Varias organizaciones, ecologistas y sindicatos, que integran la plataforma Por un Monte Galego con Futuro, han presentado una denuncia ante la Fiscalía por la «inacción» de la Consellería de Medio Rural ante la ola de incendios que han arrasado ecosistemas de gran valor, en las últimas semanas, como el Parque Natural del Invernadeiro y Macizo Central Ourensán, Serra do Courel, Bisbarra de Valdeorras, Val de Monterrei, Montes da Cañiza, Montes da Bisbarra do Ribeiro y Arenteiro.
También ha solicitado al Defensor del Pueblo que actúe de oficio e investigue en profundidad la actuación de la Xunta de Galicia en la prevención y extinción de incendios forestales para esclarecer las responsabilidades penales.
Señalan que el daño causado por los incendios forestales, con la quema de miles de hectáreas de bosques y la destrucción de ecosistemas, «se ha agravado porque hasta la fecha no se ha realizado la mayor parte de los trabajos de prevención de incendios previstos para el año 2022».
El supuesto plan de Núñez Feijoo
Parte del Plan de Prevención de Incendios Forestales presentado el 5 de mayo de 2022 por el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, con un presupuesto de más de 180 millones de euros que, entre otras partidas, tenía prevista una inversión de 33 millones de euros para prevención e intervención en 58.000 hectáreas de montaña.
Más vale prevenir que lamentar
Asimismo, sostienen que la extensión e impacto de los incendios forestales «habría sido mucho menor» si se hubiera activado todo el operativo “Temporada de Máximo Riesgo de Incendio”, tal y como establece el PLADIGA 2022.
Ante la situación de alarma por riesgo extremo de incendio forestal, también fue necesario adoptar las medidas complementarias establecidas en los protocolos de Protección Civil tanto de la comunidad autónoma como del Estado español.
“Los indicadores diarios de incendios forestales nos permitían predecir que, en caso de que se produjeran focos iniciales de incendios forestales, estos fácilmente podrían convertirse en Grandes Incendios Forestales, como lamentablemente ocurrió el pasado 14 de julio”, subraya Xosé Santos, portavoz de Por un Monte Plataforma Galego con Futuro.
“Luego, tras los primeros focos iniciales, no se actuó a tiempo y con los medios suficientes para tratar de controlar su expansión y minimizar los efectos de los incendios tanto en los ecosistemas como en los daños económicos y sociales que podría ocurrir”, denuncia.
Escasez de medios
La plataforma destaca la dramática situación que se vive en pueblos y poblaciones con varias casas quemadas por incendios forestales descontrolados por falta de recursos, especialmente entre el 14 y el 27 de julio. Señalan que el operativo para extinguir los incendios se vio desbordado desde un principio por la falta de medios técnicos, materiales y humanos.
«Las brigadas entraban día tras día también con sólo 1, 2 o 3 componentes cuando la brigada forestal típica de los servicios forestales de Galicia es de 5 componentes. Los pocos camiones disponibles no estaban cubiertos las 24 horas por falta de conductores, había vehículos autobombas guardados en garajes, brigadas de refuerzo de verano desde bases de helicópteros no contratadas, y hasta brigadas municipales no activadas», explican.
Por tanto, consideran que el grado de movilización del operativo de prevención y extinción de incendios fue equiparable al que se activa durante una precampaña en los meses de marzo, abril, mayo y junio.
También advierten de que en el mes de julio, en Galicia, se quemaron cerca de 40.000 hectáreas con millones de animales atrapados y muertos por el avance de las llamas sin que existiera un protocolo de actuación para minimizar los efectos de los incendios en la fauna ni para recoger los animales heridos e intentar curarlos en los centros de recuperación de fauna salvaje.
Ahora, la plataforma espera que la Fiscalía abra una investigación sobre los enormes daños causados por la negligencia del Gobierno. Dado que, además de los graves daños causados a los bosques y ecosistemas más valiosos de Galicia, destruyendo la flora y la fauna y afectando a los acuíferos y ecosistemas fluviales, también se produjeron pérdidas de viviendas, equipamientos y daños en las infraestructuras, graves costes económicos y pérdidas sociales que ponen en riesgo la sostenibilidad y el futuro.
