La finalidad de la política debe ser noble o no ser. Aún así, ese propósito solo es factible de concretarse si quienes gestionan son gente esencialmente buena. Pero, en la dimensión de la gestión de los recursos públicos, lamentablemente no abundan. Es mayoría la avaricia. La incapacidad de ser empáticas con las necesidades de su ciudadanía, sólo por atender las exigencias de sus amos. Porque tienen amos. Son quienes los colocaron allí. Entonces, y no de otra manera, no hacen más que una política de bagatelas que oculta las verdaderas intenciones de proseguir con el despojo.

Una bagatela es esencialmente una fruslería. Son naderías. Cosas inútiles. Todo para continuar con las privatizaciones o la restricción de fondos. Pero, tal estilo, ocasiona víctimas. Que no son bagatelas. Los mediocres no saben, no pueden y tampoco quieren. Sólo, desde su incapacidad, desconocen el alcance de las consecuencias de sus decisiones banales.

Recordemos el caso del Ébola. La entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, la del Jaguar, los globos y confetti, un claro ejemplo de incapacidad, convocó una conferencia de prensa el 6 de octubre de 2014 en la que se anunció el brote. Su evidente incompetecia en la materia exacerbó aquella crisis sanitaria. En ella se intentó ocultar dónde iba a ser tratada la enfermera Romero, cuando ya los medios habían publicado que iba a ser en el complejo hospitalario La Paz-Carlos III, y no se dieron datos acerca del contagio. Fue el primer caso de contagio de ébola fuera de África con dos religiosos fallecidos y un perro inutilmente sacrificado. El caso se cerró sin que hubiese responsables. Aunque sí dimisiones, tanto la ministra de Sanidad, Ana Mato, como el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, perdieron el puesto poco después de la crisis del ébola. Mato, más que por la crisis sanitaria, dimitió al ser imputada por la trama Gurtel. En el caso de  Rodríguez se lo cesó por sus inapropiadas acusaciones a Romero, a la que acusó de mentir y de poco profesional. Hablamos de 2014. El desmantelamiento de la sanidad a favor de los grupos “amigos” prosiguió. Ningún proceso judicial prosperó. Pese a todo, la sanidad pública dio la talla y el brote se controló.

La cancelación del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona abre una serie de preguntas acerca de las presiones que pudieron ejercerse sobre los organizadores. Se extrañó en cualquier caso alguna declaración solidaria del alcalde de Madrid al respecto, aunque todo el mundo recuerda su propuesta de quitar el evento a Barcelona. No comprenden que perdiendo Barcelona pierde toda España. Política de bagatelas. Inútil y dañina.

Algunas fuentes consultadas llegan a considerar que sería un aviso sobre la inconveniencia de aplicar la Tasa Google. Según los Presupuestos de 2019 el Ejecutivo proyectó que el impuesto a determinados servicios digitales o «tasa Google», gravara con un 3 %. Su aplicación generaría unos ingresos de 1.200 millones de euros por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por los usuarios. De ser así, esta podría ser una política de bagatelas. Parece que sus efectos han alarmado hasta a sus propios promotores. Ha quedado en evidencia la intención dañina frente a otros eventos internacionales.   

La elección de los temas para controlar al gobierno de coalición es un ejemplo nítido de ausencia de entender que preocupa a los españoles. El espectáculo parlamentario por su nivel es penoso. De la misma manera que lanzar a los pequeños agricultores contra un gobierno que aumenta en 50€ el Salario Mínimo Interprofesional, cuando históricamente las deficiencias competitivas de su modo de producir y de asociarse para agregar valor y producir riqueza, son realmente el resultado de prácticas esclavistas. El cooperativismo no se considera por aquellos que hacen del trabajo opaco y en condiciones infrahumanas la fuente de sus ingresos. ¿Estas explotaciones son nichos de votantes de la ultraderecha?

Se cree que la voluntad de una mayoría ciudadana no es legítima. Se pone en cuestión el tener otra visión del mundo. Eso, por tanto, podría definirse como proponer para España un Estado autoritario de pensamiento único.

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