Mientras la Consejería de Familias, Juventud y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Infancia y Familia desoyen las duras críticas de las asociaciones de familias biológicas con menores tutelados por su campaña de «acogimiento familiar» -menores que los Servicios Sociales han considerado que deben estar en centros, lejos de padres biológicos y familia extensa como abuelos, tíos o hermanos mayores, sin la intervención de un juez- la Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Comunidad de Madrid (POI Madrid) afirma que ha recibido «con sorpresa» las acusaciones realizadas por el colectivo Madres y Maestras al desmentir la fecha pública del comienzo de la campaña de promoción del acogimiento de menores tutelados, cuando afirmaba que «es falsa, ya que Silvia Valmaña, directora general de Infancia y Familia, la estaba impulsando en reuniones privadas con diferentes asociaciones, ofreciendo favores políticos a las mismas con tal de aumentar el número de familias de acogida».
Según la versión del colectivo Madres y Maestras, «la gestión de estas familias de acogida no depende solamente de la Comunidad de Madrid, sino que está externalizada, como la gran mayoría de servicios sociales a empresas de tutelas, cuyo lucro depende del número de hijos que la Consejería de Familias de Madrid arranca y tutela. Es decir, suspende la patria potestad a sus padres o abuelos, sin dejarles apenas tener contacto, forzando su separación. Tales empresas están representadas bajo el eufemismo de Plataforma de Organizaciones de Infancia de Madrid».
En palabras de Anabel Domínguez Contreras, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Madrid, en un comunicado remitido a Diario16, «la POI Madrid está compuesta por entidades de infancia, que trabajan desde muy distintos ámbitos teniendo como eje común la mejora de los derechos de la infancia. Todas ellas son entidades sin ánimo de lucro» e invita a conocerlas a través de su web.
Asimismo, señala que «tiene como misión y visión el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que su razón fundacional. Además, colabora con la Plataforma de Infancia de España para el seguimiento de dicho tratado, participando activamente en los mecanismos del Comité de Derechos del Niño fruto del cual se trasladan recomendaciones a España para mejorar el sistema de protección a la infancia».
Por otro lado, explica que «las entidades de Organizaciones de Infancia de la Comunidad de Madrid han participado en la mejora de las políticas y legislación que afectan al bienestar de la infancia. En concreto, se han realizado peticiones para la mejora de la recién aprobada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En dicho proceso se trasladaron 71 enmiendas que entre otras cuestiones buscaban priorizar las medidas familiares sobre las residenciales, destacar la prioridad de la familia de origen y la obligatoriedad de elaboración de un plan individual de protección en el que se incluirá un programa de reintegración familiar cuando esta última sea posible. Igualmente se plantearon enmiendas para ofrecer mayores garantías judiciales en los procesos de retirada de tutela, para solventar las posibles deficiencias que se hayan podido detectar en dichos procesos».
Concluye insistiendo en que «la Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Comunidad de Madrid está trabajando de manera constante en que las políticas y la legislación mejoren y se puedan solventar los problemas existentes en el sistema de protección, pero la existencia de mejoras necesarias no puede traducirse en las valoraciones vertidas sobre la totalidad del sistema de protección. Las entidades de infancia trabajan con las familias en situación de vulnerabilidad, en el fomento del acogimiento familiar y en las mejores condiciones posibles para aquellos niños y niñas en el acogimiento residencial».
