Leonel Fernández, desde el ejercicio de su función pública de primer nivel, ideó y puso en marcha, presuntamente, la creación de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) con la supuesta finalidad de obtener la captación, recepción y uso de recursos procedentes tanto del sector público como del privado, en este caso a la hora de percibir presuntas comisiones de empresas que eran contratistas del Estado.

Para conseguirlo se utilizaron, según los documentos publicados por Diario16, procedimientos como, por ejemplo, la utilización de personas interpuestas en la titularidad de cuentas bancarias, recibir valores en efectivo y compra de cheques bancarios para tratar de ocultar el origen de los fondos; pagos del aportante a la Funglode a través de terceros, transferencias bancarias a través de sistemas triangulares para ocultar la personalidad del donante o el origen de esos recursos.

Tal y como se puede comprobar en la documentación publicada, Leonel Fernández utilizó supuestamente los recursos recibidos en provecho propio en, por ejemplo, mejora de su imagen pública, tanto nacional como internacional. Ese dinero también sirvió para fomentar el clientelismo, cubrir gastos corrientes, controlar propiedades inmobiliarias. Por otro lado, Fernández juró que era propietario de un patrimonio muy inferior al real.

Por tanto, según lo indicado por la Constitución dominicana, Leonel Fernández ha podido cometer un presunto delito de corrupción, además de otros supuestos delitos que iremos analizando próximamente.

En concreto, con lo que demuestran los documentos publicados en estas páginas, Fernández conculcó la Carta Magna de la República Dominicana, en concreto, lo indicado en el artículo 146, que indica claramente que «Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico».

De igual modo, Fernández, pudo haber violado el apartado de dicho artículo que indica que «Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente».

Por tanto, Leonel Fernández, durante los años en que ocupó la presidencia de la República Dominicana, se valió presuntamente de un mecanismo por el cual los fondos se transferían con los métodos arriba indicados, fondos que, finalmente, pudieron repercutir en un presunto enriquecimiento a través de la Fundación.

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