Tras la segunda reunión entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo para abordar la negociación del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2021, la patronal niega un pacto, mientras que el Gobierno de España tampoco ha presentado una propuesta concreta.

Los sindicatos UGT y CCOO denuncian que el Gobierno no puede otorgar derecho de veto a la CEOE con el mensaje: “si no acordáis subida del SMI, no se sube”.

Para CCOO y UGT es irrenunciable “que el salario mínimo interprofesional se sitúe a lo largo de esta legislatura en el 60% del salario medio”, como establece la Carta Social Europea y el compromiso alcanzado en España con los agentes sociales.

Para los sindicatos, el alza del SIM es irrenunciable y, el año 2021 no puede ser una excepción, lo demás será “un paréntesis que nos alejaría” y el objetivo para los representantes de los trabajadores y trabajadoras es “seguir avanzando en la mejora de los salarios más modestos”.

Desde el Ministerio de Trabajo y economía Social que dirige Yolanda Díaz, han intentado convencer a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, razón por la que no acudieron con una propuesta cerrada.

España no puede ser la excepción de la Unión Europea.

La mayor parte de países europeos que tienen establecido un salario mínimo van a proceder a su mejora el próximo año: Alemania, Portugal, Francia, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Bulgaria, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Polonia y Malta, están negociando y pactando subidas del salario mínimo para el año que viene.

Para UGT y CCOO, el SMI “es un instrumento fundamental para avanzar en la cohesión social, territorial y sectorial”. España tiene un gravísimo problema de desigualdad y de pobreza laboral, “que exigen el avance progresivo del salario mínimo como herramienta pre distributiva que permite avanzar en una mayor cohesión e igualdad de la sociedad”, han denunciado las centrales sindicales.

Para los sindicatos no tiene ninguna justificación “que el año que viene se incrementen las pensiones –con más intensidad las mínimas–-, el salario de los trabajadores públicos y los salarios pactados en convenio, mientras que el salario de los trabajadores que se encuentran en una situación más vulnerable al margen de la negociación colectiva, –aproximadamente dos millones de trabajadores se verían beneficiados de la subida del SMI– se quede atrás, y vuelvan a ser estos trabajadores los que carguen con la crisis socioeconómica.

La vicepresidenta económica y ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguraba esta mañana que el Gobierno no había tomado aún ninguna decisión sobre si elevará o no el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2021.

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