Nadie sabía, salvo el aparato de Génova, claro está, que el exjuez y actual consejero de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López, tenía carné del PP. Se ha sabido ahora, justo cuando ha anunciado que se da de baja del partido y, presumiblemente, deja la política. Curiosa manera de entender la “independencia judicial” ésta de la derecha conservadora.
En el documento en el que se acordaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se pactó que los jueces que habían estado en política deberían esperar dos años para retornar a la carrera judicial. Ahora, Enrique López, dicen en su entorno, está preparando su vuelta a la Audiencia Nacional. Nada de “esperar en el congelador”. Eso sí. Critican hasta rabiar la elección del exministro Juan Carlos Campo para magistrado del Tribunal Constitucional.
Enrique López era un simple juez de primera instancia en León. Utilizando su “afinidad ideológica”, que ahora dice va a seguir manteniendo, logró hacerse con una vocalía del Consejo General del Poder judicial. Y de ahí, y gracias a la “discrecionalidad” del presidente Carlos Lesmes, fue ascendido a juez de sala de la Audiencia Nacional saltándose los correspondientes escalafones.
En la instancia judicial se le recuerda por sentencias como la del Caso Valtònyc. El rapero fue acusado de delitos de enaltecimiento del terrorismo, incitación a la violencia e injurias a la corona en sus canciones, fue condenado a 3 años y medio de cárcel por un tribunal en el que formaban parte él, su compañera ideológica, Concepción Espejel, y Juan Pablo González. Los jueces del Supremo, más o menos proclives a la “afinidad “de la que presume López, ratificaron la sentencia. El rapero huyó de España.
No es de extrañar que tanto Enrique López como Concepción Espejel fuesen recusados en el Caso Gürtel. Sus “afinidades ideológicas” son incompatibles con los juicios donde se examinan las actuaciones llevadas a cabo por dirigentes del partido al que muestran sus simpatías. Incluso, como ahora se ha comprobado en el caso de López, con carné de militante en la organización.
No acaba ahí la carrera judicial de López. Sus afinidades le llevaron a ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional. Tuvo que dejarlo porque le pillaron a las siete de la mañana conduciendo su moto con una tasa de alcoholemia que triplicaba la legalmente permitida. Cometió un delito que se solventó, como casi todos en estos casos, con retirada del carnet por un año, multa y el consabido cursillo de mentalización que imparten los centros escogidos por la Confederación Nacional de Autoescuelas de España.
No perdió el tiempo. Y aún sin dejar claro si era militante activo del PP, Pablo Casado, entonces presidente de los populares, le compensó nombrándole secretario de Justicia del Partido. Y de ahí al primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad Autónoma de Madrid en calidad de consejero de Presidencia, Interior y Justicia. El cargo que ocupa actualmente y del que va a salir, dicen, porque así lo ha decidido su jefa, que no perdona su ambigüedad a la hora de pronunciarse en la crisis que enfrentó a la lideresa con Casado y que terminó con el resultado de todos conocido.
Hasta aquí nada nuevo y relevante. Sólo que ahora López dice que ha “entregado el carné de militante”. Algo que se desconocía oficialmente. Su futuro pasa, según indican en su entorno, por la vuelta a la Audiencia Nacional donde tiene plaza asignada por obra y gracia de Lesmes al que tuvieron que parar los pies en su frenesí de elegir a dedo a jueces, todos conservadores, para las altas instituciones de la magistratura cuando su mandato había caducado.
Y la información no tendría mayor transcendencia de no ser porque el Partido Popular no hace más que clamar al cielo por las “puertas giratorias” judiciales de los altos cargos del PSOE. Pasó con Dolores Delgado cuando se criticó duramente su nombramiento como fiscal general del Estado poco después de cesar como ministra de Justicia. Ahora pasa lo mismo con la designación de Díez y Campo como magistrados del Constitucional. Se quejan en Génova que ambos han ejercido de altos cargos hasta hace pocos meses. Recuerdan que pactaron con el PSOE, en ese famoso acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, la prohibición a los jueces que han ejercido cargos políticos de volver a la carrera judicial durante dos años.
Parece que eso no cuenta en el caso de Enrique López quien todavía se mantiene como consejero de la CAM sabiendo que Díaz Ayuso no cuenta con él para después de las elecciones de mayo, si es que la lideresa renueva mandato. López también ha pensado en la posibilidad de acomodarse en el sector privado. Algún despacho de abogados o el consejo de administración de una empresa.
No se sabe bien lo que pasará con él. Pero una cosa es segura. Si pide volver a la Audiencia Nacional habrá vulnerado el principio de su ex partido. Núñez Feijoo no tendrá más remedio que quedarse callado cuando hable de incompatibilidades. No vaya a ser que alguien le recuerde este y otros casos semejantes.
