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análisis

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Tenemos por delante un otoño caliente, tiempo de confrontación política, en el que los partidos comienzan sus estrategias posicionándose de cara a unas elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán dentro de ocho meses. Antes hay que culminar la legislatura, con el reto de la aprobación de los Presupuestos para 2023 y otras leyes importantes como la ley mordaza.

Se ha producido un desembarco de Moncloa en Ferraz, con el objetivo de coordinar mejor sus políticas; con un comité de dirección formado casi en su totalidad por integrantes del Gobierno. El PSOE se ha activado en modo electoral. «Vamos a por todas» o «toca meter una marcha más» son las consignas. Mientras el presidente Pedro Sánchez suma éxitos internacionales, en España no atraviesa el mejor de sus momentos. Según las últimas encuestas, la victoria de Feijóo otorgaría al PP 134 escaños mientras que el PSOE se haría con 92. Por su parte, Vox conseguiría 51, Unidas Podemos 25 y Más País, 4. Ciudadanos se quedaría fuera del hemiciclo.

Mientras la vida política continúa, en alguna ocasión al margen de los intereses generales, la escalada de la inflación, está haciendo la vida muy difícil para la mayoría de la ciudadanía. Especialmente a los que menos recursos tienen, que va en aumento. La subida del coste de la vida, con una inflación desbocada, no se ve acompañada por incrementos salariales, que amortigüen el efecto en las economías domésticas, lo que nos lleva a un otoño caliente para exigir que los salarios suban al ritmo de la inflación que este mes se ha situado en el 10,4% sin control.

Núñez Feijóo, desde la dirección nacional del Partido Popular ha dado la cara. De aquel líder, que mostraba una cara amable y moderada, que apareció para sustituir a Pablo Casado (todavía no tengo claras las causas de su sustitución), se mantiene en «no a todo», mostrando un cinismo que no engaña. En Génova han elegido la crisis energética para dar la batalla al Gobierno y nada hace pensar que cambien su estrategia. De propuesta, contradicción a nueva propuesta, así es su acción errática. El giro de Bruselas sobre la excepción ibérica ha obligado a los populares a modular su discurso y ahora defienden que fueron los primeros en proponer la intervención del mercado eléctrico.

Feijóo sigue enfangando el escenario sobre la renovación de los órganos constitucionales. Pablo Casado alcanzó un acuerdo con el Gobierno para reformar la ley del Poder Judicial que nunca se hizo público. Asegura que en el traspaso de poderes se informó al equipo de Feijóo y se les dio el documento firmado. La dirección de Feijóo lo niega, a pesar de que El País lo ha hecho público. Las conversaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ siguen estancadas, sin que el PP argumente su posición. No se escapa que la decisión de no renovar lo hace para no perder su mayoría conservadora en el órgano de los jueces.

Unidas Podemos centrará sus esfuerzos en los Presupuestos Generales del Estado. Pedirá desbloquear e impulsar normas como la ley de vivienda o la derogación de la ley mordaza, paralizadas en el Congreso de los Diputados. También insistirá en la aprobación de la ley de familias para establecer una renta universal por crianza y la ampliación a seis meses de los permisos de maternidad y paternidad. Igualmente aspira a completar la reforma fiscal con modificaciones en el Impuesto de Sociedades para mejorar su eficacia recaudatoria, y con un impuesto que grave la riqueza, que se añadirán a los impuestos a las grandes eléctricas y a las entidades financieras.

En este clima preelectoral, estará presente la evolución de la pandemia del coronavirus y si comenzará o no la cuarta dosis de vacunación. Las consecuencias de la guerra prolongada entre Rusia y el mundo, desarrollada en suelo ucraniano; la evolución de la inflación, o la entrada de la economía española en recesión; el aumento de los tipos de interés, la alteración del contexto geopolítico y la crisis energética, son otros de los asuntos que alterarán la agenda política en el nuevo curso político.

Los próximos meses estarán marcados por la incertidumbre y los riesgos, agravado por la fuerte división motivada por la pelea sin cuartel que libran un PSOE y PP incapaces de llegar a un mínimo acuerdo sobre todo. El PSOE está dispuesto a dar la batalla y desgastar a un Feijóo al que acusan de “mentir”, ser un “populista” y emular al mismísimo Donald Trump. El Ejecutivo seguirá la línea de lanzar políticas nítidamente progresistas para activar a una izquierda muy pendiente de si Yolanda Díaz será capaz de reorganizar el espacio político a la izquierda del PSOE.

El rechazo de Unidas Podemos y el resto de socios complica el incremento del gasto militar en los Presupuestos y será otro motivo de confrontación. Moncloa da por hecho que el Gobierno cumplirá el compromiso de Sánchez de aumentar el presupuesto en Defensa en las cuentas de 2023, pese a las resistencias explícitas de los aliados.

Otra medida que llevará a la confrontación es la futura ley de Información Clasificada (secretos oficiales), cuyo proyecto contiene múltiples medidas que amenazan la libertad de información y de expresión, así como al control ciudadano sobre cualquier vulneración de las libertades públicas que el Ejecutivo, sea de color que sea, quiera ocultar. Seguirá ocultando o limitando determinadas acciones del franquismo.

Mientras se posicionan sobre medidas concretas, las municipales y autonómicas de mayo serán una prueba de fuego y un termómetro para medir la fortaleza de cada partido, que tendrá su repercusión directa en los resultados de las elecciones generales. Yo pediría un poquito de amabilidad, respeto y más eficacia.

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