España suma ya cinco años de crecimiento económico consecutivos, los niveles de pobreza, que se desbocaron durante los años de la gran recesión y la aplicación de políticas de ajuste extremo, apenas se reducen, y la calidad de vida de la mayoría de las personas no mejora como debería.
Está es la principal y más dramática conclusión que se extrae de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018 (con datos de renta del año anterior), publicada por el INE. Aunque la mayoría de los indicadores reflejan ligeros avances, resultan claramente insuficientes en el contexto actual, con una población fuertemente empobrecida durante la crisis, que no posee capacidad financiera para avanzar en su nivel de bienestar.
Según los datos conocidos, la renta por hogar mejoró en 2018 un 3,1%, hasta situarse en 28.417 euros. Sin embargo, todavía es un 5,4% inferior a la que tenían en 2009. La tasa de riesgo de pobreza de la población total apenas se ha reducido en el último año en una décima (del 21,6% al 21,5%). Incluso ha aumentado entre los mayores de 45 años.
El riesgo de pobreza y exclusión social (el llamado indicador o tasa AROPE ) se ha reducido medio punto (del 26,6% al 26.1%), pero es 1,4 puntos superior al existente en 2009, y 2,3 al de 2008. La mejoría en el pasado año de este indicador se debe al avance en dos de sus tres componentes: el riesgo de pobreza ya comentado y el número de hogares con baja intensidad en el empleo (del 12.8% al 10,7%). Sin embargo, empeora el número de hogares con carencias materiales severas, que aumenta del 5,1% al 5,4%.
El desglose de este indicador para la población de 16 y más años según su relación con la actividad ofrece también una perspectiva muy preocupante, que refleja la escasez de los salarios, las prestaciones y las pensiones en nuestro país, puesto que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social el 16% de los ocupados, el 58,9% de los parados y el 15,1% de los jubilados. El caso de las personas en situación de desempleo es especialmente dramático, y refleja tanto el hecho de la escasa cobertura de las prestaciones por desempleo (solo reciben alguna prestación el 52,6% de los parados estimados por la Encuesta de Población Activa) como la reducida cuantía de estas.
Es un porcentaje similar a los desempleados que declaran llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad (51,3%). En el caso de los ocupados la cifra también es muy elevada: el 26,8%, es decir, más de uno de cada cuatro.
Este conjunto de indicadores refleja que la situación de bonanza económica que viven las empresas, que superaron hace años los efectos de la crisis de 2008 a 2013, y las personas con mayores rentas y patrimonios, no se está traduciendo en una mejora de la calidad de vida de la inmensa mayoría de los hogares, que componen la clase trabajadora de nuestro país.
Las razones fundamentales son tres:
Elevada precariedad del empleo, que hace que trabajar ya no sea garantía de llegar a fin de mes o de no caer en situaciones de pobreza o exclusión social.
La intensa devaluación salarial sufrida y la insuficiencia de horas trabajadas (por el aumento de los contratos a tiempo parcial y de la rotación de los contratos temporales) dibujan un panorama incompatible con el bienestar económico de buena parte de las personas con empleo.
“La situación de bonanza económica que viven las empresas, no se está traduciendo en una mejora de la calidad de vida de la inmensa mayoría de los hogares”
Desmantelamiento de la negociación colectiva con la reforma de 2012, que otorgó poderes desmesurados a las empresas y potenció el surgimiento de convenios colectivos diseñados exclusivamente para realizar dumping económico y social, tirando a la baja los salarios y las condiciones de trabajo.
Los recortes en el sistema de protección social sufridos desde 2010, en todos sus ámbitos (pensiones, prestaciones por desempleo y prestaciones sociales), tanto por la reducción de su cobertura como por la merma de sus cuantías.
Para el sindicato UGT es necesario y perentorio que se forme cuanto antes “un Gobierno de progreso que ponga en marcha un giro social de manera urgente”, para atender las necesidades de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que sigue inmersa en duras dificultades económicas.
Para el sindicato, “este nuevo Gobierno debe revertir las reformas y recortes acometidos desde 2010, y en especial la reforma laboral de 2012 y la de las pensiones de 2013, así como implementar una estrategia integral de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y la puesta en marcha de una nueva política económica que se dirija hacia la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de nuestro raquítico estado de bienestar”.
Nuestro país no puede esperar y los trabajadores y trabajadoras de este país no pueden y no deben seguir precarizando sus vidas, mientras la clase política de la derecha se dedica a frivolizar con sus derechos.
