Mukesh Sighn, Pawan Gupta, Vinay Kumar Sharma y Akshay Thakur fueron ejecutados el pasado viernes por la violación en grupo y el asesinato de una mujer de 23 años, perpetrado en Delhi (India) en 2012. Sobre esta ejecución se ha pronunciado Amnistía Internacional que, a través de un comunicado, afirma que “no hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial frente al delito, y su uso no va a erradicar la violencia contra las mujeres en India”. En este contexto, cabría recordar que la violencia machista es un problema estructural provocado por el sistema patriarcal implantado en la sociedad desde tiempos inmemoriales.

Luchar contra este problema estructural a través del endurecimiento punitivo, no soluciona la violencia contra las mujeres. En este sentido, Amnistía sostiene que lo que realmente hace falta “son soluciones efectivas a largo plazo, como mecanismos de prevención y protección para reducir la violencia de género, mejorar las investigaciones, enjuiciamientos y apoyo a las víctimas y familias de las víctimas”. El caso de India, que presenta una clara vulneración de los derechos humanos contra los propios asesinos, se hace extensible aunque no comparable, con la insuficiencia de los protocolos de prevención, así como la falta de formación y educación en esta materia en el Estado español.

La pena de muerte en India o en el caso de España, las medidas que algunos partidos defienden como la prisión permanente revisable no son, y queda manifiesto, la vía de erradicación de la violencia machista. Desde 2003, 1.050 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista en España, una realidad cruenta que no encuentra la solución en más violencia punitivista. Por eso, la seguridad para mujeres que sufren o han sufrido violencia machista es fundamental en la prevención de posibles nuevos casos de violencia machista, como se ha venido haciendo con víctimas del terrorismo, por ejemplo.

De igual forma, la educación en igualdad real y diversidad desde edades tempranas se presenta como la herramienta más poderosa para garantizar una sociedad más justa y tolerante en las próximas décadas. Una sociedad que no entienda de desigualdad, que contemple el género como un constructo social y que no utilice el sexo como elemento discriminador. En ese escenario ideal, la violencia machista sería un mal residual alejado del carácter estructural que presenta en la actualidad. Debemos recordar que en lo que va de 2020, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas hombres se eleva a 17.

En cuanto a la responsabilidad del entorno cercano de la víctima de violencia machista, la fiscal, Teresa Peramato, en una entrevista concedida hace años a Diario16, advirtió que “el 81 % de las mujeres han comentado alguna vez que están sufriendo violencia machista a familiares, amigos, vecinos, a las personas de su entorno, a profesores, a tutores, que se lo han comentado a algún profesional socio sanitario”, sin embargo, apuntó a que “solo el 2% de las denuncias tiene su origen en los familiares, que solo el 13% tiene su origen en los informes socio sanitarios” y que, por tanto, “no se está actuando de una forma adecuada frente a la violencia”.

También destacó que “el 18,5% de los familiares que recibieron la noticia por parte de la víctima de que estaba sufriendo violencia le dijeron que le diera una nueva oportunidad  al agresor, que un 18,1% reaccionó con absoluta indiferencia y que un 11,5% recriminó a la víctima”. En este sentido, Peramato dejó manifiesta la falta de nivel de concienciación y sensibilización, “ya que estas mujeres necesitan el apoyo asistencial como social, estas mujeres y sus hijos, pero también el apoyo de su entorno”. De esta manera, “si no se sienten comprendidas, si no se sienten amparadas, si no se sienten ayudadas para dar el paso, si se sienten rechazadas, evidentemente vamos a mantener un porcentaje alto de violencia oculta”, incidió la fiscal.

Entre las recomendaciones propuestas por Peramato, destacan, en primer lugar, “la concienciación y sensibilización”, que incluiría también a los profesionales sociosanitarios en la implicación y cumplimiento de su obligación de comunicación de la violencia detectada al fiscal o juez. “Si toda esa información que tienen familiares, amigos, personas del entorno, vecinos, también la tuviéramos en la Administración de Justicia, la respuesta sería distinta y podríamos ayudar muchos mejor a las víctimas”, añadió la fiscal.

Educación como piedra angular para la prevención de la violencia machista. “¿Cómo puede ser que entre jóvenes y adolescentes se esté produciendo un nivel de violencia, de abuso y de acoso?”, se preguntó la fiscal, quien explicó seguidamente que este repunte “es un síntoma de que no estamos educando bien a las nuevas generaciones”, y añadió: “educación en la escuela, a las familias, en los medios de comunicación; educación en la sociedad en general, que tendrían que incluir la violencia de género para que esos jóvenes identifiquen correctamente las conductas.

El tercer elemento sería la prevención. “Ayuda, asistencia y apoyo a las víctimas siempre, antes de la denuncia, durante el procedimiento penal, después del procedimiento penal e, incluso, al margen del procedimiento penal”, sentenció Peramato. Además, apostilló que “la asistencia y el apoyo a las víctimas no se debe condicionar ni a la denuncia ni a la orden de protección. Que se les de ese apoyo por todas las administraciones en cualquier momento en que lo requiera, ya que si lo hacemos depender todo del procedimiento penal, no estamos haciendo las cosas bien”, concluyó.

Apúntate a nuestra newsletter

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre