La marcha a pie emprendida a finales de diciembre desde Zaragoza a Madrid por Nuria y Manuel, un matrimonio que solicita la tutela de sus tres hijos, después de que estos fueran dados en acogida por los Servicios Sociales a la tía y hermana de la madre. Pero no sólo eso, su intención, y por ello permanecen en Madrid, desde la pasada Nochevieja, es poner en conocimiento del Gobierno, los partidos de la oposición y la Casa Real la necesidad de un punto y final a las tuteladas en España, y el retorno de los menores con sus familias biológicas (padres), una reivindicación que va más allá de su propio caso.
«Un caso claro de antigitanismo»
El asunto vuelve a abrir dos debates: primero, el fin de las tutelas en España y el regreso de los menores con sus familias biológicas. Segundo, el estigma del antigitanismo servido en bandeja fría desde los Servicios Sociales al padre de los tres menores. Ante este hecho, se ha unido a la lucha de Nuria y Manuel la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos, junto a las entidades Diwork y la Asociación de Familias para la Sociedad del Siglo XXI.
«Este matrimonio, por el hecho de que él sea gitano y ella no, está siendo víctima de antigitanismo. A ella le están facilitando que vea a los niños, cosa que a la familia del marido, no. Y eso es lo que vamos a tratar también, el antigitanismo, basándonos en la ley existente».
Gobierno, oposición y Casa Real, no responden ante la llamada de la familia
En declaraciones a Diario16, el presidente de la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos, Agustín Vázquez, explica que desde la organización han enviado hasta seis comunicados por correo electrónico a diputadas y diputados del Congreso para que den respuesta a esta inquietud «que tiene la sociedad para poder regularizar todo lo concerniente a las tutelas de menores y que se basen en el Artículo 39 de la Constitución Española. Por el momento no tenemos noticias».
Acudirán al Defensor del Pueblo de la Unión Europea
Respecto a la gestión en manos privadas, a través de empresas propiedad de fondos buitre de inversión en muchas ocasiones de buena parte de los recursos destinados a los menores tutelados, comenta Vázquez que «lo están llevando como un plan de negocio, es la verdad, y eso tiene que regularizarse. Por parte de la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos tenemos previsto elevar este asunto al Defensor del Pueblo de la Unión Europea para que se ponga manos a la obra respecto a esta cuestión».
Vázquez ha mostrado su apoyo incondicional a la familia por parte de la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos. «Nosotros vamos a estar ahí, al pie del cañón, conjuntamente con otras entidades que están también ayudando a Nuria y Manuel en los trámites que tengan que realizar».
Protección a la familia
Por su parte, Amadeu Valenti, asesor político de la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos sostiene que el caso de Nuria y Manuel «es un referente bastante importante de lo que está pasando con más de 50.000 familias con niños tutelados. Estamos hablando de miles de menores. Hemos cogido el sistema, lo hemos utilizado para que se repita una y otra vez y alejar a los niños. No hay un organismo de supervisión totalmente imparcial que nos pueda garantizar que cada expediente obra en consecuencia y se hacen las cosas justas y equitativas para un menor. Esto conlleva que el Artículo 39 de la Constitución Española que dice que los poderes públicos aseguren la protección social, económica y jurídica de las familias no sea más que otra quimera. Velar por sus derechos y protección, ¿de qué forma? ¿Económica, jurídica, administrativa? ¿Se les dará los medios, la supervisión adecuada? Lo dudo. El sistema va mucho más allá. El sistema es un gran negocio. Apartamos a los niños, estamos en una gran vorágine de despropósitos, prejuzgamos…empezamos porque seguramente que la familia es gitana, traficará, porque hay malos tratos».
En este caso particular, relata Amadeu Valenti, «por lo poco que sé de Nuria y de Manuel, sufren una enfermedad altamente contagiosa sus críos, incluso se contagian otros familiares. Evidentemente, al colegio no los pueden llevar. Y obran en consecuencia y los tienen en casa. Empieza la maquinaria del absentismo escolar, los expedientes internos sin ninguna información y luego la retirada paulatina de estos niños. Hasta el punto de que el desarraigo es devastador para todas las familias. Una y otra vez. Y lo vuelvo a repetir. No disponemos de órganos competentes independientes que miren realmente cada expediente y puedan obrar en consecuencia. No para que sea el gran negocio del siglo y la gran injusticia más bien.
A juicio de Valenti, este es «un asunto de consenso, de los partidos políticos, de la sociedad en sí. Es un compromiso moral, ético. Como padres, como abuelos, como familiares no podemos romper el vínculo familiar, jamás entre padres e hijos, a no ser que, y en eso tienen mi máximo apoyo las administraciones públicas, que una serie de expedientes por todo el mal que le puede causar a un menor, por ser personas altamente vulnerables que dependen de nuestro cariño, de nuestro amor, nuestra ética y moralidad, corran peligro o tengan una serie de ejemplos que no sean adecuados para una sana y recta educación en los principios de su vida que es fundamental».
Revisión expediente por expediente y depuración de responsabilidades
Amadeu Valenti ha pedido que Nuria y Manuel «tengan todo el apoyo de todas las Administraciones, de todas las familias, independientemente de la étnia o raza. Esto ha de parar. Hay que depurar responsabilidades. Hay que mirar expediente por expediente. Y si han obrado en consecuencia con prevaricación que lo paguen. Son familias desestructuradas, carecen de medios, no se les dan unas viviendas alternativas, unos trabajos, una formación».
A tiempo ha criticado «el alto gasto en Cultura, en armamento, en sinrazones, en las municipales, en las autonómicas, en las nacionales, pero no tenemos una base sólida, tangible, palpable para defender nuestro mayor tesoro: las próximas generaciones, nuestros niños. Ya no se trata de payos o de gitanos. Se trata de menores, y son palabras mayores», ha concluido.
Mientras, este lunes 9, Nuria y Manuel, acompañados por las entidades que les están ayudando desde que llegaron a Madrid, acudirán al Congreso de los Diputados, a las 11:00 de la mañana, en busca de una respuesta.
No sabía que se pudieran pedir derechos sin asumir las obligaciones que conlleva esos mismos derechos.