestos los españoles vivirán mejor (¿quién costeará entonces la Sanidad pública que tanto necesitamos fortalecer?); la recuperación del capitalismo más salvaje; la ley de la jungla. En resumen, la vuelta a los mismos viejos errores del pasado que nos han llevado a ostentar el triste récord de ser el país con más médicos y enfermeros contagiados por falta de material adecuado. La historia se repite con una tenacidad desoladora. España es un país que nunca aprende.
