La reaccionaria derecha y fascista ultraderecha, se caracterizan por tener el mismo denominador común: falta de contenido democrático e intolerancia, no llegando a reconocer y menos soportar, la alternancia en los gobiernos de izquierda y progresistas. Para ellos el poder les corresponde y de hecho lo tienen, a través de los poderes fácticos y por medio de éstos, ejercen gran influencia y control en los ejecutivos. Llegar a ostentarlos les viene muy bien, pero no les es imperiosamente necesario, pues el ejercicio del poder es lo fundamental a ejercer y eso, lo tienen garantizado.
Se les pone aún más fácil, si los hipotéticos gobiernos de izquierda y progresistas, se supeditan a sus designios o hacen políticas contrarias a su supuesto ideario, En ese sentido, han sido muchos los ejemplos que inexplicablemente no han llevado a la practica, siendo de los más importantes, perder la oportunidad de dotarnos a través de Bankia de una banca publica, que nos evitara seguir soportando las extorsiones y abusos de la banca privada.
Lo mismo ocurre con un servicio tan esencial, como es el del sector energético, que sino nacionalizado en su conjunto, al menos, deberíamos poder contar con una empresa del Estado a la que nos pudiéramos acoger, para hacerle la competencia a las empresas privadas, que con el oligopolio implantado cada vez más, van en busca exclusivamente de sus beneficios, con prácticas abusivas y extorsionadoras.
Si a esto le unimos, que todavía no se ha derogado la reforma laboral, significa que el incremento del SMI (salario mínimo interprofesional), prácticamente no tiene la validez necesaria y requerida, ni surte los efectos que se esperaban y es que, muchos trabajadores se ven obligados a realizar horas extraordinarias, sin que les sean remuneradas y por imperativos de subsistencia, tienen que supeditarse y transigir con desaprensivos empresarios.
El IMV (ingreso mínimo vital), fue otra de las políticas estrella, que se anunció como la panacea para ser percibido por 850.000 familias o 2.300.000 personas que, debido a su precariedad podrían acogerse al mismo. Pero lo cierto, es que desde principios de junio del pasado año cuando se implantó, hasta la actualidad, sólo han podido acceder a esta prestación menos del 34% de las personas necesitadas y con sus preceptivos derechos.
Todo esto es como consecuencia de no haber previsto la Administración, las formulas y medios para que se produjera su percepción a la mayor brevedad posible. Al no ser así, la decepción y frustración que esta causando a quienes no lo reciben en tiempo y forma, con toda probabilidad, también les estará causando indignación y en consecuencia, son fácil presa y víctimas del populismo de la reaccionaria derecha, representada por el PP y fascista ultraderecha de Vox.
Al poder económico representado por el Ibex 35 que lo detenta la derecha, se le une los demás: el judicial, que siendo muy mayoritariamente conservador, le está posibilitando dictar sentencias en contra de la acción del gobierno, como ha sido la reciente del TC (Tribunal Constitucional), anulando la decisión del Ejecutivo, en relación al estado de alarma que éste aprobó el 14 de marzo de 2020, medida que tan buenos efectos causó, evitando un mayor numero de fallecimientos por la pandemia.
Igualmente, se demuestra la connivencia y complicidad de la derecha y el poder judicial, cuando desde el Partido Popular, se dedican a boicotear desde hace mas de dos años y medio, la renovación del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). En consecuencia, para disponer de una justicia realmente democrática, esta debe emanar del pueblo.
El militar, es otro de los poderes fácticos dominado por la derecha y en el que tiene mucho arraigo y gran ascendencia. Sus estructuras son obsoletas y con grandes reminiscencias heredadas del franquismo, en consecuencia, es fundamental proceder a su democratización y apertura a la sociedad.
El poder eclesial, sigue siendo prácticamente el del anterior régimen franquista, gozando de los mismos privilegios que están contemplados en el Concordato suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español el 27 de agosto de 1953. Aunque ligeramente reformado por el acuerdo del 3 de enero de 1979, pero en lo sustancial, los beneficios de la Iglesia Católica, siguen inalterables.
Y en gran medida, dominan y controlan el llamado cuarto poder, como son los medios de comunicación.
Con este panorama y preocupante realidad, significa que la derecha extrema y extrema derecha, teniendo el control y dominio de los poderes facticos, desde hace tiempo no le hace falta dar un golpe de estado y menos cruento, pues los objetivos que pudieran alcanzar ya los vienen logrando. Si de verdad se les quiere contrarrestar, la mejor de las formulas, es mediante una sociedad con más libertad y justicia social.
