Decidan lo que decidan los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial, en este país vale el dicho de que la peor Administración de Justicia es la que no existe. Porque, en realidad eso es lo que está pasando, con 10 vocales, con 18, con pleno, o con comisión permanente.
El órgano de gobierno de los jueces y magistrados de este país no funciona desde marzo de 2021 cuando un decreto-ley limitó sus funciones. Ya no pueden nombrar miembros de las instancias superiores de justicia: audiencias provinciales y territoriales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Y eso escuece a la derecha judicial que no puede colocar a los suyos para seguir dominando la judicatura como han hecho hasta ahora. Pero de ahí al alarmismo que han generado gracias a la manipulación de las consecuencias jurídicas que puede tener un CGPJ inoperante va un abismo.
Se ha dicho, por ejemplo, que un CGPJ sin quorum imposibilitaría la celebración de las elecciones, tanto las del 28 de mayo como las generales que se celebrarán a finales de año. Nada más falso. La máxima autoridad electoral en España es la Junta Electoral Central que, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral 5/1985, está compuesta por ocho vocales magistrados del Tribunal Supremo, que son designados por el CGPJ, y cinco vocales elegidos por el Congreso de los Diputados. Todos ellos inician su mandato al inicio de una legislatura y lo concluyen al comienzo de la siguiente. Ello quiere decir que los actuales miembros de la JEC de la que dependen las juntas de rango inferior tienen mandato en vigor. Un Consejo General del Poder Judicial en funciones o inoperante, o lo que se quiera, no tiene nada que hacer. El proceso electoral está asegurado por esa parte.
Otra cosa diferente es la actitud que mantienen los letrados de la administración de justicia. Su huelga, desconvocada ayer tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Justicia, sí que ha podido provocar serios problemas en el funcionamiento del proceso electoral porque son los que deben dar fe pública de toda la documentación que se genere en el proceso. Ello quiere decir que deben validar las actas electorales y dar curso a las reclamaciones e impugnaciones que se presenten. Las resoluciones de las juntas electorales deben llevar su visto bueno. Aquí si pudo generar un serio problema.
Para solucionar estas “anomalías”, la derecha judicial, que no olvidemos es la que ha provocado esta situación, propone que a todos los “insumisos”, sean vocales del CGPJ o LEAJs, se les aplique los artículos 407 a 409 del Código Penal sobre abandono de destino, omisión del deber de perseguir delitos, o el abandono colectivo e ilegal de un servicio público.
Las penas oscilan entre 2 y 6 años de cárcel, multa de 8 a 18 meses, y suspensión de empleo o cargo público por un periodo de entre 6 meses y 2 años. Pero los juristas creen que esta eventualidad es muy difícil de aplicar en el caso de los vocales dimisionarios, si es que lo hacen, ya que estos pueden alegar que su mandato hace tiempo que caducó por lo que la legitimidad de su acción es evidente. Caso diferente sería el de los letrados de la administración de justicia, a los cuales sí se les puede aplicar el Código Penal en la materia descrita. Pero es bastante probable que este conflicto concluya antes de iniciarse el proceso electoral gracias a un posible acuerdo entre el ministerio de justicia y los huelguistas.
De producirse la eventualidad de un Consejo General del Poder Judicial sin quorum para poder decidir, la solución que, de momento, parece la más probable, es la de que sea la comisión permanente, con los vocales conservadores, la que decida sobre los trámites mas urgentes. Escasos ahora mismo porque el CGPJ en funciones se encuentra muy limitado tal y como ya se ha comentado aquí mismo. Para lo único que servirá a los vocales que queden será para seguir con la política de desgaste del gobierno de Pedro Sánchez, que vienen manteniendo hasta ahora a través de unos informes que ni siquiera son vinculantes y utilizando la caja de resonancia que suponen sus declaraciones en los medios de comunicación afines.
Todo para seguir diciendo que es el gobierno progresista el que “está interfiriendo” en el poder judicial cuando se olvidan de dos cosas. La primera, el incumplimiento por parte del Partido Popular del mandato constitucional que les obliga a acordar, en el Congreso, la renovación del CGPJ. La segunda. Con Carlos Lesmes de presidente, el Tribunal Supremo pasó a tener mayoría conservadora con polémicos nombramientos como el de Esperanza Córdoba Castroverde, que era inspectora del Consejo General del Poder Judicial y pasó a ser magistrada de la Sala Tercera, la de Lo Contencioso-Administrativo, del Supremo. Era conocida su relación de amistad con Lesmes, compartida con su hermano, Diego Córdoba Castroverde, magistrado de la misma Sala. Durante el primer año del mandato caducado, Lesmes nombró a 49 nuevos jueces y magistrados en las instancias superiores, convirtiéndolas en verdaderos bastiones conservadores donde se hace política a medida de la derecha y del poder económico.
La mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno progresista decidió acabar con este estado de cosas y prohibió, mediante un decreto de marzo de 2021, que el CGPJ siguiese efectuando nombramientos mientras estuviese en funciones. Desde entonces las funciones del órgano de gobierno de los jueces han quedado muy reducidas. De ahí que, si ahora queda inoperante por falta de quorum, ni se note. Porque la justicia en España sigue estando en un lamentable estado. Con o sin CGPJ.
