Betty Malmberg es parlamentaria sueca del Partido Moderado desde el año 2006 y acaba de plantear una cuestión a Margot Wallström, ministra de asuntos exteriores de Suecia.
Concretamente, Malmberg le plantea la siguiente cuestión:
«Durante los dos últimos años, algunos políticos de la región de Cataluña en España han sido detenidos. Ahora, un grupo de trabajo vinculado con la Agencia de Derechos Humanos de Naciones Unidas le ha indicado a España que los presos deben ser puestos en libertad, al considerar que están encarcelados por razones arbitrarias. El Grupo de Trabajo muestra su clara opinión al respecto de la violación de Derechos Humanos respecto al encarcelamiento de los presos políticos catalanes.
En lo que respecta a la situación en Cataluña, el gobierno sueco ha mantenido hasta ahora un perfil bajo. Teniendo en cuenta el informe presentado recientemente por el Grupo de Trabajo vinculado a Naciones Unidas, sería interesante conocer más sobre la opinión actual del gobierno respecto a Cataluña.
Respecto a lo anterior, me gustaría preguntarle a la ministra de Asuntos Exteriores, Margot Wallström:
¿Tiene previsto el Ministerio de Asuntos Exteriores actuar sobre el informe del grupo de trabajo en, por ejemplo, contactos bilaterales con el gobierno español o en el marco de cooperación de la UE?»
La ministra tiene hasta el 19 de agosto para contestar a esta pregunta.
No es la primera vez que la diputada Malmberg plantea una cuestión sobre Cataluña. Precisamente el pasado 31 de julio de 2018, presentó esta también, que ya ha sido contestada:
«A la ministra de Asuntos Exteriores, Margot Wallström:
Recientemente, la justicia alemana dictaminó que el expresidente regional de Cataluña, Puigdemont, debería ser absuelto de los altos cargos de traición. «El grado de violencia requerido para que se considere una alta traición no se ha producido en España. Tampoco puede considerarse como perjudicial para el orden público, ya que Carles Puigdemont solo estuvo involucrado en impulsar el referéndum», señala el tribunal.
En la práctica, el fallo de la corte alemana significaba que los siete políticos catalanes que se exiliaron en Europa ahora podrían viajar y moverse libremente en todos los países, excepto en España. Sin embargo, esto no se aplica a los nueve políticos catalanes que optaron por no abandonar España. Todavía están en prisión, algunos de los cuales han estado encarcelados durante más de nueve meses.
En respuesta a una pregunta anterior (2017/18:45) de la abajo firmante, que trataba sobre el desarrollo en Cataluña, la ministra de Asuntos Exteriores, Margot Wallström escribió que «todas las acciones gubernamentales deben realizarse con moderación, respeto a los derechos humanos y de conformidad con el estado de Derecho». esto también es algo que el Secretario General del Consejo de Europa ha declarado y estoy totalmente de acuerdo con ello. Por lo tanto, el hecho de que haya políticos locales que todavía estén en la cárcel española por haber decidido llevar a cabo un referéndum es, sin duda, una situación extraña en una democracia yen uno de los Estados miembros de la UE.
Todos los prisioneros fueron altos cargos durante el gobierno de Puigdemont. Incluye, por ejemplo, a la expresidenta del Parlamento regional y al ex vicepresidente, así como al consejero de exteriores de la región.
Con referencia a lo anterior, me gustaría preguntarle a la ministra de Asuntos Exteriores, Margot Wallström, si el gobierno tiene la intención de actuar por su cuenta o a través de la UE en apoyo de los políticos catalanes que están encarcelados por haber decidido realizar un referéndum».
La respuesta de la ministra de Asuntos Exteriores fue la siguiente:
«Betty Malmberg me ha preguntado si el gobierno tiene la intención de actuar solo o por medio de la UE en apoyo de los políticos catalanes que están en carcelados por haber decidido realizar un referéndum.
La cuestión de la posición de Cataluña en España es un asunto interno español y debe buscarse una solución en el marco de la constitución española.
El gobierno sueco ha expresado su pleno apoyo a los esfuerzos del Gobierno español y sus instituciones para garantizar el orden constitucional en Cataluña. Uma solución a largo plazo al conflicto entre los gobiernos de Madrid y Barcelona se basa en un deseo de diálogo político, respeto por los derechos humanos y estado de derecho.
Estocolmo, 13 de agosto de 2018»
