La presión de los madrileños ha logrado evitar que el Ayuntamiento de Madrid, de Martínez Almeida (PP) y Begoña Villacís (Ciudadanos) desahucie a los 250 vecinos y vecinas, entre ellos 40 menores de la calle Luna 32.
El Palacio es de titularidad municipal y pretendía desalojarlos sin haberles ofrecido una solución habitacional, según han denunciado los afectados. Las familias viven en el conocido Palacio de la Infanta Carlota, algunos con contratos con los anteriores dueños.
Todos están de acuerdo en que deberán abandonar el edificio, pero antes de hacerlo piden que se les ofrezca un alquiler social acorde a sus posibilidades económicas, sobre todo en época de pandemia y con el comienzo de la ola de frio.
Los vecinos y vecinas, algunos de ellos con más de 70 años viviendo en el edificio, están dispuestos a dar la batalla judicial para poder encontrar una solución. Aseguran que, pese a pararse el desahucio en esta ocasión, “no abandonarán voluntariamente las casas, ya que no tienen medios para poder costearse un alquiler”.
El palacete fue expropiado por el Ayuntamiento de la Madrid en 2005, cuando Alberto Ruiz Gallargón era alcalde y son muchos los vecinos y vecinas que conservan los contratos de alquiler con el antiguo propietario del edificio.
Desde la asociación SOS Malasaña denunciaron que el Consistorio pretende recuperar el edificio, antiguo palacete de la infanta Carlota, para especular en época de la Covid-19 y ejecutar el desahucio de las familias vulnerables que allí viven.
Una de las vecinas es Julia que lleva toda su vida, 70 años, en el edificio: “No soy ninguna okupa, tengo mi contrato y pago mi luz”, como muchos de los vecinos del palacio, que niegan que sean ocupas.
El edificio de 1775, del arquitecto Juan de Villanueva, conocido como el palacete de la infanta Carlota, tiene las escaleras apuntaladas con estructuras de madera que dan un aspecto de peligrosidad y precariedad. La realidad es que el interior de los pisos no está deteriorado.
Esta casa no está en ruinas
Algunos pisos son pequeños, con apenas dos habitaciones para cuatro personas, así nos lo contaba una mujer que vive en lo que antes era la portería. Dos de sus hijos tienen que dormir en el sofá del salón y si le hubieran desalojado se habría tenido que ir a la calle. Solo le ofrecían un piso compartido que no es el mejor lugar para niños pequeños.
Julia le pide al alcalde del PP y a Begoña Villacís de Cs, “que sean humanitarios, que tengan corazón y que no nos dejen en la calle a mí y a todos los vecinos”.
“Esta casa no está en ruinas”, es el grito unánime de los vecinos y vecinas y de las cientos de personas que han logrado frenar este desalojo cuyo único fin es la especulación inmobiliario y el pelotazo del ladrillo.
